La semana pasada se desarticuló una de las mayores redes de lavado de activos vinculadas al Tren de Aragua detectadas en Chile.
La investigación, denominada “Operación Tokio”, derivó en la formalización de 17 imputados -14 de los cuales quedaron en prisión preventiva- y apunta a una estructura que habría movilizado hacia el exterior más de $ 78 mil millones mediante un esquema financiero que combinaba empresas de fachada y plataformas formales de criptomonedas para blanquear recursos y sacarlos del país.
A medida que avanzan las diligencias, el foco también se trasladó al sistema financiero. Hasta ahora, la Fiscalía ha imputado a dos personas ligadas a instituciones bancarias como piezas relevantes dentro del esquema:José Carlos Pérez, exfuncionario de Banco Santander, y Rossana Blanco, quien prestaba servicios para BancoEstado. Ambos son de nacionalidad venezolana.
Respecto de Pérez, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, señaló este domingo que “él, estando en la banca, lo retienen y él abre ocho productos bancarios, por lo tanto, también es un sujeto que maneja las inversiones y trata de hacer perder la trazabilidad de los dineros”.
En ese contexto, según pudo corroborar DF, Banco Santander presentó este lunes una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito de asociación ilícita en contra de Carlos Pérez y de quienes resulten responsables en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía. La acción penal permanece bajo reserva.
“Por la posición que tenía en la institución, esta persona no tenía acceso a los sistemas que permiten realizar apertura de cuentas corrientes o transferir dinero al extranjero”, afirmó la entidad en un comunicado interno.
A ello, agregó: “Debido al carácter reservado de la investigación no es posible entregar mayores antecedentes, el banco ha actuado en todo momento con la debida diligencia, adoptando las medidas correspondientes conforme a lo establecido por la ley”.
La investigación reveló que el ejecutivo de Santander abrió cuentas en ocho bancos diferentes, mientras que la colaboradora de BancoEstado, en seis entidades.
El turno de BancoEstado
La investigación también puso a BancoEstado en el centro de la atención. Este martes, funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron hasta la sucursal ubicada en Huérfanos con Morandé para retirar evidencia que involucra a Rossana Blanco, formalizada el domingo.
Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, el rol de la colaboradora consistía en “cobrar las vacunas”, es decir, recaudar los pagos extorsivos exigidos por el Tren de Aragua a comerciantes y empresarios nocturnos.
Asimismo, habría participado en la apertura de cuentas corrientes en seis instituciones bancarias del país.
También, habría operado sociedades de fachada utilizadas para canalizar parte de los recursos que la organización criminal habría sacado de Chile.
Frente a estos antecedentes, BancoEstado informó que “la persona formalizada cumplía funciones como parte de los servicios contratados a un proveedor externo para desempeñar labores de apoyo, entre enero de 2023 y junio de 2026”.
Asimismo, sostuvo que, una vez que tomó conocimiento de la situación, “bloqueó todas sus credenciales y accesos al sistema, impidiendo cualquier operación adicional desde su perfil”.
Según se pudo corroborar, este episodio se remonta al 5 de junio, cuando el Ministerio Público solicitó el congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a movimientos bajo investigación. En ese proceso surgió el nombre de la trabajadora.
Tras tomar conocimiento de los antecedentes, BancoEstado puso término a sus funciones y bloqueó sus accesos. Sin embargo, la situación se hizo pública post audiencia de formalización del domingo, dando paso posteriormente a la diligencia realizada por la PDI en la sucursal de Santiago centro.
En ese contexto, BancoEstado aclaró este martes, mediante un comunicado, que “la diligencia correspondió a una incautación de equipos y no a un allanamiento”.
La entidad añadió que mantiene su “disposición permanente a colaborar con las autoridades competentes y continuará aportando todos los antecedentes que sean requeridos en el marco de la investigación”.
Las alertas a la UAF
Otro de los organismos financieros que ha concentrado la atención en el marco de la Operación Tokio es la Unidad de Análisis Financiero (UAF), servicio que se relaciona con el gobierno a través del Ministerio de Hacienda.
La atención sobre la entidad responde a las dudas que surgieron respecto de si los bancos habían reportado oportunamente operaciones inusuales y emitido Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por movimientos que eventualmente podrían estar vinculados a las actividades investigadas.
Y este martes, en conversación con Radio Duna, el fiscal Barros aseguró que una serie de bancos habían alertado hace años sobre movimientos sospechosos relacionados con algunos de los imputados que hoy forman parte de la investigación.
Concretamente, sostuvo: “Los bancos reportaron. De hecho, el mismo ejecutivo del Banco Santander fue reportado por Bci en su momento”.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Banca
{{/if}}
