El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy será juzgado por corrupción y tráfico de influencias en el llamado caso de las escuchas, tras el rechazo definitivo a los recursos que había presentado. Se convierte así en el primer expresidente juzgado por corrupción en 60 años.
El Tribunal de Casación denegó este martes los recursos interpuestos tanto por Sarkozy como por su abogado Thierry Herzog y el antiguo magistrado Gilbert Azibert para evitar el juicio.
Está previsto que el proceso tenga lugar en los próximos meses, según "Le Figaro", y es el primero en el que un exjefe de Estado será juzgado por corrupción en Francia desde la instauración en 1958 de la V República.
La investigación se dio por finalizada en 2016 y los jueces de instrucción validaron que fuera sentado en el banquillo en marzo de 2018, pero esa decisión fue recurrida.
Los magistrados habían pinchado el teléfono de Sarkozy ante las sospechas de que pudo recibir financiamiento del régimen libio de Muamar El Gadafi (1969-2011) durante la campaña que en 2007 le llevó al Elíseo, algo por lo que fue imputado el 21 de marzo del año pasado.
En esas escuchas descubrieron conversaciones entre el expresidente y su abogado de las que se deducía que trataban de obtener, a través del juez Azibert, información secreta de otro sumario que investigaba si Liliane Bettencourt, heredera del imperio cosmético L'Oréal, financió ilegalmente su campaña de 2012.
Algunas de esas conversaciones fueron publicadas en la prensa y dejaban entrever que Sarkozy estaba dispuesto a ayudar al juez a obtener un puesto en Mónaco a cambio de que influyera en la decisión del Tribunal Supremo sobre el caso Bettencourt.
En marzo de 2016, la Justicia validó de forma definitiva la casi totalidad de las escuchas al expresidente sobre las que se sustenta su inculpación, lo que dejó abierta la vía para el juicio.
Sarkozy tiene pendiente además otro proceso por el presunto financiamiento irregular de su campaña presidencial de 2012.
Se trata del llamado "caso Bygmalion", una supuesta trama de falsificación de facturas para ocultar gastos electorales y burlar así los límites legales, con la que, según la acusación, gastó al menos 42,8 millones de euros frente a los 22,5 millones autorizados.
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