Los grandes patrimonios chilenos están en pleno proceso de evaluación de los posibles efectos de la nueva Ley de Delitos Económicos en sus family offices y empresas.
La creación de nuevas categorías de delitos, el endurecimiento de penas monetarias e incluso la posibilidad de ir a la cárcel forma parte de las preocupaciones de los controladores y directores de grandes empresas.
“Desde el punto de vista de los dueños de empresas y family offices, esta ley puede tener efecto tanto a nivel de las filiales, en relación con leyes sectoriales, como de holding, cuando se trate de delitos, por ejemplo, tributarios”, apuntó el socio de Recabarren & Asociados, Damián Boada.
“Obliga a reforzar todas las instancias de toma de decisiones de la empresa para no incurrir en delitos de los contemplados por la norma”, apuntó el socio de Recabarren & Asociados, Damián Boada.
Para el abogado, con la nueva legislación “será muy importante tener claridad sobre quién debe tomar decisiones relevantes dentro de la estructura (ya sea en ejercicio de un cargo o informalmente, como es el caso de algunos dueños), con el fin de que éstas siempre estén justificadas”.
Además, a juicio de Boada, la ley obliga a reforzar todas las instancias de toma de decisiones de la empresa, “con una asesoría que permita sostener que éstas están siendo tomadas de forma fundada, y con la convicción de no estar incurriendo en delitos de los contemplados por la norma”, añadió Boada.
Inversiones financieras
Sin embargo, no todos ven un efecto directo en este segmento. “Las estructuras de organización de altos patrimonios que conocemos como family offices tienden a tener mayoritariamente inversiones financieras y posiciones societarias minoritarias y rentas pasivas, por lo que es poco probable que les afecte, como conjunto, esta nueva realidad”, sostuvo el socio fundador de Barros & Errázuriz, Fernando Barros.
Añadió que la nueva legislación “no estimula salir del confort de las inversiones financieras pasivas y pasar a desarrollar empresas que crezcan, cuando la ley sanciona de manera más gravosa el mismo acto en función del tamaño de la empresa o del rango del trabajador”.
Los costos asociados
Uno de los servicios más demandados con la nueva ley es la asesoría de penalistas para la alta administración y el directorio de una empresa, además de la consultoría relativa a los delitos enfatizados por la nueva ley en materia ambiental o bancaria.
“Más generalmente, en materia tributaria, que puede afectar tanto a filiales independientemente de su giro como a empresas holding, y en donde pueden verse afectados con mayor facilidad los dueños de la empresa de forma directa”, añadió Boada.
Lo anterior, también conllevaría a un aumento en los costos a nivel de contratación de profesionales. “Desde el punto de vista de la obtención de talento (será más riesgoso ser un alto ejecutivo) y desde el punto de vista del cumplimiento y debida diligencia de las cosas que se harán”, dio cuenta el socio del multifamily office Abaqus, Gonzalo Reyes.
Incertezas
Eso sí, “el efecto final de la nueva ley terminará dependiendo de cómo se implemente y los ajustes que se le hagan en el camino”, aclaró Reyes.
En tanto, para algunos abogados, la nueva Ley de Delitos Económicos provoca inquietudes, sobre todo por su aplicación.
“La ley no contiene una definición de empresa, lo que genera incerteza respecto de su alcance”, señaló el estudio de abogados Fuensalida y Del Valle en una de sus más recientes notas a sus clientes.
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