Un duro golpe fue lo que recibió la administración del presidente colombiano, Iván Duque, ayer luego de que la Corte Constitucional fallara que la ley de financiamiento que aprobó a fines de 2018, y que incluía una reforma tributaria, no cumplió con parte de los pasos administrativos requeridos por ley y dejará de ser válida a partir del 1 de enero de 2020.
De acuerdo con el fallo, la ley no se publicó en la Gaceta del Congreso antes de ser discutida en la cámara baja, lo que impidió que los parlamentarios conocieran los cambios al proyecto en su discusión previa en el Senado, violando los principios constitucionales necesarios para leyes que crean nuevos impuestos.
El problema es que esta ley de financiamiento incluía una reforma tributaria que aumentaría los ingresos fiscales en 0,7% del PIB, lo que permitiría financiar el déficit presupuestario.
Con esta decisión, el gobierno podrá conservar los ingresos generados con la reforma hasta fines de 2019, pero deberá volver a tramitar la iniciativa y aprobarla antes de fin de año para garantizar la continuidad de ingresos hacia 2020.
Preocupación empresarial
El fallo generó inquietud en el gobierno y la comunidad empresarial. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, aseguró en un comunicado que “para efecto de los empresarios, los inversionistas, los emprendedores, de las personas que habían decidido acogerse al régimen simple y que se están formalizando en este momento, es muy importante que las normas que se habían expedido, de alguna forma puedan ser reemplazadas por unas nuevas que nos aseguren que el régimen tributario colombiano sigue estable y sigue siendo el mismo que teníamos hasta este momento”.
Para inyectar tranquilidad, el mandatario anunció que le pediría al Ministerio de Hacienda que presentara “a la mayor brevedad” un proyecto de ley que “recoja todos los beneficios, mecanismos y normas que contenía la ley aprobada por el Congreso”.
Sin embargo, más tarde, el titular de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aclaró que presentarán “exactamente la misma ley de financiamiento en el Congreso” en los próximos días. Según el funcionario, el crecimiento, la inversión en bienes de capital, la inversión extranjera directa y la creación de empresas se han acelerado gracias a la reforma.
El fallo es un nuevo golpe, además, para las finanzas públicas. Incluso antes de la decisión, el gobierno dependía de privatizaciones por 8.500 millones de pesos colombianos (US$ 2,5 millones) para sostener su presupuesto.
“Si bien las autoridades han indicado que anticipan ingresos extraordinarios el próximo año por el aumento de los precios del petróleo y otras operaciones financieras, el desafío financiero solo se intensificaría sin una nueva aprobación de la ley”, advirtió Itaú Análisis Económico en una nota a clientes.
Los analistas agregaron que “cualquier retraso en la rápida aprobación de la reforma (considerando que la administración de Duque no tiene mayoría en el Congreso) aumentaría la incertidumbre, lo que afectaría la toma de decisiones de inversión, la actividad y llamaría la atención de las agencias de calificadoras de riesgo”.
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