Un extenso inserto publicado en los principales diarios de circulación nacional fue la vía que el directorio de Codelco encontró para ratificar su autonomía y hacer prevalecer su tesis para zanjar la disputa que mantiene con la Contraloría.
De esta forma y tras la junta de accionistas extraordinaria de la cuprera realizada el miércoles, la mesa encabezada por Óscar Landerretche informa que insistirá en la vía judicial para solucionar esta situación derivada de investigaciones realizadas por el organismo público en torno a los planes de retiro, negociaciones colectivas y transacciones con partes relacionadas.
En el documento se explica que el objetivo de la estatal es “clarificar el diferendo jurídico existente con Contraloría”, así como que se precisen los roles de Cochilco, el directorio, la Superintendencia de Valores y Seguros e, incluso, la propia entidad que dirige Jorge Bermúdez.
El directorio se defiende y asegura que su gobierno corporativo es perfectamente compatible con la vigilancia que se realiza a través de Cochilco y “excepcionalmente” a través de la Contraloría de manera directa. En ese punto enfatizan y agregan que esta última entidad no está facultada para “traspasar lo límites de control de mérito, sean estos económicos, técnicos o financieros”.
No obstante, en la publicación también se especifica que a pese a las tensiones, seguirán las instrucciones del dueño de la empresa -materializadas a través de los ministros de Hacienda y Minería- y seguirán “colaborando con los esfuerzos del Ejecutivo por solucionar administrativamente el diferendo, a través de un diálogo constructivo y propositivo con CGR y los ministerios representados en la Junta de Accionistas”.
Ahí mencionan que ya se han realizado reuniones entre los equipos jurídicos de ambas partes para buscar una salida.
Apelan a la gestión
Asimismo, el directorio de la cuprífera enunció 23 medidas que se han implementado bajo las últimas administraciones para mejorar el gobierno corporativo de la minera.
En primer término hacen referencia a la Ley de gobierno corporativo de 2009, que buscó “llevar a Codelco a los más altos estándares de administración y control” y que han elevado el nivel de gestión de la compañía.
De todas formas plantean que es importante tener en cuenta que en una empresa del tamaño de Codelco, con más de 20 mil trabajadores, “ha habido y probablemente habrá errores, e incluso, quienes violen las normas”. Sin embargo, plantean que “gracias a las medidas adoptadas estos hechos han disminuido”, por lo que reclaman que sería un error basarse en hechos anteriores para “concluir que es necesario hacer retroceder el actual esquema de gobierno corporativo”.
Respecto a los planes de retiro impulsados por la empresa, se explica que estos han sido fundamentales para elevar la productividad y la eficiencia a partir del ahorro de millones de dólares en las planillas de sueldos a futuro, por lo que advierten que “no es un buen negocio para Codelco ni para el país inviabilizar este instrumento”.
En cuanto a los contratos relacionados, que también desencadenaron los reparos de la Contraloría, la empresa señaló que estos son informados hace años atrás a través de sus estados financieros.
Sobre el mecanismo, aseguraron que se han seguido los procedimientos establecidos en la ley, y que es imposible que dejen de trabajar con los principales proveedores mineros a nivel mundial, que tienen los mayores estándares globales en áreas de ingeniería, tecnología, y construcción.
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