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Alto contrasteEl verdadero litio chileno: instituciones, más que salares
GABRIELA CLIVIO Economista
Gabriela Clivio
Chile vuelve a estar en el centro del mapa del litio, esta vez por las dudas sobre la gobernanza tras el acuerdo Codelco-SQM. Se discute ahora si el convenio es bueno o malo para el Fisco, si captura la renta adecuada y si protege o no el interés público.
El episodio revela un problema muy profundo, que apunta a que no tenemos claridad sobre qué rol queremos que cumpla el Estado en el tema litio. ¿Buscamos que sea un socio estratégico de largo plazo, un árbitro imparcial que fija reglas y las hace cumplir, o un recaudador de corto plazo que maximiza ingresos? Mientras esta discusión de fondo siga ausente, cada contrato se transformará, tarde o temprano, en una batalla política, y cada batalla política erosionará un poco más la credibilidad de nuestras instituciones.
El debate público se ha centrado en quién debe operar y qué porcentaje de la renta se queda el Fisco, mientras que la pregunta correcta debiera ser: ¿quién opera, bajo qué condiciones y con qué estándares de transparencia? El problema no es si el Estado participa más o menos, sino cómo lo hace. Un Estado que negocia caso a caso, entre pocos actores y con escasa información disponible, está lejos de ser más estratégico; sino que es simplemente más discrecional. Un marco general de política con reglas conocidas ex ante lleva a discutir instituciones. Un modelo de negociación donde cada proyecto constituye una excepción, y cada acuerdo se revisa a posteriori en el Congreso, intentando reconstruir lo que se decidió a puertas cerradas, discute personas y nombres propios.
“No tenemos claridad sobre qué rol queremos que cumpla el Estado en el litio. ¿Un socio estratégico, un árbitro imparcial, un recaudador?
Para el inversionista global que Chile busca atraer, lo relevante no es solo la riqueza del salar, sino la previsibilidad del marco regulatorio. Cuando la percepción es que las condiciones pueden cambiar según la coyuntura política, el costo de financiamiento o la tasa de descuento de un proyecto sube; el país termina pagando más por cada dólar de inversión que atrae, o dejamos proyectos sobre la mesa. Un diseño institucional débil, no permite que Chile transforme esa renta en desarrollo.
Un estándar razonable para hablar de un “modelo chileno” de litio requiere al menos tres elementos. Primero, reglas generales y estables que definan el rol del Estado, con mecanismos de asignación y de reparto de riesgos y beneficios. Segundo, procesos abiertos y comparables, con información relevante pública y bases que permitan evaluar, ex ante, si el diseño maximiza el valor para el país. Tercero, una gobernanza robusta de las empresas públicas involucradas, con directorios profesionales, y con autonomía frente a ciclos políticos, metas de desempeño y transparencia en sus decisiones de inversión. Nada de esto implica renunciar a que el litio sirva a objetivos de desarrollo de largo plazo. Por el contrario, la única forma realista de que esta riqueza contribuya a financiar una mejor educación, salud o pensiones es que el país se tome en serio la institucionalidad. Sin esta capa de reglas y controles, la Política Nacional del Litio corre el riesgo de convertirse en una sucesión de casos controvertidos, más que en una estrategia consistente.
