El gobierno de Michel Temer, que impulsa un masivo plan de ajuste para lograr la recuperación económica de Brasil, ha debido hacer cada vez mayores concesiones a la oposición para tratar de salvar la iniciativa.
Ayer, el mandatario autorizó al relator de la emblemática propuesta de reforma a las pensiones a hacer modificaciones en varios puntos criticados por la oposición, siempre y cuando el tema clave de la edad mínima de jubilación se mantenga intacto. Temer busca aumentar este requisito desde 58 años en promedio a 65.
Las declaraciones llegaron un día después de que el diario O Estado de Sao Paulo publicara una sondeo que reveló que el gobierno está lejos de conseguir los votos, con solo 92 diputados a favor y 242 en contra. Temer necesita reunir el apoyo de 308 de los 513 diputados para lograr su aprobación.
El jefe de Estado no consideró el ajuste como una derrota. “Obedecer al congreso nacional –que es el centro de aspiraciones populares– no puede considerarse una rendición”, aseguró.
El relator de la propuesta en el congreso, Arthur Maia, señaló que el documento final será presentado el 18 de abril.
Menos apoyo
Mientras tanto, el gobierno parece sufriendo una dura derrota con otro proyecto, el Sistema de Recuperación Fiscal, que permite a los estados con alta deuda pública congelar sus pagos a las autoridades federales a cambio de varias medidas de austeridad.
Tras seis horas de debate el miércoles por la noche, los diputados suspendieron la votación, a pesar de que el Ejecutivo ya había moderado el proyecto evitar la oposición en el órgano legislativo.
El proyecto –que entre otras cosas exige a las autoridades de los estado endeudados comprometerse a limpiar sus cuentas, controlar los gastos y congelar los salarios– causó fuertes críticas. Particularmente polémico fue el punto que aumenta las contribuciones de los empleados públicos a las pensiones de 11% a 14% y exige privatizar empresas estatales.
El gobierno insiste en que las medidas “amargas y urgentes son esenciales” y que unirse o no al sistema es decisión de los gobernadores locales.
Revisando las cuentas
Ante este panorama, el gobierno evalúa ahora subir la meta de déficit fiscal del próximo año más allá de los 79.000 millones de reales previstos, dijeron unas fuentes del gobierno a Valor.
Eso responderá a una visión más realista y menos ambiciosa, tomando en cuenta la situación que está viviendo el país, explicaron.
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