Cuando los bolivianos se levantaron y obligaron a su autocrático presidente, Evo Morales, a huir al exilio en noviembre del año pasado -después de que intentó robarse las elecciones-, las amargas divisiones resultantes amenazaron con sumir el país en el caos.
Las negociaciones dieron como resultado un gobierno provisional inestable, que logró apaciguar al país a pesar de los llamados de Morales a la insurrección armada y al asedio de la capital. Comenzaron los preparativos para las elecciones presidenciales bajo los auspicios de una nueva e inmaculada comisión electoral. Comenzó a parecer plausible un futuro más democrático en uno de los países menos estables de América Latina.
Amenaza latente
Ese futuro se encuentra ahora bajo amenaza; pero no del volátil Morales, quien sigue despotricando desde un puerto seguro en la vecina Argentina, sino de la conservadora mandataria interina del país, Jeanine Áñez.
La líder, una senadora poco conocida del interior, se vio inesperadamente impulsada al poder después de la salida de Morales en virtud de su posición como jefa del Senado, cuando renunciaron los funcionarios que estaban delante de ella en la línea de sucesión.
Los fundamentos constitucionales para su autoridad eran precarios y su toma de posesión fue improvisada, pero el país anhelaba un nuevo comienzo después de casi 14 años de mandato de Morales. Él había recibido elogios por sus primeras medidas para impulsar los derechos indígenas y redistribuir la riqueza, pero se volvió cada vez más represivo e intolerante.
Acogida popular
El expresidente y los partidarios de su partido socialista MAS intentaron debilitar al gobierno interino desde el principio, alegando falsamente que era producto de un golpe militar. Áñez respondió que su único objetivo era calmar el país y prepararlo para elecciones libres y justas.
Para este propósito, obtuvo el apoyo de Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los bolivianos que buscaban la oportunidad de elegir un nuevo líder en elecciones justas.
Sin embargo, en cuestión de semanas, el gobierno de transición no electo de Áñez comenzó a comportarse como una administración que disfruta de un respaldo mayoritario en las urnas.
Deshizo la política exterior izquierdista de Bolivia, rompiendo relaciones diplomáticas con Venezuela y Cuba. Ordenó el arresto de algunos de los acólitos de Morales y lanzó investigaciones sobre sus presuntos delitos. Derribó estatuas erigidas al exmandatario y renombró edificios que llevaban su nombre.
Carrera presidencial
A fines de enero, Áñez dio una noticia que cayó como una bomba. Se postularía a presidenta en las elecciones de mayo, mientras continuaba al frente del gobierno provisional.
Tras calificar las tácticas de la líder interina de "sorprendentemente similares" a las de Morales, su ministro de comunicaciones renunció.
Ella no se inmutó. Dijo que Bolivia necesitaba un candidato que pudiera unir al país en contra de Morales y el MAS. Su argumento era engañoso.
De hecho, la candidatura de Áñez debilitó, quizás de forma fatal, la campaña de la figura moderada que había encabezado la oposición a Morales, el expresidente, Carlos Mesa.
La decisión de postularse socavó la afirmación de su gobierno de que encabezaba una administración interina dedicada a la paz y la celebración de elecciones justas. Planteó serias dudas sobre la imparcialidad de su candidato a la presidencia de la comisión electoral.
Lo peor de todo es que amenaza con sumir el país nuevamente en el conflicto.
Después de su historia reciente, Bolivia merece un líder que respete a los opositores políticos y evite la retórica divisionista, y que respete el medio ambiente y los derechos de las mujeres, ambos puntos débiles bajo el mandato de Morales.
Sobre todo, el nuevo líder debe ser capaz de unir a una nación étnica y políticamente dividida en torno a un futuro democrático, inclusivo y próspero. El mayor servicio que Áñez podría hacerle a su afligido país es guiarlo de forma segura por unas elecciones libres y justas, y luego renunciar.
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