Era un proceso adormecido. Ante el avance en el Congreso brasileño del proceso de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, los trámites que realiza el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habían pasado a segundo plano. Eso hasta ayer, cuando la ministra Maria Thereza de Assis Moura ordenó el inicio de la presentación de pruebas por una acusación de financiamiento irregular de la campaña de 2014, un proceso en que los denunciados son la mandataria y su vicepresidente, Michel Temer.
Este último, quien asumiría la conducción del gobierno si Rousseff fuera suspendida o destituida por el Senado (en un proceso que continuará a partir de la próxima semana), había solicitado al TSE separar los cargos que pesan sobre él de los que apuntan a Rousseff, argumentando que las responsabilidades son de la mandataria y de la colectividad política a la que pertenece, el Partido de los Trabajadores (PT). La ministra decidió posponer una decisión sobre ello hasta el final del proceso.
Si la corte concluyera que existió financiamiento ilegal, la elección sería anulada y se llamaría a nuevos comicios presidenciales en un plazo de tres meses.
La acusación nació al alero del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), opositor a Rousseff y que aún no ha explicitado su apoyo a un gobierno de Temer. Hace casi dos semanas, medios brasileños reportaban que el partido (que sí respaldó la moción para someter a Rousseff a un juicio político) había decidido jugar sus fichas en el impeachment, restando fuerza a las acciones en el tribunal electoral.
Ello no evitó que la corte iniciara la fase de recopilación de pruebas, que podría tomar tiempo. De acuerdo con el diario Estadao, los primeros resultados estarían en el segundo semestre del año.
Analistas consultados por Diario Financiero aseguraron que el PSDB podría no persistir con los trámites ante el TSE si logran negociar un acercamiento al gabinete de Temer.
Rousseff a Nueva York
Ante la posibilidad concreta de que el proceso en el Senado mostrara avances esta semana, Rousseff había cancelado un viaje para asistir a la firma del Acuerdo de París sobre cambio climático en la sede de la ONU en Nueva York. Eso cambió, no obstante, cuando el presidente de la Cámara Alta agendó los primeros trámites para la próxima semana.
Dos colaboradores dijeron a Reuters que Rousseff usaría su visita a Estados Unidos para defenderse en entrevistas con medios internacionales del proceso de juicio político, que ha calificado como un “golpe de Estado sin armas” contra un gobierno democrático legítimo. La mandataria buscaría reforzar la idea de que las acusaciones no tienen fundamento y que se trata de un intento por destituirla y terminar con trece años de gobierno de izquierda de su Partido de los Trabajadores.
Ayer, el ministro brasileño de Minas y Energía, Eduardo Braga (del PMDB, al que también pertenece Temer), anunció que dejará su cargo para recuperar su escaño en el Senado. No obstante, agregó se someterá a un chequeo médico y podría no estar presente cuando se realice la votación sobre el impeachment.
Los hombres de Temer
Diarios brasileños destacaban ayer las dificultades que Temer enfrenta para formar su gabinete. Los nombres principales para el Ministerio de Hacienda, Arminio Fraga y Marcos Lisboa, ya declinaron su oferta.
De acuerdo con el diario Folha, el PSDB podría sumarse a la coalición si el ex ministro de Salud José Serra es nominado para Hacienda. La dirigencia del partido se reunirá la próxima semana para discutir un eventual apoyo a Temer, aunque, según la publicación, la mayor parte de los líderes están en contra de ello.
Río y otros gobiernos locales advierten ante severa crisis financiera
El suministro de servicios básicos está en riesgo en Río de Janeiro debido a la falta de insumos esenciales, como gasolina para vehículos policiales o medicamentos para hospitales, a sólo meses de que la ciudad sea sede de los Juegos Olímpicos de agosto. Así lo reportó el jefe de gabinete de la ciudad, Leonardo Espindola, quien enfatizó que la crisis pone en jaque "la imagen del país". Su estado, dijo, ha retrasado el pago a funcionarios públicos. "Estamos cerca de un colapso social en nuestro estado", señaló.
El gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, calcula la deuda que su oficina tiene con la billetera federal en 224 mil millones de reales (US$ 63 mil millones). Una situación similar viven los estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul y Alagoas.
Los gobernadores de todos ellos, junto a Espindola, recurrieron esta semana a la Corte Suprema para solicitar que a la deuda que mantienen con el gobierno federal se le aplique interés simple y no compuesto.
El cambio generaría un perjuicio de US$ 88.000 millones en ganancias perdidas, según cifras del Ministerio de Hacienda, recogidas por Bloomberg.
El tribunal deberá resolver sobre la materia el 27 de abril, según el juez Luiz Edson Fachin.
La decisión de las autoridades locales de recurrir a la justicia sigue el ejemplo del gobierno local de Santa Catarina, que este mismo mes consiguió un mandato de la Corte Suprema para que se cambie la fórmula de cálculo del interés de su deuda.
El Ministro de Hacienda Nelson Barbosa admitió que "la petición de los gobernadores refleja un problema inmediato que requiere atención, pero es la solución equivocada". Para él, la salida de la crisis es la renegociación y la extensión de la madurez de los compromisos.
"No podemos tener riesgo en estos momentos", dijo la autoridad, quien agregó que "sabemos que los estados necesitan ayuda ahora mismo y estamos aquí para unir a todos y solucionar este problema".
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