Después de varios intentos por esquivar y alargar el proceso, Manuel Cruzat Infante, conocido hombre de negocios, finalmente fue formalizado durante la mañana de ayer.
En una sesión que duró menos de lo esperado, el Cuarto Tribunal de Garantía de Santiago decretó que el empresario deberá cumplir con arraigo nacional y firma mensual por la supuesta quiebra fraudulenta de Curauma, su proyecto inmobiliario en la Quinta Región.
“El delito que se les imputa tiene que ver con la declaración de una quiebra de carácter fraudulenta. Esto es que, para que se declare la quiebra, tienen que haberse cometido actos que están sancionados en la ley, coetáneos con ella”, explicó el fiscal que lleva el caso, Carlos Gajardo.
Sin embargo, para Catherine Lathrop, abogada de Cruzat, las cautelares, que fueron previamente acordadas con el Ministerio Público, dan cuenta del fondo del caso.
“Son medidas cautelares de hurto y eso demuestra cual es la relevancia y la importancia de esta causa, que, además, casi uno podría decir que está prescrita”, apuntó.
Contabilidad
La Fiscalía argumentó en la instancia que la compañía nunca envió información que pueda considerarse como datos sobre su estado contable.
“Hay un informe que evaluó un perito de la Universidad de Chile que indica que, analizados los antecedentes que se acompañaron, éstos no reúnen las características para ser considerados como contabilidad fidedigna”, sostuvo Gajardo.
Lathrop respondió a ello y aseguró que “la defensa ha entregado en distintas oportunidades la contabilidad y, respecto de que hayamos sido requeridos, no hemos sido nunca requeridos por la Fiscalía”.
Además de Manuel Cruzat, también fueron formalizados los ex ejecutivos de la fallida Antonio Espinoza, Eduardo Romo y Ricardo Muñoz.
Por otra parte, el Tribunal de Garantía dio al Ministerio Público ochos meses para terminar con la investigación.
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