El megamillonario juicio por la expropiación de YPF -en el que hay una sentencia que condena al país a pagar US$ 16.100 millones- es solo la punta del iceberg. Existe una catarata de litigios judiciales contra Argentina en distintos tribunales internacionales. Aunque Economía no le da relevancia pública al tema, en Wall Stret y en bancos de inversión temen que los problemas judiciales puedan complicar una futura emisión de deuda soberana.
El daño potencial que enfrenta el país en perjuicios económicos alcanza los US$ 27.000 milllones. Es casi la mitad de lo que Argentina le debe al FMI (US$ 54.000 millones). Las reservas brutas del Banco Central superan los US$ 44.000 millones. El total de depósitos en dólares del sistema roza los US$ 40.000 millones.
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Argentina enfrenta problemas con empresas que se dirimen en el Ciadi, el brazo del Banco Mundial dedicado a la resolución de conflictos entre empresas y estados soberanos. Hay siete casos pendientes. El país llegó a tener más de 50 frentes abiertos, pero las demandas se fueron levantando de distintas maneras.
Argentina debe defenderse en pleitos de empresas, por incumplimientos de contratos de concesión, cambios en la política tarifaria o decretos que alteraron los contratos originales de ciertas concesiones. Un pedido de acceso del diario La Nación marcó 236 demandas en el exterior que, en conjunto, suman al menos US$ 27.000 millones en los casos con montos definidos.
Además del juicio de YPF, hay varias demandas por problemas en el cupón PBI. Se trata de un título público que se ofreció después del default de 2001/02. Una parte del pago del mismo estaba atado al crecimiento económico del país, a partir de la evolución que registraba esa variación en el Indec.
Pero el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, realizó una manipulación estadística de esos datos. De esa forma, el crecimiento que declaraba el organismo estadístico era menor al que se obtenía por otros indicadores. Eso genera varias demandas de tenedores de esos bonos en tribunales estadounidenses y también europeos.
Hay remanentes de deuda pública impaga, controversias por cambios regulatorios, estatizaciones, ruptura de contratos de servicios públicos y reclamos de inversores que acudieron a tribunales o foros arbitrales en el exterior. La herencia de la crisis de 2001 sigue siendo uno de los principales orígenes de esta maraña judicial.
Ex procuradores del Tesoro y especialistas en litigios internacionales advirtieron que estas causas pueden complicar futuras emisiones de deuda, reestructuraciones o negociaciones financieras, ya que las sentencias adversas suelen venir acompañadas de cautelares y otras medidas que traban operaciones del Estado.
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Al margen de YPF, los principales reclamos de empresas provienen de concesiones de autopistas, compañías extranjeras de generación eléctrica y hasta un proyecto inmobiliario. También quedaron remanentes de la estatización de las AFJP.
Entre los casos pendientes destacan el de la española Abertis, que tiene conflictos abiertos tanto por Grupo Concesionario del Oeste como por Autopistas del Sol. Está esperando cobrar cerca de US$ 300 millones. La estadounidense eléctrica AES Corporation posee una de las demandas más grandes, ya que supera los US$ 1.800 millones. También está pendiente un reclamo relacionado por Aerolíneas Argentinas.
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