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Alto contrasteInforme de Finanzas Públicas: consolidando las expectativas del ajuste fiscal
ANDRÉS PÉREZ M. Economista jefe para América Latina en Banco Itaú
Chile cuenta con condiciones favorables y competitivas de financiamiento en los mercados de capitales, coherentes con el grado de inversión que ostenta. De hecho, nuestro spread soberano sobre el Tesoro de EEUU a 10 años ha caído recientemente por debajo de los 60 puntos base, el nivel más bajo desde fines de 2019. Ello probablemente descansa, entre otras cosas, sobre la expectativa de una pronta, rápida, y creíble consolidación fiscal.
Por ello, el primer Informe de Finanzas Públicas del gobierno actual, que pronto se dará a conocer, es tan relevante. El reporte incorporará una oportuna actualización de las proyecciones macro-fiscales del país, ante la debilidad persistente de los ingresos públicos, anuncios de recortes de gasto, y la expectativa de importantes deudas de arrastre, entre otros.
“El IFP probablemente mostrará una pronta estabilización de la deuda, la cual históricamente ha descansado sobre proyecciones acotadas de crecimiento del gasto, bastante por debajo del crecimiento de la economía”.
Existen al menos dos preguntas relevantes a considerar desde el punto de vista del mercado:
Primero, dada la expectativa de una pronta consolidación, ¿podemos esperar una revisión a la baja en el plan de financiamiento vía deuda por US$ 17,4 mil millones este año?
Difícil, dado que el grueso de los ingresos fiscales mantiene una dinámica débil. De hecho, al anualizar los ingresos por Tributación Resto Contribuyentes (~75% de los ingresos del Gobierno Central) en el año a marzo estimamos una brecha negativa algo mayor a US$ $2 mil millones con respecto al IFP del cuarto trimestre de 2025. Este monto es similar a los recortes de gasto ya realizados por la autoridad. Y, los niveles de activos líquidos en el Tesoro Público se mantienen muy bajos desde una perspectiva histórica, entonces, lo prudente sería recomponer dichos niveles, aunque sea vía emisión de deuda. Así, el plan de financiamiento fiscal este año por US$ 17,4 mil millones probablemente se completará; conclusión que parece validarse considerando que se han emitido ~US$ 7,8 mil millones a la fecha, avanzando en un ritmo mayor que el de años previos.
Segundo, ¿qué tan desafiante es la elusiva estabilización de la deuda pública?
El IFP probablemente mostrará una pronta estabilización de la deuda, la cual históricamente ha descansado sobre proyecciones acotadas de crecimiento del gasto, bastante por debajo del crecimiento de la economía. Asegurar dicha combinación no es trivial, pero recientes anuncios de política económica apuntan en la dirección correcta.
Este IFP será una primera mirada al plan fiscal de mediano plazo de la administración, que debiese de plasmarse en el decreto que establece las bases de política fiscal, a darse a conocer a mediados de junio. Establecer metas desafiantes y creíbles es fundamental para recomponer la credibilidad de nuestra institucionalidad fiscal, tras varios años de incumplimiento reiterado.
Hoy la discusión sobre las finanzas públicas en el país se concentra en la tramitación legislativa del proyecto de reconstrucción nacional, y sus implicancias, en un momento de debilidad de la actividad económica. El renovado foco en el crecimiento económico contribuirá, a su vez, a que la economía vaya de menos a más, al tiempo que se vayan despejando los nubarrones en el escenario externo. La cautela y experiencia acumulada sugieren que ajustes que reduzcan la recaudación fiscal deberían ser compensadas por recortes de gasto realizados (ex post), evitando agregar una nueva presión sobre las finanzas públicas.
Asegurar menores necesidades de financiamiento soberano evitarán un empinamiento mayor de la curva de rendimientos, apoyando la recuperación de sectores sensibles a financiamiento de largo plazo como construcción, entre otros. Y, en el tiempo, reducirá la carga financiera de las futuras generaciones, fortalecerá nuestra capacidad para enfrentar shocks, y abre espacio para enfrentar los gastos asociados al rápido envejecimiento de la población.
