Una vez que Latam Airlines supere el hito de definir quiénes serán los encargados de financiar el proceso de reestructuración que introdujo en mayo ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, pasará a preparar su plan de reorganización y comenzará a negociar -por un plazo que podría extenderse hasta por 18 meses- con cada una de las partes involucradas.
Ahí se enfrentará, de nuevo, con el Comité de Acreedores y los miembros del grupo ad hoc de bonistas, con quienes en la etapa del financiamiento DIP tensaron las relaciones. Pero, también se escucharán las voces de los proveedores, quienes juegan en estos casos un rol fundamental dentro y fuera del proceso.
Y es que, empresas encargadas de los alimentos a bordo, la seguridad y equipamiento aeronáutico, mantención, software, medios de pago, logística y labores de carga, y hasta el combustible de las aeronaves, son las que permiten asegurar la continuidad de la operación de la compañía durante todo el período de reorganización y, así, resguardar su valor.
Pero, además, dentro del proceso, tienen derecho a participar en similares condiciones al resto de los acreedores pudiendo incluso tener -bajo ciertos supuestos- un tratamiento más favorable, especialmente, si se trata de un proveedor crítico o esencial.
Hasta el momento, consta en los documentos judiciales, prestadores como Copec, Terpel, Sodexo, Oracle America y otras compañías de software y tecnología, han comparecido al proceso seguido en Nueva York, y se estima que el número aumente considerablemente en las próximas semanas.
Así lo explicaron a DF los abogados de la firma estadounidense Elliott Greenleaf, que hoy se encarga de representar a algunos de estos actores y quienes tienen en sus manos asesorarlos en un proceso complejo como el de la aerolínea de bandera chilena.
“Usualmente, el proveedor está interesado en la continuidad de la compañía más que en su liquidación, pues tiene interés en que se mantenga la relación con dicho cliente. Sin embargo, ello no implica que vaya a estar dispuesto a aceptar cualquier condición durante y después de la reestructuración, pues evidentemente tiene que considerar sus propios flujos y condiciones financieras”, comentó Isaac Stevens, profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales y asociado extranjero de la firma.
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Junto a él, está el abogado estadounidense Rafael X. Zahralddin-Aravena, socio del área de quiebras y reestructuración, quien agregó que el comportamiento del proveedor “también estará sujeto al tratamiento que el deudor le haya dado a su contrato; es decir, si ha recibido pagos durante el proceso o si es que se le ha asegurado o no la continuidad de sus servicios, entre otros aspectos”.
El peso de los proveedores
Al momento de la negociación de los términos del plan de reorganización y de la votación misma, los proveedores harán valer su peso, dado los quórums que se requieren por la ley de EEUU para dar luz verde a la reestructuración, pero también porque éste se vota dentro de las clases de acreedores.
A modo de ejemplo, varios prestadores de servicio pueden formar parte de una misma clase. El prestador A puede tener una deuda -hipotéticamente- de US$ 100 mil. Igual con los proveedores B, C y D. Mientras que el prestador E puede tener una acreencia por US$ 500 mil.
Al momento de votar el plan, será necesario contar con el 50% de la clase, y de dos tercios en cuanto al monto de la deuda. Así, la clase E por sí sola, puede definir el proyecto. (Ver gráfico). Con todo, el asunto es incluso, más complejo, pues en EEUU a diferencia de Chile, un plan de reorganización puede ser aprobado aunque una clase de acreedores lo rechace.
Los proveedores considerarán cuatro variables, según contó Stevens: 1) la exposición que tienen en el proceso -no solo por el monto que se le adeuda, sino por el eventual riesgo de que algún pago recibido pueda ser cuestionado-; 2) el destino del contrato que regula la relación con el deudor y los derechos que tiene bajo la ley que sea aplicable; 3) asegurarse que sus derechos sean adecuadamente protegidos; y 4) tomar algún rol directo o indirecto en la negociación de las condiciones en que los créditos serán reestructurados, así como en la votación.
El desafío de la firma
Además de acreedores norteamericanos y extranjeros en procesos bajo el Capítulo 11 (como el de J.C. Penney, Sears, Quicksilver o SunEdison), Elliott Greenleaf representa a estos mismos actores a nivel latinoamericano y chileno de Latam Airlines.
Su entrada al caso es visto como un gran desafío por sus abogados porque, “no sólo es uno de los grandes casos del Capítulo 11 generados por la pandemia, sino que ya ha ido mostrando interesantes aristas en torno a insolvencia transfronteriza y ciertas interrogantes sobre cómo operará un proceso así aplicado a la realidad legal chilena”.
Este último punto fue lo que terminó involucrando al bufete, considerando que es una de las firmas en EEUU que cuentan con la experiencia de un abogado de insolvencia chileno –como Stevens- y uno con raíces chilenas, como Zahralddin-Aravena.
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Las disputas en torno al financiamiento DIP -por US$ 2.45o millones-, han dado luces sobre lo difícil que será determinar cómo se aplicaran las reglas tanto chilenas como estadounidenses, en un caso que se estima como particularmente complejo. El desfile de expertos chilenos ante el tribunal de Nueva York y las maratónicas audiencias de las semanas pasadas, así lo han confirmado.
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