El hecho de que en Perú se aprobara la ley que permite a los afiliados retirar el 95,5% de sus fondos al pensionarse, o incluso sacar antes un 25% para financiar una vivienda no dejó a nadie indiferente en nuestro país. Además, generó un debate respecto del uso de esos fondos y la incertidumbre que instalaba en las futuras pensiones de los peruanos.
Por ello es que la primera reacción fue de sorpresa entre altos ejecutivos de las AFP, al ser consultados respecto del hecho de que un grupo de senadores ingresara la semana pasada, sin realizar grandes anuncios, una moción que tiene por objeto reformar los artículos necesarios de la Constitución para adoptar un modelo similar al del vecino país. Aunque en el caso local, la iniciativa va más allá, ya que busca “permitir que los afiliados o cotizantes del sistema de capitalización, puedan retirar sus fondos en eventos importantes o extremos, como la adquisición de una vivienda, los estudios de los hijos o alguna grave enfermedad, dejando un mínimo garantizado para cubrir sus necesidades personales”.
La iniciativa fue presentada por los parlamentarios Pedro Araya (independiente), Carlos Bianchi (independiente), Antonio Horvath (independiente), Lily Pérez (Amplitud) y Rabindranath Quinteros Lara (PS), y se encuentra en su primer trámite legislativo en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de la Cámara Alta.
Cabe destacar que la asociación de AFP de Perú informó recientemente que las estimaciones apuntaban a que los retiros en 2016 alcanzarían los US$ 1.200 millones, haciendo un llamado a derogar la ley debido a que 90% del ahorro que se ha sacado se ha ido a gastos de consumo.
Críticas a las AFP
En Chile, el documento, ingresado el 9 de agosto pasado, señala que desde el punto de vista financiero, luego de más de 30 años de existencia, el balance general del sistema que creó las AFP es positivo, pero “para los dueños de las administradoras. En las últimas tres décadas el sistema pasó de 1,4 a 8,8 millones de afiliados y las AFP, que comenzaron administrando activos por UF 300 millones, hoy son responsables de UF 3.240 millones o alrededor de US$ 150 mil millones (a 2011)”, consigna, agregando que es impresentable que dichas entidades se benefician en circunstancias provechosas de la economía y en momentos de baja afecten a los afiliados.
Por ello, proponen que el cotizante tenga el dominio de sus ahorros previsionales, y que ello le permita enfrentar urgencias (enfermedad grave) o mejores alternativas que, en definitiva, sean un aporte para mejorar su condición económica.
“Los sistemas de seguridad social existentes, deberán contemplar una pensión digna de jubilación, para aquellas personas que por razones de edad o salud, no puedan seguir siendo parte de la fuerza laboral”, para lo cual se propone un modelo de aporte tripartito cotizante, empleador y el Estado.
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