Aime Williams
Los observadores de la política comercial probablemente se frotaron los ojos con incredulidad cuando vieron a Joe Biden aparecer este lunes de pie frente a una pancarta azul que decía: "El futuro será hecho en Estados Unidos". ¿Era realmente Biden, o Donald Trump, o incluso Herbert Hoover, quien firmó la primera Ley de “Comprar Estadounidense” en 1933? Biden no ha perdido tiempo en promulgar su promesa de campaña para impulsar la fabricación nacional al exigir más compras gubernamentales de bienes producidos por empresas estadounidenses.
Según las reglas existentes, impulsadas por Trump, los contratos de adquisiciones públicas de EEUU deben enfocarse en productos de hierro y acero que se fabriquen en un 95% en el país, con un mínimo de fabricación local de 55% para otros bienes.
Los ajustes de Biden harán más difícil para las empresas obtener exenciones para fabricar en el extranjero. La nueva administración dice que cualquier exención se hará pública, de modo que las empresas estadounidenses puedan desafiarlas ofreciendo sus propios productos fabricados en EEUU. Una nueva política de la Casa Blanca también supervisará cómo se otorgan esas exenciones, y los funcionarios también vigilarán de cerca la lista de artículos exentos debido a que no están disponibles en el país.
Ruta de colisión con la OMC
Aquí es donde entra en escena la Organización Mundial del Comercio y su Ley de Contratación Pública (GPA, sigla en inglés). Para aquellos que no están familiarizados con ella, la GPA es un pacto global que cubre US$ 1,7 billón (millón de millones) en contratos de adquisiciones públicas globales. Todos los contratos de adquisiciones públicas estadounidenses por valor de más de US$ 182 mil están incluidos en ella, por lo tanto, están abiertos a los 20 signatarios de la GPA, así como a otros países con los que EEUU tiene acuerdos comerciales bilaterales. Esto, por supuesto, limita el efecto que la campaña de Biden realmente pueda tener, ya que los grandes contratos de adquisiciones públicas aún están abiertos a la competencia extranjera.
A pesar de que la GPA restringe las ambiciones del “Comprar Estadounidense” de Biden, hay algunas preocupadas relevantes, incluso entre las empresas estadounidenses. El acceso a los mercados de contratación pública extranjera es algo que las empresas estadounidenses valoran. Lo vemos cuando expresan sus objeciones cada vez que EEUU intenta abandonar la GPA. La Cámara de Comercio de Estados Unidos, por ejemplo, ha pasado mucho tiempo argumentando que las empresas estadounidenses se benefician más del acceso a los mercados de contratación pública extranjera de lo que pierden a cambio. Pero han estado peligrosamente cerca de perder ese acceso. Recientemente, en noviembre, hubo una reunión de gabinete en la Casa Blanca para discutir su salida, que finalmente se desechó.
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UE exige reciprocidad
Al otro lado del Atlántico, las empresas estadounidenses que aman la GPA podrían tener otra razón para estar nerviosas. En Bruselas, los diplomáticos ya están usando la temida palabra “reciprocidad”. En respuesta a una pregunta sobre los nuevos planes de Biden, Valdis Dombrovskis, el comisionado de Comercio de la Unión Europea, señaló el martes por la mañana que la UE está "trabajando por mercados de contratación abiertos en todo el mundo". Al bloque le gusta la reciprocidad, continuó, y está preparando nuevos poderes para restringir el acceso a los contratos de adquisiciones de la UE para empresas con sede en países que bloquean a sus rivales europeas. Esas serían malas noticias para gran parte de los negocios estadounidenses.
También hay pasajes en la orden ejecutiva de Biden que hablan sobre el potencial para "modernizar las reglas del comercio internacional". "¿Modernizar significa cambiar, mejorar, ajustar, restringir?" se pregunta Nasim Fussell, anteriormente la principal asesora comercial republicana en el comité de finanzas del Senado y ahora socia de Holland & Knight. Fussell dice que, si bien solo está leyendo entre líneas, se pregunta si el acceso actual a los contratos públicos de EEUU para los signatarios de la GPA podría estar en duda. También hay, señala, un nuevo requisito para que el jefe de cada agencia presente registros sobre a qué se destinó el dinero de empresas extranjeras que licitaron bajo la GPA u otras reglas de acuerdos comerciales.
Biden está consciente del problema de la GPA versus Comprar Estadounidense. La GPA restringió el uso por parte del propio gobierno de Obama de las disposiciones Comprar Estadounidense en su plan de estímulo económico de 2009. En aquel entonces, Biden respaldó con fuerza el programa, pero Obama decidió que EEUU simplemente tendría que cumplir su palabra cuando se trataba de acuerdos internacionales.
La GPA probablemente esté segura por ahora. Biden ha optado por una victoria fácil en la entrega anticipada de una promesa electoral clave. Pero parece que el sueño de la UE de abrir los mercados de contratación pública en todo el mundo está bajo escrutinio en Washington.
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