Tras meses de derrotas, el gobierno de Colombia logró anotarse una "victoria" en el frente económico. El martes por la noche el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron la última reforma tributaria impulsada por la administración de Iván Duque, que promete recaudar 15,2 billones de pesos colombianos, poco menos de US$ 4.000 millones.
También conocida como "reforma tributaria 2.0", llegó en reemplazo del proyecto original del Ejecutivo, que buscaba generar sobre US$ 6.000 millones adicionales, pero que en abril provocó masivas protestas en contra. La iniciativa pretendía aumentar el IVA y el impuesto a la renta de personas, pero el rechazo fue tal que el gobierno retiró la propuesta y el ministro de Hacienda renunció.
El monto que se proyecta obtener ahora equivale a más del 1% del PIB y se conseguirá en gran parte por el sector privado. El impuesto a la renta de las empresas subirá a 35%, desde el 31% que se tenía contemplado para 2022, lo que permitirá recaudar US$ 2.776 millones.
Otros US$ 707 millones llegarán desde la lucha contra la evasión y trabajo por la formalización, y los US$ 497 millones restantes se obtendrán del esfuerzo de austeridad.
Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital, precisa que en 2022 la recaudación por la reforma va a ser negativa en el neto en más o menos US$ 1.200 millones -0,2% del PIB- debido a la ampliación de programas sociales enfocados en los más vulnerables. Recién en 2023 la iniciativa representará un punto del Producto en recursos adicionales.
Por ahora no hay consenso sobre si esta aprobación constituye o no un triunfo para Duque.
Juana Téllez, economista jefa de BBVA para Colombia, reconoce que el rápido paso por el Legislativo "muestra la capacidad del gobierno de socializar está versión de la reforma y construir consensos" previos a la presentación en el Congreso, y agrega que se visibilizó la necesidad de mantener los apoyos a los más afectados por la pandemia.
Pero Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, afirma que esta reforma "básicamente echa para atrás" los recortes de impuestos que Duque logró aprobar en su último proyecto tributario, discutido en 2018 y 2019. "Al volver a subir impuestos a las empresas está reconociendo el fracaso de sus políticas que resultaron ser muy impopulares", asegura.
Próxima corrección
En lo que sí coinciden es en que la "reforma 2.0" no es suficiente: se requerirá un nuevo proyecto, más ambicioso.
"La actual fue una reforma tributaria insustancial, elaborada más con el propósito de poner algunos recursos adicionales en la caja en el último año de gobierno, que en resolver el gran déficit fiscal y el desajuste estructural del sistema tributario", dice Carmenza Saldías, exsecretaria de Hacienda de Bogotá.
El gobierno estima que el déficit fiscal llegue a 8,6% del PIB este año y a 7% en 2022, y la reforma recién aprobada realiza un cambio a la regla fiscal, limitando la deuda pública a 71% del PIB, pero fijando en 55% el nivel deseado.
En mayo S&P recortó la calificación crediticia de Colombia a BBB-, o sea el país perdió el grado de inversión. Semanas después Fitch realizó un movimiento similar, dejando al país con una nota de BB+.
Saldías plantea que la "reforma 2.0" probablemente no cambiará la visión de las clasificadoras respecto al panorama fiscal de corto y mediano plazo, y Reyes dice que para tranquilizar a las agencias se necesita un plan de mediano plazo.
Credicorp Capital estima que el grado de inversión se recuperará en al menos cinco años y Velandia dice que "todo dependerá de esa siguiente reforma y los esfuerzos que se hagan por parte del próximo gobierno", que asume en agosto del próximo año.
Téllez defiende que se necesita una reforma que haga más eficiente la recaudación y distribuya mejor las cargas tributarias entre los diferentes agentes económicos, y Juan Torres, gerente senior de International Tax and Transaction Services de EY Colombia, insta a recoger las recomendaciones hechas por una comisión de expertos nacionales e internacionales hace algunos meses, quienes -dice- encontraron que "el sistema tributario colombiano es disfuncional".
Velandia sugiere que la próxima reforma deberá recoger los temas pendientes de la iniciativa que fracasó en abril: la tributación de las personas naturales y el IVA. Para Reyes, se debería empezar por garantizar que las personas de más altos ingresos y patrimonios paguen que ahora, "no solo por el recaudo sino también por la economía política de esta situación".
Sobre la reforma actual, se nombrará una Comisión de Mediación que realice un consenso entre las diferencias de los textos aprobados por ambas cámaras del Congreso, para ser nuevamente votados por las dos instancias legislativas. Luego, la reforma tributaria será promulgada por el presidente Duque.
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