Subió el tono en la disputa que enfrenta a los controladores de Alsacia y Express Uno –los empresarios colombianos Carlos y Francisco Ríos- con el Estado de Chile en el arbitraje iniciado ante el Centro Internacional de Arreglo Relativas a Inversiones (Ciadi).
En octubre de 2018, los dueños de la compañía presentaron su réplica de la demanda, instancia en la que acusaron al gobierno “de mala fe”, “dolo”, “discriminación” y “difamación” hacia sus operaciones.
En la respuesta de los hermanos Ríos al memorial chileno -al que tuvo acceso Diario Financiero-, señala que el país obligó a las empresas a abandonar los contratos iniciales y suscribirse a nuevos acuerdos de concesión. Y añaden que “mediante varias promesas” según ellos incumplidas por Chile, se llegó a la destrucción completa del valor económico de sus inversiones.
A su juicio, el principal punto de conflicto se produce en el cambio de contrato que aseguraba un monto de ingreso fijo por operador, mientras que el nuevo está sujeto a remuneraciones por pasajero transportado –el que depende de la validación del pasaje-. Esto, según la defensa encargada al estudio francés Dechert, estaba respaldado por la promesa de que la demanda aumentaría. Un elemento que nunca sucedió, según los controladores. Añaden que, incluso, el Estado se negó a controlar fenómenos como la evasión y el vandalismo, dejando que las compañías sufrieran las consecuencias de una bajada constante de la demanda.
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En su nuevo documento entregado al Ciadi de 350 páginas, reiteran que Chile “abusó” de los demandantes con el fin de financiar un sistema altamente deficitario. Por esto, insisten en el pago de una compensación por US$ 339 millones, y una indemnización por otros US$ 15 millones por daños morales.
“La creatividad perversa de Chile en este arbitraje llega al extremo de pretender que los demandantes se habrían enriquecido haciendo que las compañías contraten indebidamente con empresas especializadas relacionadas, algo que nunca antes ninguna autoridad chilena se había atrevido a insinuar y que, en cualquier caso, es falso y carece de sentido económico. Todo lo anterior no hace sino exacerbar el daño moral de los demandantes”.
La dúplica del Estado
La nueva respuesta de Chile, que ya pidió desechar la demanda, llegó el pasado 28 de enero a través de un documento denominado dúplica.
“Los demandantes revelan su avaricia y su objetivo sistemático de extraer dinero del Estado, sin merecerlo y haciéndose pasar por víctimas, cuando en realidad son ellos los únicos responsables del ruinoso estado financiero al que han llevado a Alsacia y Express”, dice la defensa de Chile, encargada al estudio estadounidense Harnold & Porter.
Con los testimonios del ex ministro Andrés Gómez-Lobos y los ex directores del Directorio de Transporte Público Metropolitano, Chile contradijo a los hermanos Ríos, ya que –se afirma- nunca habría asegurado un nivel de demanda fijo.
En su documento de 546 páginas refuerzan la idea de que Alsacia y Express fueron irresponsables en su estrategia financiera antes de suscribir los nuevos contratos de concesión. Además, crítican directamente la adquisición y mantenimiento de su flota de buses, donde Chile acusa un alto ausentismo laboral, lo que contribuye al incumplimiento de sus planes de operación.
Las partes se verán pronto las caras, cuando a mediados de abril se enfrenten en la primera audiencia programada para este año. El conflicto, que comenzó en 2017 podría durar unos cuatro años, que es lo que se demoran en promedio los fallos del Ciadi en procesos de esta envergadura.
La artillería judicial de las partes en disputa
- Principales críticas de los hermanos Ríos
- "Tal es el afán de Chile por criticar, que no se percata de que algunas de sus críticas darían como resultado incluso una cifra mayor de daños".
- "Chile ha optado, siguiendo su estrategia dolosa y de mala fe, por denigrar a los demandantes fabricando el mito de 'malos operadores'".
- "Contrariamente a lo que afirma Chile, los demandantes, al momento de invertir en el Transantiago, contaban ya con amplia experiencia".
- "Chile no respaldó la lucha contra la evasión de las compañías, eludiendo sus responsabilidades e, incluso, fomentando la evasión".
- "Las contradicciones de los expertos de Chile son el reflejo de la táctica desplegada por el Estado en este caso: criticar, sin análisis riguroso".
- Respuestas de la defensa del gobierno chileno
- "Chile ha demostrado que no hay (y nunca hubo) una demanda garantizada o mínima bajo los Nuevos Contratos de Concesión".
- "Si lo que querían los demandantes era un Ebitda asegurado, no debieron haber firmado los Nuevos Contratos de Concesión".
- "La experiencia de los demás concesionarios del Transantiago demuestra que las condiciones están dadas para que todos puedan cumplir con los contratos".
- "Muchas de las excusas están basadas en supuestas obligaciones del Estado (que no existen) y en sus expectativas que no son legítimas".
- "Los demandantes han abusado del proceso, tal como lo reflejan sus reclamaciones infundadas y frívolas (...) esto refleja mala fe".
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