Incluso antes de la pandemia, los argentinos sufrían en una economía marcada por la recesión, un alto desempleo, una inflación desenfrenada y una pobreza dramática. Ahora, el coronavirus devastó las exportaciones y los ingresos fiscales. Como en todas partes, el Covid-19 obligó a adoptar medidas de emergencia destinadas a mantener un sustento mínimo para los desempleados y evitar un colapso económico total.
Es en estas condiciones que estamos negociando con acreedores internacionales títulos de deuda pública por más de US$ 65 mil millones. Resolver la crisis de la deuda en tales circunstancias requiere sentido común, colaboración e ideas frescas en interés tanto de los acreedores internacionales como de Argentina.
El país ha sufrido una larga historia de auges, caídas y reformas económicas fallidas. La nación entró en default de deuda ocho veces, sufrió hiperinflación dos veces y atravesó múltiples de crisis de pagos, así como 20 programas económicos respaldados por el FMI en 60 años.
Esa historia proporciona el principio rector con el que hemos construido el proceso para la reestructuración de la deuda: proponer, de buena fe, un rediseño de nuestros compromisos de deuda para crear sostenibilidad económica a largo plazo para que la Argentina pueda cumplir con las promesas hechas a sus acreedores.
A los acreedores les conviene evitar los patrones destructivos del pasado de promesas imposibles y crisis repetidas. Se acabó el tiempo de las ilusiones. En el nuevo mundo del Covid-19, no podemos continuar gastando el 20% de los ingresos del gobierno o más en pagos de deuda, como algunos acreedores han efectivamente sugerido.
Es simplemente imposible. Estos son tiempos muy difíciles para los tenedores de bonos, y Argentina es un anticipo de lo que está por venir para las naciones deudoras de todo el mundo. Los tenedores de bonos tienen la opción de reconocer el desafío histórico y buscar nuevas formas de avanzar o insistir obstinadamente en el pago en términos que parecen proporcionar retornos rápidos pero solo degradan los países deudores y socavan su capacidad de pago.
Las demandas insostenibles solo pueden generar resultados insostenibles. Seamos claros: este no es un juego de hojas de cálculo. Está en juego el destino económico de 45 millones de ciudadanos argentinos. Más del 35% de nuestra población y el 52% de los niños ya están en la pobreza. Ningún gobierno democrático puede imponer aún más dificultades o se le puede pedir que ponga a los tenedores de bonos por delante de las políticas económicas diseñadas para paliarlos efectos catastróficos de la pandemia.
Nos hemos comprometido inquebrantablemente a salir de esta crisis siendo honestos tanto con nosotros mismos como con nuestros acreedores. Los escenarios de pago que hemos construido prevén un poco de aire para permitir la recuperación económica y la reconstrucción de la generación de ingresos. No está claro aún cómo la pandemia afectará las proyecciones económicas a mediano y largo plazo. Pero asumimos que el crecimiento estará en línea con el registro histórico e hicimos estimaciones realistas del crecimiento de las exportaciones.
Aunque son cifras aparentemente modestas, quizás sean ambiciosas porque suponen una tendencia de mejora económica persistente que permite al sector público mantener el superávit primario y cumplir con las obligaciones de deuda.
Nuestra oferta incluye un período de gracia de tres años, una reducción de 5,5% en el capital de los bonos y una reducción de 62% de los pagos de intereses. Deja a los acreedores con un cupón de bonos promedio de 2,3%, en comparación con su promedio actual de 7%, que no es bajo considerando el entorno actual de tasas de interés. En resumen, no estamos pidiendo a nuestros acreedores que pierdan, sino que ganen menos.
Forzar una mayor austeridad para pagar más no solo sería económicamente desastroso, sino también inaceptable política y moralmente y, en última instancia, insostenible. Sostenibilidad significa tener una deuda que pueda ser atendida y que esté bajo control: las deudas inasequibles no pueden pagarse en Argentina ni en ningún otro lugar.
Sin embargo, incluso antes del Covid-19, la devaluación, las altas tasas de interés y el bajo crecimiento hicieron que nuestra trayectoria de deuda se saliera de control. Ambas partes debemos hacer un esfuerzo de buena fe. Por nuestra parte, buscaremos impulsar el crecimiento económico y comprometernos a administrar las finanzas públicas para generar un equilibrio primario. Por su parte, los inversionistas internacionales obtendrán una tasa de interés más alta que en su país y que también es consistente con las perspectivas de crecimiento de Argentina.
Algunos acreedores buscan significativamente más. Pero tales demandas son inconsistentes con lo que incluso el FMI, que también es un acreedor importante, define como sostenible. Además, ese análisis se basó en estimaciones económicas realizadas antes de la pandemia. Debo ser explícito y claro: no podemos permitirnos pagar más.
Algunos han sugerido que paguemos menos. Pero como señal de nuestro compromiso con nuestro acuerdo, mantenemos nuestra propuesta, a pesar de que ahora requiere un esfuerzo de generación de pagos sustancialmente más fuerte. Este es el momento de un acuerdo.
Esta reestructuración de la deuda tiene lugar en tiempos dramáticos. El distanciamiento social ha complicado aún más las negociaciones. Pero el origen latino de la palabra sostenible -sustinere- tiene muchos significados, y es a lo que aspira nuestro gobierno. Soportar, soportar y sí, en última instancia, mantenerse en pie.
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