El exmandatario de Brasil y favorito para la contienda presidencial de 2018, Luiz Inácio Lula da Silva, se presentó ayer ante la corte por acusaciones en el caso de corrupción en la petrolera Petrobras, conocido como Lava-Jato, que sacude a la mayor economía latinoamericana desde hace tres años y ya dejó a más de 90 políticos y empresarios detrás de las rejas.
Fue su primer testimonio directo en el caso, después de que el Tribunal de Justicia (TJ) rechazara por la mañana tres apelaciones presentadas por los abogados de Lula, entre ellas, una solicitud de aplazamiento por 90 días.
La audiencia se dio en el marco de una de las cinco investigaciones contra el exmandatario por sobornos en su Partido de los Trabajadores. Y en esta en particular se acusa a Lula de recibir un departamento en un lujoso condominio a cambio de un contrato público para la constructora OAS. Según los fiscales, OAS pagó a Lula un total de US$ 1,17 millón.
No se espera que se tome una decisión antes de julio, pero el proceso es seguido de cerca ya que, de ser condenado Lula –el favorito para la presidencia en 2018– no podrá participar en la carrera.
En un fallo separado, otra corte brasileña ordenó ayer la suspensión del funcionamiento de la fundación Instituto Lula en Sao Paulo, considerada como centro político del exgobernante, por el hecho de que “pudo haber sido el instrumento de varios delitos“.
Protestas y división
Lula llegó a la ciudad de Curitiba junto a miles de partidarios, que se tomaron las calles para expresar su apoyo al expresidente. “Incluso si comprueban que todo lo que ha hecho fue malo, igual votaría por él. Es el único en el poder que no robó de los pobres”, afirmó a Reuters uno de los jóvenes.
El caso es más polémico porque, según encuestas de Datafolha, el juez del caso, Sergio Moro, es una de las pocas figuras que podría ganarle a Lula en las elecciones.
El hecho –y que Moro ya condenó a decenas de empresarios en el marco de Lava-Jato y supervisó la investigación en contra de Lula– llevó a sus partidarios a denunciar un juicio político. “Si el juez se muestra como parte del proceso, ¿quién juzgará?”, señaló la senadora del PT Gleisi Hoffmann.
Desde el gobierno descartaron las acusaciones. El ministro de Transparencia, Fiscalización y Contraloría General, Torquato Jardim, afirmó que el interrogatorio “no tiene rasgos políticos”, mientras que el mandatario Michel Temer criticó “cierta rabia” en el “debate permanente” que existe en el país y llamó a una “pacificación”.
Caso controvertido
Lula es el político más influyente involucrado en la operación Lava-Jato, que durante sus tres años de investigación llevó a 90 empresarios y autoridades tras las rejas, mientras que varios parlamentarios activos y un tercio de los miembros del gabinete de Temer están siendo investigados. Bajo acuerdos de cooperación, varios acusados afirmaron que millones de reales fueron inyectados a campañas del PT y otras agrupaciones.
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