El banco JPMorgan Chase confirmó ayer haber llegado a un acuerdo con la Securities and Exchange Commission (SEC) para poner fin a la investigación del regulador estadounidense sobre su negocio con las hipotecas de alto riesgo -específicamente la venta de títulos de deuda colateralizada- durante la crisis financiera de 2008-2009.
De acuerdo a lo pactado, el banco pagará una multa por US$ 153,6 millones, que correrá por cuenta de su división JPMorgan Securities, con lo cual se levanta el proceso iniciado por la SEC, que acusó a la entidad de haber engañado a los inversionistas con la venta de un instrumento financiero cuyo valor estaba vinculado al desempeño de títulos de hipotecas de baja calidad.
La unidad de JPMorgan implicada realizó una revisión de las transacciones investigadas por la Comisión de Valores de Estados Unidos y acordó voluntariamente devolver a los inversionistas unos
US$ 56 millones relacionados con los títulos de deuda colaterizada.
Acuerdo similar
El acuerdo con la SEC es similar al que cerró el año pasado el banco Goldman Sachs, que pagó US$ 550 millones tras reconocer que había cometido un “error” al dar “información incompleta” a sus clientes.
Dicho monto fue récord para un banco de Wall Street y permitió que la SEC también suspendiera los cargos por los cuales acusó a Goldman Sachs de crear y promocionar un producto de deuda ligado a hipotecas de alto riesgo sin informarles a los inversionistas que un fondo seleccionó los valores y apostaba contra ellos.
El acuerdo entre la SEC y el banco se logró aún cuando este último sólo reconoció haber entregado información parcial, no haber cometido irregularidades.
Desde la presentación de los cargos el 16 de abril, hasta el arreglo con el regulador estadounidense, el valor de mercado de Goldman se había derrumbado en más de
US$ 25.000 millones.
De los US$ 550 millones de multa impuesta por la SEC, US$ 250 millones debieron ser devueltos a los inversores perjudicados, US$ 150 millones al IKB de Alemania y US$ 100 millones al Royal Bank of Scotland.
Los US$ 300 millones restantes se asignaron al Tesoro de Estados Unidos.
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