Donald Trump está enfrentando una nueva ola de tensiones por la investigación de interferencia rusa en las elecciones en EEUU.
Un comité del senado se enfocó ayer en el exasesor de seguridad nacional, Michael Flynn, quien fue despedido en febrero tras informes de que no fue sincero sobre sus vínculos con los rusos durante la campaña presidencial.
Ayer, la exfiscal general, Sally Yates, testificó frente al comité de la cámara alta que había advertido a la Casa Blanca a fines de enero sobre el “comportamiento problemático” de Flynn, quién engañó al vicepresidente Mike Pence respecto al contenido de sus conversaciones con el embajador ruso, Sergei Kislyak. Los rusos también sabían de la mentira, hecho que podría darles un instrumento para el chantaje, afirmó.
A la vez, un asesor de Barack Obama afirmó ayer que el expresidente advirtió a su sucesor de que no contratara a Flynn como su consejero en materias de seguridad.
“Es cierto que el presidente Obama hizo saber que no era exactamente fanático del general Flynn durante la reunión del 10 de noviembre con Trump”, confirmó el portavoz del mandatario Sean Spicer.
Flynn, quien trabajó como director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, fue despedido por Obama en 2014.
“El general Flynn ha tenido acceso a información de mayor secreto de la administración de Obama, pero a las noticias falsas raramente les gusta hablar de eso”, escribió el actual mandatario ayer en su Twitter.
A su vez, echó la culpa por las filtraciones a Yates, a quién despidió por su rechazo a imponer la prohibición de ingreso a ciudadanos extranjeros de países de mayoría musulmana. “Pregunten a Sally Yates bajo juramento si ella sabe cómo la información clasificada llegó a los periódicos después de que ella la explicara al consejo de la Casa Blanca”.
Pequeña victoria
Mientras tanto, Trump recibió ayer apoyo en una de sus iniciativas más contradictorias. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, firmó la ley para castigar a las “ciudades santuario” que no cooperan en inmigración ilegal, a pesar del bloqueo de la orden presidencial por un juez federal. La medida castiga a las autoridades locales que no responden a la solicitud de cooperación de los agentes federales de inmigración, e incluyen despidos, multas y hasta un año de prisión.
La decisión fue ferozmente rechazada por la policía local, que argumenta que ampliará la brecha entre los efectivos y las comunidades de inmigrantes y bajará su capacidad de combatir el crimen.
Asuntos pendientes
A la vez, la administración presentó ayer sus argumentos en la corte de apelaciones de Virginia, donde busca levantar el bloqueo de la orden para prohibir la entrada de ciudadanos de seis países musulmanas a EEUU.
El gobierno se enfocó en demostrar que la orden fue introducida por temas de seguridad nacional y no por discriminación religiosa. “No es una prohibición a musulmanes”, dijo Jeffrey Wall, representante de la administración.
En tanto, Trump enfrenta ahora una batalla en el senado para aprobar su iniciativa más emblemática, revocar la ley de seguro médico conocida como Obamacare.
Ayer, su autor expresó “esperanza ferviente” de que la cámara alta mirará más allá de las preferencias partidarias debatiendo la nueva ley, que fue aprobada por la cámara baja la semana pasada.
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