Mucho antes que fueran públicos los proyectos de ley enviados por el gobierno al Congreso para aumentar las pensiones y mejorar la regulación de las AFP, surgieron críticas que fueron repitiéndose sobre diversos contenidos de las iniciativas, instalando una serie de “fantasmas” en la discusión.
Uso este término porque si bien todos tienen derecho a opinar y criticar, algunos juicios no tienen sustento en la realidad o disfrazan con ropajes técnicos lo que simplemente son visiones ideológicas. En pensiones hay preferencias asociadas a las creencias y opciones de cada cual, pero al igual que en otros campos no parece razonable pretender imponerlas a los demás a través de sembrar miedos.
Uno de estos fantasmas es lo ocurrido con el Informe de Productividad y distintas estimaciones sobre potenciales impactos en empleo. El texto establece con toda claridad que lo que se presenta como efectos potenciales no considera la gradualidad en el alza de la cotización de 5%, que el proyecto fija en 6 años. Y dada la incerteza que existe en estas estimaciones, se presentan en forma transparente varias alternativas, indicando además las más plausibles (que no incluían los números que fueron citados).
Interesadamente o no, algunos corrieron a tocar las alarmas advirtiendo que el proyecto del gobierno generaría la pérdida del máximo de empleos del rango analizado. Esto es falso y, tal como dice el Informe, sólo podría ocurrir en el extremo si el alza de cotización se hiciera de inmediato y ninguna otra variable se ajustara. Precisamente, la gradualidad en el desembolso de ese nuevo aporte existe para darle espacio a las empresas para adaptarse a estos nuevos costos y reducir el impacto posible en el nivel de empleo asalariado de las firmas. Escoger el costo teórico mayor y compararlo con nada es una forma interesada de abordar el debate. Cualquier alza en las cotizaciones genera impactos y esto es bueno que se reconozca y se cautele. Decir que un aumento no tiene efectos porque va todo a ahorro individual del trabajador no es una hipótesis muy firme, porque implicaría que las personas valoran la cuenta individual igual que el sueldo; y aún si así lo hicieran, significaría una caída salarial de la misma magnitud.
En el debate de las políticas públicas, que muchas veces despierta fuertes emociones, es muy importante que se mantengan niveles de serenidad que permitan el diálogo y análisis serio, especialmente entre quienes tienen distintas opiniones. La idea que impulsó la Presidenta Bachelet de que se adjunten Informes de Productividad a todos los proyectos de ley –que inicialmente es obligatoria sólo para los generados por ministerios del área económica- busca precisamente eso: que se puedan ponderar con mayor claridad los costos y beneficios, además de explorar fórmulas alternativas a la presentada por el Ejecutivo para lograr los mismos fines. Un uso liviano de los contenidos de estos Informes puede banalizarlos, lo que sería una pérdida en cuanto a los estándares que deberían tener estos reportes.
Para quien se tome el trabajo de leerlo, el Informe de Productividad de la iniciativa que crea el Nuevo Ahorro Colectivo detalla varios beneficios para la economía, entre los que se destacan el aumento en el ahorro, el PIB y el consumo. En las simulaciones del Banco Central con un horizonte de largo plazo, el ahorro total aumenta en 1,2%, el PIB en un 1% y el consumo, producto del mayor PIB, en 0,7%. Esto, por cierto, es adicional al beneficio concreto que significa para 810 mil personas jubiladas por vejez en las AFP a los 65 años ver incrementarse sus pensiones en 20% cuando la ley se implemente, beneficio que va creciendo en el tiempo y que llega a más de 50% en el largo plazo. Estimamos que el Nuevo Ahorro Colectivo beneficiará a un millón de personas cuatro años después de que la ley esté en vigencia y a 2,5 millones cuando el mecanismo se acerque a su consolidación. Para esto, claro, hay que cotizar porque quien no participa no recibe beneficios. No hay incentivo más potente al ahorro y a la formalización.
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AFP
