Brasil pospondrá una polémica reforma a su sector público en medio de una creciente agitación social en Latinoamérica, generando preocupaciones sobre la habilidad del presidente Jair Bolsonaro de impulsar cambios en un Congreso fraccionado.
Tras la histórica aprobación de la reforma de pensiones el mes pasado, la administración de Bolsonaro anunció un plan para modernizar el enorme sector público del país. Pero a medida que las protestas callejeras siguen surgiendo desde Chile hasta Bolivia y Colombia, el líder brasileño echó pie atrás en su propuesta, la que según analistas podría generar descontento popular.
"Siempre tenemos que estar preparados para no ser sorprendidos por los eventos", dijo Bolsonaro el sábado, mientras restaba importancia a las perspectivas de protestas en Brasil. "No son manifestaciones. Son actos de terrorismo", agregó, en referencia a Chile.
La reforma -que busca generar US$ 85 mil millones en los próximos diez años recortando sueldos, reduciendo el número de empleos en el sector público y reduciendo el número de municipalidades en el país- sería pospuesta hasta el próximo año, según las oficinas de dos parlamentarios. Una reforma tributaria clave también sería suspendida.
"El gobierno dio marcha atrás cuando se volvió claro que reducir los beneficios a los funcionarios públicos podría producir protestas en Brasil similares a las de los países vecinos", afirmó la consultora de riesgo Teneo en una nota a clientes.
La decisión llega sólo dos semanas después de que Paulo Guedes, el ministro de Hacienda, insistiera en una entrevista con Financial Times que las violentas protestas anti libre mercado que han azotado a Chile por semanas no desalentarían a la agenda de reformas más ambiciosa de Brasil en dos décadas.
Plan económico
La propuesta administrativa es uno de los pilares de un plan económico más amplio para impulsar el crecimiento a través de una combinación de desregulación, privatizaciones y rectitud fiscal.
Analistas aseguran que la suspensión refleja también el cambio en el escenario político en Brasil tras la reciente liberación de la cárcel del expresidente de izquierda y líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva.
Una sorpresiva decisión de la Corte Suprema de liberar a prisioneros con apelaciones pendientes generó protestas en contra de la corte por parte de grupos de derecha, y llevó a la liberación de Lula, que lanzó entonces una campaña en contra de la agenda de reformas del gobierno.
"Dudo que Bolsonaro duerma con la conciencia tranquila. Dudo que el ministro aniquilador de sueños, aniquilador de empleos y empresas públicas Paulo Guedes duerma con la conciencia tranquila", emplazó el exlíder en un evento de campaña en Sao Paulo.
Bolsonaro abandonó el Partido Social Liberal, de derecha, estableciendo un nuevo grupo político conocido como Alianza por Brasil. El nuevo partido del presidente espera atraer a parlamentarios de derecha de todo el poco manejable Congreso de Brasil, pero enfrenta una batalla para registrarse antes de las importantes elecciones locales del próximo año, y una animada oposición de izquierda.
Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), dijo que el nuevo partido de Bolsonaro haría que los brasileños "se mueran de hambre por el desempleo y bajos ingresos".
Israel Matos Batista, un parlamentario del Partido Verde, dijo que Brasil estaba "experimentando un momento de tensión en la política de Latinoamérica, una tensión que puede contaminar las instituciones de Brasil si el gobierno realiza una propuesta insensible de reforma administrativa".
Fracasos anteriores
Intentos de reforma previos demostraron ser polémicos; en 2012 cientos de miles de funcionarios públicos realizaron paros por el congelamiento de sueldos, paralizando al país y a la administración de la expresidenta Dilma Rousseff.
"Ciertamente hay preocupación sobre cómo reaccionarán los funcionarios públicos. Esta es una parte bien organizada de la fuerza laboral que es responsable de un número desproporcionado de huelgas en Brasil", afirmó Thomaz Favaro, de la consultora Control Risks, en Sao Paulo.
"El movimiento de protestas en Latinoamérica ha sido relativamente exitoso. Grupos con una fuerte capacidad de movilización se están sintiendo empoderados y eso incluye a grupos dentro de Brasil", agregó.
También hay preocupación de que la propuesta sea derribada en el Congreso, donde los funcionarios públicos ejercen un lobby poderoso. Casi la mitad de los legisladores son parte de un grupo parlamentario que representa los intereses de los trabajadores del sector público.
"El lobby de los empleados públicos es grande y hay miedo de fracaso en el Congreso. Están intentando negociar por adelantado de modo que la reforma llegue al Congreso de una forma aceptable", planteó Thiago Vidal, analista política de la consultora Prospectiva, en Sao Paulo.
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