El Ejecutivo sinceró que no logrará cumplir una de sus principales promesas de campaña, relativa a la situación fiscal que busca heredarle al próximo gobierno que asuma en el 2030.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dio a conocer en la mañana de este martes el esperado decreto de política fiscal, que explicita el compromiso de la trayectoria de reducción del déficit estructural durante todo el período de administración.
Se trata de un documento clave, que los bancos de inversión, clasificadoras de riesgo y el Congreso lo miran con lupa, ya que está normado por la Ley de Responsabilidad Fiscal e incorpora el primer compromiso de la nueva administración con el continuo saneamiento de las arcas del Estado, en un contexto de aumento de presiones de gasto, una deuda que se empina cerca del límite prudente de 45% del PIB y con déficits estructurales en 16 de los últimos 18 ejercicios presupuestarios.
En el documento, dado a conocer en conferencia de prensa en Teatinos 120, el Ejecutivo oficializó que desechará el compromiso de campaña de llegar a un balance estructural en 2030. En su lugar, se compromete a un saldo negativo de 1,5% del PIB a esa fecha.
Según explicó el secretario de Estado, el déficit estructural parte con un resultado negativo de 2,6% del PIB este año versus el 3,1% del año pasado, para luego transitar a un 1,8% del PIB el próximo año, ajustarse a 1,7% en 2028, 1,6% del Producto en 2029 y 1,5% del tamaño de la economía hacia el 2030.
"El mayor esfuerzo de reducción se concentra al inicio del período -de 2,6% a 1,8% del PIB entre 2026 y 2027- y luego la convergencia continúa de forma ordenada y sostenida hasta 1,5% del PIB en 2030. Es una senda de consolidación gradual y un compromiso de mejora año a año que estabiliza la deuda pública y fortalece la posición financiera del Estado, dando una señal de orden y credibilidad fiscal", dijo el secretario de Estado.
¿Las razones para renunciar al compromiso de equilibrio fiscal? La autoridad explicó que se debe principalmente a un deterioro mayor a lo esperado de la situación presupuestaria del Estado, a lo que se suman presiones de gasto por compromisos no considerados en el Presupuesto de este año y deuda no pagada a proveedores. Dichos compromisos llevaron a Hacienda a solicitar al Congreso un aumento en el tope de endeudamiento autorizado por el Congreso para este año, por US$ 6.200 millones, que se suman a los hasta US$ 17.400 millones que fueron visados por el Legislativo en el trámite del erario.
¿Cómo se llega al número?
Ahora, al realizar los cálculos de la trayectoria fiscal, Hacienda consideró una serie de antecedentes.
Por ejemplo, Quiroz informó que se aplicó un cambio metodológico sugerido por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) para evitar un castigo que reduce los ingresos estructurales del Estado cuando el precio del cobre aumenta por sobre lo proyectado por un comité de expertos, que es lo que ocurrió en 2025 cuando el metal alcanzó precios históricos. Esto permite que el déficit estructural de partida de este año ya no sea un 3,7% del PIB, como el publicado en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del pasado 25 de mayo, sino que un 2,6% del Productoi.
Asimismo, en los cálculos se agregó el efecto del proyecto de reconstrucción y reactivación nacional, cuyas fuertes bajas de impuestos generan un efecto neto negativo para las arcas fiscales en los primeros años de administración, para llegar a un saldo favorable recién en 2035. Quiroz puso el acento en la conferencia de prensa en que el proyecto también incentiva un mayor crecimiento económico que logrará engrosar la cuenta de ingresos del Fisco a partir del próximo año.
También, dentro del cálculo se incorpora la mayor recaudación que han generado medidas de cobro a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), por US$ 400 millones; el programa que prepara Hacienda para recuperar las deudas de beneficiarios de Becas Chile en el extranjero que no volvieron al país, quienes adeudan al Fisco cerca de US$ 100 millones; un plan para aumentar la eficiencia de la gestión de los activos del Estado, como terrenos fiscales; y un mayor control sobre la eficiencia, rentabilidad y entrega de utilidades de parte de las empresas del Estado.
De hecho, Quiroz mencionó en la actividad que los cálculos se basan en un plan con cuatro pilares.
El primero se basa en la recuperación del crecimiento económico. "Sin crecimiento no hay sostenibilidad fiscal. Una economía que invierte, crea empleo y aumenta su capacidad productiva es la base que sostiene las finanzas públicas en el tiempo", dijo Quiroz.
Un segundo pilar es la racionalización y el ordenamiento del gasto público, donde la premisa es que "cada peso que gasta el Estado debe estar justificado y llegar a su destinatario. Incluye el combate al fraude social, la corrección de ineficiencias y una mejor focalización del gasto".
La modernización de la gestión de la participación patrimonial del Estado en las empresas públicas es el tercer pilar: "El Estado administra activos relevantes que pertenecen a todos los chilenos. El objetivo es fortalecer su gestión, aumentar la transparencia y mejorar su contribución al desarrollo del país y a la creación de valor para los ciudadanos", dijo el secretario de Estado.
Mientras que el último pilar es la gestión integral de activos y pasivos del Fisco, donde la idea es que "no basta con administrar ingresos y gastos de cada año: se gestiona activamente el balance del Estado para optimizar sus activos, fortalecer su posición financiera y reducir costos de financiamiento", detalló la autoridad.
Se mantiene tope de deuda
En su exposición, Quiroz señaló también de que el gobierno mantendrá el ancla de la deuda bruta del Gobierno Central que heredó de la administración anterior, hoy situado en 45% del PIB.
Sin embargo, en su explicación el ministro de Hacienda señaló que dicha ancla es un compromiso para el período de administración, pero que por situaciones fortuitas, como ajustes fuertes del peso frente al dólar, podrían llevar a que el límite prudente se alcance o se supere en algunos años.
De hecho, cabe recordar que en el IFP del primer trimestre, Hacienda sinceró que debido a lo que considera como una "inconsistencia técnica" -por la diferencia entre el deterioro del déficit fiscal y las necesidades de financiamiento a futuro- que aumentaría el cálculo de la deuda bruta para el lapso 2026 a 2030 en US$ 10.600 millones, el límite prudente se superaría tan pronto como el año 2028.
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Sebastian Valdenegro
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