A partir de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 y el estado de excepción constitucional, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) debió tomar medidas para resguardar la salud de los actores que participan en el proceso. Así, desde el 20 de marzo que se suspendieron los proyectos que estaban con etapas de participación ciudadana abiertas o por venir, a lo que se sumó la decisión de prorrogar la entrega de respuestas a consultas de los organismos públicos, para que los titulares de iniciativas de inversión pudiesen levantar una buena línea de base de sus proyectos.
Esto ha implicado que, según el SEA, a la fecha hay cuatro iniciativas mineras por US$ 868 millones, que se encuentran suspendidos, lo que en el sector energético llega a 24 por cerca de US$ 10.000 millones.
Javier Naranjo, subsecretario de Medio Ambiente.
Frente a esto, el gobierno está trabajando en buscar un mecanismo que permita adaptar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a los tiempos actuales, de tal forma de reactivar las inversiones que permanecen congeladas.
“Sabemos que es una situación compleja, que no podemos paralizar el SEIA todo por siempre o por el tiempo que nos acompañe esta pandemia. De modo que hemos estado viendo algunas formas de implementar la tecnología en la medida que se eliminen las asimetrías para realizar la participación ciudadana”, dijo el subsecretario del Medio Ambiente, Javier Naranjo, en la comisión de Minería y Energía del Senado este lunes.
Agregó que “esto requiere de algunas modificaciones que estamos estudiando, pero que de los cuales todavía no me atrevo a adelantar, porque requiere de presupuesto y, además, de ver cómo podemos disminuir las asimetrías”.
El anuncio fue recogido por el director ejecutivo del SEA, Hernán Brücher, quien reconoció estar analizando algunas situaciones que se puedan dar para mejorar en estos casos la participación ciudadana. Eso sí, manteniendo el derecho de información de las comunidades y el estándar de evaluación.
Según algunas fuentes, la forma para incluir estas herramientas remotas se traduciría en modificaciones al reglamento del SEIA, para que sea aplicable al menos en estados de emergencia como el actual. A juicio de las autoridades, esta vía sería la más idónea para dar respuesta a la urgencia actual.
¿Reglamento o ley?
Sin embargo, los senadores dirigieron el debate para que las modificaciones sean vía ley. El senador Guido Girardi señaló que “de ninguna manera esto se puede hacer por reglamento, se debiera hacer por ley, a mí no me dan garantías”.
“De ninguna manera se podría hacer un reglamento que relativice y que haga subjetivo esto y, si quieren hacerlo, que lo hagan por ley. No se debe flexibilizar esto”, enfatizó.
Coincidió Alejandro Guillier, quien se comprometió a presentar una propuesta de proyecto de ley este martes. “Nos anticipamos a algo que va a venir de todas maneras, y es que existan mecanismos de tele distancia para resolver muchos problemas. Incluso, sería hasta más transparente, más democrático, si lo hacemos por ley, y definimos un mecanismo, para que en este caso, se puedan facilitar los procesos de participación ciudadana, en la evaluación del impacto ambiental de los proyectos”, afirmó.
Guillier agregó que se necesita trabajar con un sentido de urgencia, ya que no se puede estar un año discutiendo esto, dado que los proyectos de inversión involucran empleos.
Pese al buen ambiente que reinó en la cita, Naranjo aseguró que, “sin perjuicio de que vamos a trabajar con ustedes, los reglamentos pasan por toma de razón de Contraloría y se tienen que ajustar a la ley”. La autoridad agregó que sus equipos se pondrán en contacto con los de los parlamentarios. “Hay que buscar una medida que nos permita seguir adelante con el SEIA”, recalcó.
Dado el peso que ha tomado el sector ERNC en el trámite ambiental de proyectos, el senador Alejandro García Huidobro aseguró que la situación actual podría significar un “grave riesgo” por la necesidad de energía a futuro, por lo que decidió incorporar al Ministerio de Energía para que se incorpore al trabajo parlamentario.
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