La Cámara de Diputados de Brasil inició hoy unos trámites pendientes desde hace años dirigidos a aprobar las cuentas de gobiernos anteriores al de Dilma Rousseff, con la meta de poder auditar las de 2014, que corresponden al último año del primer mandato de la presidenta y están bajo sospecha de irregularidades.
Los resultados de las cuentas públicas deben ser aprobados anualmente por ambas cámaras, pero esa obligación no se cumplía desde la gestión de Itamar Franco (1992-1994), lo que impediría analizar las cuentas de 2014, el último año del primer gobierno de la actual mandataria, quien comenzó su segundo período el 1 de enero pasado.
Los diputados analizaron y también aprobaron sucesivamente las cuentas pendientes de Franco y las de los dos mandatos de Fernando Henrique Cardoso, quien gobernó entre 1995 y 2002, así como las de los dos períodos de Luiz Inácio Lula da Silva, que fueron de 2003 a 2010.
En todos los casos, las cuentas serán remitidas ahora al Senado para su correspondiente análisis.
En la Cámara baja restan ahora los balances de 2011, 2012 y 2013, los primeros tres años de Rousseff en el poder y también los de 2014, que el Tribunal de Cuentas analiza debido a supuestas maniobras del gobierno para maquillar sus resultados.
Según ese organismo de contraloría, durante 2014 el gobierno de Rousseff atrasó "sistemáticamente" las remesas de recursos a las entidades públicas Banco do Brasil, Caixa Económica Federal y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y destinó ese dinero al costeo de diversos programas sociales.
En opinión del Tribunal de Cuentas, que calcula esos movimientos en unos 40.000 millones de reales (alrededor de US$ 11.430 millones), esas operaciones técnicamente constituirían "préstamos" de las entidades públicas al propio Estado, lo cual está prohibido por ley.
El gobierno sostiene que esas maniobras son usadas en toda la administración pública del país y que los atrasos de remesas generan intereses que son debidamente pagados cuando se ponen las cuentas al día.
El asunto está en manos del Tribunal de Cuentas, que se propone emitir un veredicto definitivo este mismo mes.
En caso de que las cuentas sean rechazadas por el tribunal, este recomendará a la Cámara de Diputados y el Senado que reprueben las maniobras, lo cual pudiera implicar responsabilidades de carácter político.
Sectores minoritarios de la oposición que, hasta ahora sin éxito, promueven la apertura de un juicio con miras a la destitución de la presidenta Rousseff sostienen que un eventual rechazo de las cuentas por parte del tribunal pudiera dar pie a esa iniciativa.
Los pedidos de destitución se fundamentan, hasta ahora, en el agravamiento de la situación económica del país y en una supuesta responsabilidad de Rousseff en el escándalo de corrupción que se ha destapado en la petrolera estatal Petrobras.
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