Por Paula Gallardo
En los últimos ajustes para ser despachado al Congreso se encuentra el proyecto que materializará la primera gran reforma a la Superintendencia de Valores y Seguros, avanzando desde una autoridad unipersonal hacia un organismo colegiado denominado Comisión de Valores y Seguros.
Así lo confirmó el subsecretario de Hacienda, Rodrigo Álvarez, quien dijo que los ajustes que faltan tienen que ver con el número de integrantes de la instancia -si son dos o cuatro- y precisar sus atribuciones. No obstante, las líneas generales del texto están listas y se pueden dividir en dos ejes.
El primero, respecto de cómo seleccionar a las autoridades de la nueva comisión, el subsecretario dijo que entre las alternativas con mayor respaldo está que el presidente de la República elija al titular de la comisión por cuatro años. La selección de los dos o cuatro comisionados, será por 4 ó 6 años con reemplazo parcial escalonado ratificado por el Senado.
El segundo eje tiene que ver con aspectos operativos. Se separará la investigación de eventuales irregularidades del levantamiento de cargos que quedará en manos de un fiscal, que tendrá una mayor independiencia operacional y presupuestaria.
Esa unidad instruye la investigación y es contraparte ante el Comité que tiene la potestad privativa de castigo como órgano superior.
La idea es que la instancia pueda convertirse en un tribunal de primera instancia o único tribunal -según sea el caso- para la resolución de infracciones. Además, se creará un registro público de sanciones.
Coordinación 2.0
Álvarez también destacó que del análisis sobre el mercado financiero realizado por la comisión encabezada por el ex vicepresidente del Banco Central, Jorge Desormeaux, se impulsará la creación del Comité de Estabilidad Financiera (CEF), integrado por Hacienda, el Banco Central y las superintendencias de Pensiones, Valores y Bancos.
Dicha instancia estará abocada al manejo del riesgo sistémico con enfoque en la prevención y actuación frente a escenarios de crisis, con énfasis en la coordinación entre reguladores.
Álvarez precisió que el CEF no pretende ser un órgano resolutivo ya que no se busca alterar las atribuciones de las demás instituciones. “No será un órgano superior pero sí estará a cargo de la coordinación. Respeta la autonomía y que cada regulador decida en su ámbito, pero con un enfoque sistémico”, precisó.
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