El gobierno de Brasil realiza desde el martes rápidas gestiones para tratar de convencer al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva de asumir un cargo en el gabinete, que le entregue fuero e impida su detención en el marco del caso de corrupción conocido como operación Lava-Jato. Sin embargo, cercanos a la mandataria Dilma Rousseff temen que la llegada de Lula debilite aún más la posición de la gobernante.
El ministro de Secretaría de Gobierno, Ricardo Berzoini, confirmó ayer los movimientos para que Lula asuma un ministerio. "¿Qué equipo no querría tener a Pelé en la cancha?", preguntó Berzoini a un grupo de periodistas.
Las gestiones se iniciaron luego de que el juez Sergio Moro, que encabeza las investigaciones por el esquema de corrupción en Petrobras, ordenara la detención de Lula para ser interrogado la semana pasada. Lula está siendo investigado por tráfico de influencias, lavado de activos y enriquecimiento ilícito por recibir sobornos de al menos cinco constructoras vinculadas al caso Lava-Jato.
Si asume un ministerio, Lula contaría con fuero político. En este caso, cualquier acción judicial contra el ex presidente dependería de la aprobación del Tribunal Supremo, el máximo órgano de justicia.
La idea de que asuma una cartera surgió el martes por iniciativa de Berzoni y del ministro de la Casa Civil, Jaques Wagner. Los personeros pidieron ese mismo día la autorización a Rousseff, durante el almuerzo en el Palacio de Alvorada, la residencia oficial de la presidenta, para invitar a Lula a asumir un cargo. Sin embargo, esa misma noche Lula rechazó la posibilidad, argumentando que significaría admitir su culpabilidad.
Pero las gestiones se aceleraron ayer durante la mañana y el almuerzo, con la participación también de senadores del oficialista Partido de los Trabajadores (PT). La idea es definir el tema cuanto antes, esta misma semana.
Cercanos a Rousseff afirmaron al diario Valor Económico que, a pesar de la resistencia de Lula, aún no está descartada la posibilidad de que el antiguo jefe de estado ceda a las presiones. Pero algunos temen que si Lula acepta, la presidenta quede en una posición aún más debilitada ante la opinión pública.
Nombrar a Lula como ministro debería ser el último recurso, ya que podría ser contraproducente, advirtió David Fleischer, profesor emérito de política de la Universidad de Brasilia, a Bloomberg. "Se vería con una admisión parcial de culpabilidad y ligaría la suerte de Dilma a la de Lula", aseguró.
Exceso de optimismo
Hasta ahora, la respuesta del mercado al involucramiento de Lula en el caso ha sido de optimismo ante la posibilidad de un cambio de gobierno. Sin embargo, ya suenan las primeras voces que advierten que el proceso podría provocar una inestabilidad aún mayor en la economía más grande de Latinoamérica, que se enfrenta a su peor recesión en más de un siglo.
La impugnación de Rousseff "provocaría mayores desafíos en el frente político, podría retrasar la acción legislativa en el Congreso y podría provocar una mayor polarización en Brasil", advirtió ayer la directora senior de Fitch, Shelly Shetty, en un evento en Nueva York.
"No vemos a la impugnación como una solución para los problemas y temas fundamentales de Brasil", ya que la incertidumbre política podría persistir, agregó.
Agenda paralizada
En estos últimos días la oposición ha aumentado la presión sobre los parlamentarios para que retomen el procedimiento de impugnación, que se encuentra detenido en el Congreso, en contra de Rousseff.
Pero además ha trabado aún más el proceso legislativo. El presidente del Senado, Renan Calheiros, canceló una sesión conjunta del Congreso programada para el martes en la tarde, en la que los parlamentarios votarían una serie de vetos presidenciales de proyectos de ley que incluyen un aumento del gasto social.
Según su contraparte en la cámara baja, Eduardo Cunha, la ausencia de la bancada opositora hizo que no hubiera quórum suficiente para realizar la sesión.
"Los inversionistas parecen estar enfocándose en la creciente posibilidad de que el gobierno actual pueda caer, y subestimando el hecho de que el país se dirige a aguas políticas crecientemente agitadas", escribió Neil Shearing, economista jefe para mercados emergentes de Capital Economics, en una nota a clientes.
Shearing explicó que el optimismo de los mercados está ignorando "que el proceso de impugnación es largo y complicado", que "el escenario político y social se ha vuelto crecientemente polarizado" y que, "incluso si Rousseff es removida del cargo, nadie sabe qué vendrá después".
El economista otorga una posibilidad de 50% de que Rousseff termine su período en 2018.
inflación cede
La tasa anual de inflación de Brasil se desaceleró en febrero desde su máximo en más de una década. La inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) se ubicó en 10,36% en doce meses a febrero, desacelerándose desde un máximo de doce años de 10,71% registrado en enero y por debajo de las estimaciones. Buena parte de la desaceleración provino de un menor incremento en los precios de los alimentos y a una caída en las tarifas eléctricas.
La inflación permanece por encima de la meta oficial de 4,5% (más menos dos puntos porcentuales), pero se espera que baje a un nivel cercano a 7,5% hacia fin de año, según un sondeo de economistas del banco central. Eso podría alentar al banco central a recortar las tasas de interés para sacar a la economía de la recesión, dijeron economistas.
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