Los empleados públicos brasileños ganan salarios que duplican el de profesionales que ejercen funciones semejantes en empresas privadas, según un estudio divulgado este miércoles en Brasil por el Banco Mundial.
De acuerdo con el estudio, que usa datos de 2017, el salario de un funcionario en Brasil es en promedio un 96% superior al de un profesional con cargo semejante en la iniciativa pública en la misma área de actuación.
Esta diferencia entre la remuneración de un empleado público y la de un trabajador de la empresa privada en Brasil es la mayor entre 53 países analizados por el organismo multilateral y se ubica un 21% por encima del promedio internacional.
De acuerdo con el estudio, Brasil gastó en 2017 cerca de 725.000 millones de reales (unos US$ 181.250 millones) con las remuneraciones de sus 11,5 millones de funcionarios activos, un valor casi 20 veces superior al que destinó al subsidio que distribuye entre las personas de menor renta para combatir la pobreza, un beneficio que reciben 13,5 millones de familias.
"El gasto del sector público brasileño con la nómina de empleados es elevado para los estándares internacionales debido, principalmente, a las altas remuneraciones y no tanto al número de funcionarios", concluyó el Banco Mundial.
El Banco Mundial agregó que los reajustes salariales por encima de la inflación que el Estado concedió a los funcionarios, aún en períodos de recesión y caída de recaudación, fueron la principal causa para el aumento del valor de la nómina en los últimos años.
Mientras que el número de funcionarios del Ejecutivo en Brasil se elevó en un 10,5 % entre 2008 y 2018, el valor de sus remuneraciones saltó un 14,1% en el mismo período, un porcentaje por encima de la inflación.
El aumento del número de empleados y de sus remuneraciones hizo con que el valor de los gastos públicos con los funcionarios crecieran un 25,9 % entre 2008 y 2018 en términos reales.
El valor destinado a la nómina de funcionarios públicos activos es el mayor gasto para las cuentas públicas de Brasil después de las pensiones y jubilaciones, admite el propio Gobierno.
"Gran parte de la presión en las cuentas públicas procede de la nómina de funcionarios públicos y de las pensiones, que caminan juntas. Los ajustes en la nómina se extienden para los funcionarios inactivos (jubilados)", aseguró el economista Daniel Ortega, especialista sénior del Banco Mundial para el sector público.
El Banco Mundial asegura que, ante la previsión de que cerca del 26 % de los funcionarios públicos brasileños debe jubilarse hasta el 2022, se abre una posibilidad para que el Estado reduzca las remuneraciones y el peso de la nómina en los gastos públicos.
"Eso abre una ventana de oportunidades para reformas que afecten sólo a los nuevos contratados y le permite al Gobierno mejorar tanto el área fiscal como la gestión de personal", explicó Ortega.
El Banco Mundial, por lo mismo, le recomendó al Gobierno brasileño una serie de reformas, como la reducción de los salarios iniciales, el aumento del tiempo que un empleado necesita para llegar al tope de su carrera, la disminución del número de carreras en el servicio público (actualmente son 300) y la reducción de los índices de reajuste anual de los salarios.
De acuerdo con el Banco Central, si los salarios iniciales de los nuevos contratados son limitados a un máximo de 5.000 reales (unos US$ 1.250) y el tiempo para llegar al final de la carrera es aumentado, el Estado puede lograr un ahorro de 104.000 millones de reales (unos US$ 26.000 millones) hasta 2030.
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