Vísperas de un cambio
Señor Director:
Los indicios de un cambio de rumbo no faltan, más bien sobran, basta con presenciar algunos indicadores: el aumento estrepitoso del precio del dólar en desmedro del petróleo en el último año, acentuación de una inflación contraída en una economía desacelerada ya por varios meses, consumo reducido por parte de las familias y que han visto su capacidad de ahorro mermada. Sin obviar, la antesala de los perturbados cambios en la reforma tributaria, laboral, educación y una posible modificación a la constitución. Señales impacientes que buscan ratificar los augurios añejados de un cambio sin escape, que no será auspicioso frente a un popular vendaval de crisis.
Francisco Abarca Tuzzini, Ingeniero Civil Industrial
Fallo Inverlink-Corfo
Señor Director:
Respecto al reciente fallo de la Corte de Apelaciones en el caso Corfo-Inverlink, me parece relevante destacar la parte del fallo que sanciona a los involucrados por triangulación de instrumentos de plazo fijo realizando maniobras engañosas o fraudulentas que significaron eludir la prohibición o limitación de Corfo para efectuar intermediaciones de sus excedentes de caja con corredoras que no fueran propiedad de banco.
De esta restricción que existe hasta la época y que no sólo incluye a Corfo y otras reparticiones del Estado detalladas en el artículo 2 del D.L. N°1.263 de 1975, se puede entender que el Estado privilegia las instituciones relacionadas a Bancos porque representan menores niveles de riesgo para manejo de sus inversiones.
Entonces hay que preguntarse ¿El resto de los partícipes del Mercado de Capitales estamos expuestos a mayores riesgos de los que el Estado acepta para sus inversiones?
Es contradictorio que el Estado no garantice igualdad con sus contribuyentes y arbitre entre instituciones privadas que compiten en el mercado, buscando garantías por uso de mejores criterios en función de recursos que son pagados por todos vía impuestos.
O peor aún: ¿son fiables las instituciones del mercado de capitales que no están ligadas a instituciones bancarias?, ¿Por qué el Estado las prohíbe para sus inversiones?
Rodrigo Llanos Canales
Bien común, economía y política
Señor Director:
Nuestra sociedad está navegando por aguas "no calmas" con lo cual se afectan las relaciones humanas a todo nivel: "frenesí legislativo", "lenguaje agresivo", "descalificaciones reciprocas", "falta de autocrítica" y un largo etc. Sin embargo, más allá de las limitaciones humanas, el bien común ha de ser, justamente, una meta "común" por el bien del país. No obstante, a pesar de todas las buenas intenciones, las "ideologías totalitarias" de cualquier signo y clase, políticas o económicas, "campean" a diestra y siniestra, enarbolando banderas de lucha sin cuartel. Entonces, la DSI (Doctrina Social de la Iglesia) nos invita a comprender que: "Para asegurar el bien común, el gobierno de cada país tiene el deber específico de armonizar con justicia los diversos intereses sectoriales. La correcta conciliación de los bienes particulares de grupos y de individuos es una de las funciones más delicadas del poder público. En un Estado democrático, en el que las decisiones se toman ordinariamente por mayoría entre los representantes de la voluntad popular, aquellos a quienes compete la responsabilidad de gobierno están obligados a fomentar el bien común del país, no sólo según las orientaciones de la mayoría, sino en la perspectiva del bien efectivo de todos los miembros de la comunidad civil, incluidas las minorías". Y donde "Una visión puramente histórica y materialista terminaría por transformar el bien común en un simple bienestar socioeconómico, carente de finalidad trascendente, es decir, de su más profunda razón de ser" (Compendio DSI, n°169 y 170). Estamos a tiempo, entonces, para rectificar caminos y no caer en la "auto-complacencia".
P. Fco. Javier Astaburuaga O., Doctor en Derecho Pontificia Universidad Lateranense de Roma