María Antonieta Alva Luperdi está asumiendo el cargo de ministra de Economía y Finanzas de Perú en un momento difícil. Ella tenía sólo 34 años cuando fue juramentada en octubre, cuatro días después de que el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso, una medida que un analista local describió como "el evento político más trascendental en Perú desde 1992", cuando el entonces presidente Alberto Fujimori ordenó la salida de tanques a las calles para cerrar el Congreso.
Alva Luperdi -la ministra de Economía y Finanzas más joven que Perú ha tenido y una de las pocas ministras de Finanzas en Latinoamérica- ha heredado una economía que ha caído a su punto más bajo en una década. El crecimiento se ha visto afectado por un sector minero desinflado; por el impacto del cambio climático; y por el prolongado impacto del escándalo de corrupción Lava Jato, el cual ha tenido un mayor efecto negativo en Perú que en cualquier otro país fuera de su país de origen, Brasil.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que "los hallazgos de la investigación de Lava Jato obstaculizaron grandes proyectos de inversión" en Perú el año pasado y "generaron preocupación en cuanto a las perspectivas de crecimiento a largo plazo".
Eso le preocupa a Alva Luperdi. "A largo plazo, sabemos que Perú necesita una tasa de crecimiento potencial de alrededor de 5% para dar el salto a ser un país desarrollado y evitar caer en la trampa del ingreso medio", le explicó a Financial Times en una entrevista en sus oficinas en Lima.
Desaceleración económica
En 2019, la economía peruana se expandió un 2,2%, una disminución en comparación con el 4% del año anterior. Alva Luperdi culpa a los "choques de oferta" -incluyendo una caída de 26% en la producción pesquera debido, en parte, al cambio climático- por el bajo crecimiento. Perú es el mayor productor mundial de harina de pescado, y la pesca es vital para su economía.
Ella dijo que los choques externos -principalmente la guerra comercial entre EEUU y China- habían reducido el crecimiento en 0,4% adicional, pero insistió en que la economía se expandiría 4% este año. El FMI ha pronosticado un crecimiento de 3,2%, mientras que numerosos economistas anticipan una tasa cercana a 3% o menos, particularmente si el brote de coronavirus empeora.
Con su economía abierta de exportación de materias primas, Perú está expuesto a cualquier desaceleración en China, el cual representa el 28% de las exportaciones peruanas y el 70% de sus ventas de cobre.
Además, el impacto del escándalo de Lava Jato -la investigación brasileña sobre lavado de dinero que se convirtió en la mayor investigación anticorrupción de Latinoamérica- ha sido enorme. Tres expresidentes peruanos están bajo investigación por vínculos con el escándalo.
Un cuarto, Alan García se suicidó el año pasado cuando los fiscales intentaron arrestarlo. Keiko Fujimori, la líder de la oposición y excandidata presidencial, está en la cárcel a la espera de un juicio por presunta corrupción.
El escándalo ha afectado la confianza empresarial en Perú, opacando el brillo de una de las economías latinoamericanas más sobresalientes del siglo XXI.
"Ha cambiado el comportamiento de los funcionarios públicos", comentó Alonso Segura Vasi, un exministro de Economía y Finanzas, y profesor de la Pontificia Universidad Católica en Lima. "Ellos se han vuelto recelosos de firmar contratos incluso con compañías que no tienen nada que ver con Lava Jato. Eso tuvo un efecto negativo sobre la economía, disminuyendo la inversión pública y privada".
En un intento por dejar atrás el Lava Jato, el gobierno de Vizcarra ha presentado una cartera de 52 proyectos de infraestructura, con un valor equivalente al 13% del Producto Interno Bruto (PIB) anual, los cuales se llevarán a cabo durante la próxima década. Éstos incluyen una nueva carretera de circunvalación para Lima y un tren entre las ciudades de Huancayo y Huancavelica, en lo alto de los Andes.
La cartera también incluye unos necesitados proyectos mineros, después de que prácticamente no hubo crecimiento de la producción en los sectores de minería y de petróleo peruanos el año pasado. Si bien Anglo American todavía está invirtiendo fuertemente en su enorme proyecto de cobre Quellaveco en el sur del país, en otras partes -en la mina propiedad del Estado chino, Toromocho, y en la de propiedad peruana, Mina Justa, por ejemplo- la inversión finalizará este año.
Thorne & Associates, una firma de asesoramiento financiero, anticipa que la inversión minera crecerá sólo 2,5% en 2020 después de haberse elevado un 22% el año pasado.
Mayor déficit
En diciembre, el gobierno de Vizcarra reconoció lo inevitable y admitió que no alcanzaría su objetivo de cerrar el déficit fiscal a 1% del PIB para 2021. Ese objetivo ha sido retrasado hasta 2024.
"No hemos cambiado la regla fiscal, hemos cambiado el calendario", dijo Alva Luperdi. "Esto ayudará a allanar el camino hacia la consolidación fiscal. Hablamos con las agencias de riesgo y con el FMI antes de tomar la decisión. Básicamente se trata de liberar dinero para la inversión en infraestructura", agregó.
El FMI -no conocido por aplaudir la laxitud fiscal- acogió con beneplácito la medida, señalando la "intención del gobierno de utilizar el margen adicional para la inversión pública".
Eso es prueba patente de los sólidos fundamentos económicos de Perú. Con un 27% del PIB, la deuda pública es la más baja entre las principales economías latinoamericanas, y el déficit fiscal se redujo a 1,6% del PIB el año pasado, su nivel más bajo desde 2014.
Pero el país tiene un extenso mercado negro -el 70% de la fuerza laboral peruana trabaja de manera informal, en comparación con un promedio de 54% en Latinoamérica, según el FMI- lo cual significa que no recauda suficientes impuestos.
"Nos enfrentamos a un verdadero reto en términos de recaudación de impuestos", dijo Alva Luperdi. "La recaudación de impuestos como porcentaje del PIB ha estado estancada durante los últimos 10 años, y nos estamos quedando rezagados en este asunto".
Pero, para Alva Luperdi, una preocupación más inmediata es obtener aprobación del presupuesto de 2020 por parte del Congreso. Vizcarra lo aprobó mediante una orden ejecutiva en noviembre pero, una vez que el Congreso resuma sus actividades, los legisladores lo revisarán, junto con otras medidas presentadas por el ministerio de Alva Luperdi.
Después de eso, Alva Luperdi dijo, "planeamos avanzar con una nueva agenda legislativa".
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