La divulgación de conversaciones telefónicas de Luiz Inácio Lula da Silva, grabadas legalmente y una de las cuales sugiere que la presidenta Dilma Rousseff intentó impedir un posible arresto de su ahora ministro de la Presidencia, agravaron hoy la ya delicada crisis política en Brasil.
La divulgación de los explosivos audios provocó un auténtico terremoto político: el Partido Republicano anunció que abandona la alianza oficialista, la Cámara baja adelantó que retomará el trámite para un eventual juicio político contra Rousseff, la oposición exigió a gritos su renuncia y en las calles cientos de personas se manifestaron reivindicando la detención de Lula.
En una de las conversaciones, Rousseff le dice a Lula, investigado por sospechas de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos, que le envió con un mensajero un documento con su nombramiento como ministro de la Presidencia para que lo use "en caso de necesidad".
En otro audio ,el ex presidente le pide a un ministro que convenza a Rousseff de conversar con una magistrada de la Suprema Corte para que falle a favor de una petición presentada por sus abogados.
Defensa del Juez
El juez federal brasileño Sergio Moro, responsable por la investigación del escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras, y quien decidió levantar el secreto de las escuchas telefónicas del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por considerarlo de "interés público".
"El levantamiento permitirá no sólo el ejercicio de la amplia defensa de los investigados sino también un saludable escrutinio público sobre la actuación de la administración pública y de la propia Justicia criminal", argumentó el magistrado.
Según el juez, "la democracia en una sociedad libre exige que todos los gobernados sepan lo que hacen los gobernantes, incluso cuando estos buscan actuar protegidos por las sombras".
Gobierno condena divulgación
Más tarde, en un comunicado, la Presidencia aseguró que tomará "todas las medidas judiciales y administrativas" contra "la flagrante violación de la ley y de la Constitución de la República cometida por el juez autor de la filtración".
El Ejecutivo señaló que "repudia con vehemencia" la divulgación de las escuchas y agrega que ello "viola derechos y garantías de la Presidencia de la República".
Con todo, Dilma Rousseff, en una rueda de prensa convocada para defender el nombramiento, insistió en negar que su decisión busque blindarlo judicialmente a Lula y dijo que las investigaciones proseguirán, pero en otra instancia.
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