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Alto contrasteLas esquirlas de la masiva y prolongada paralización de proyectos mineros
Enrique Oyarzún Socio Moraga y Cía Abogados
Enrique Oyarzún
Actualmente, es razonable creer que cualquier proyecto minero que todavía no comienza su operación, ha generado a su titular diversas dudas: ¿Podrá comenzar la ejecución del proyecto en el momento que tiene planeado?, ¿Debiera considerar descartarlo, pues no tiene una manera objetiva de garantizar que alguna vez concluya el proceso de obtener todos los permisos sectoriales necesarios?
Hablamos de titulares mineros curtidos por el proceso de evaluación ambiental en Chile, en el que muy probablemente se enfrentaron a diferencias entre lo que la ley les pedía informar, y los antecedentes que en definitiva tuvieron que entregar. Titulares que han entendido que, hasta el cierre del proyecto, podrían ver amenazado su proyecto por intereses indígenas concebidos con fines diversos de los deseados por la ley y cuya existencia nadie pedirá demostrar, o inversionistas que viven pensando en cómo cumplir con detalles de su RCA que no tienen relevancia ambiental, pero que podrían pasar a tenerlo bajo la regla del terror de "cumplir al pie de la letra", impuesta por la autoridad fiscalizadora. En esta situación se encuentra gran parte de los más de US$ 100 mil millones que no se han invertido en minería en Chile, pero aún más grave es la situación desde el otro lado de la moneda: los titulares de energía.
Estos últimos se topan con un gran problema: la búsqueda de financiamiento para iniciar la construcción de sus plantas, pues saben que si no hay fondos propios, deberán probar a la banca chilena no sólo que podrán operar normalmente y sin inconvenientes, sino que podrán vender toda o gran parte de la energía generada a alguien específico que la requiere. Pero entendiendo el presente escenario, ¿quién la requeriría?
Sin proyectos mineros o fabriles que generen nuevos e importantes requerimientos de energía, no se construirán las nuevas generadoras y si esto ocurre, la amenaza de la caducidad se volverá directamente un peligro para muchos proyectos, pero también para el país, que requerirá invariablemente esa energía en el corto plazo. En este sentido, resulta impensable volver a evaluar ambientalmente los mismos proyectos, pero no resulta lógico tampoco modificar la ley ni dejar de aplicarla.
Soluciones a este círculo hay muchas, pero pareciera ser más razonable, práctico e inmediato, partir por los problemas descritos al principio para los US$ 100 mil millones paralizados y apoyar los nuevos proyectos de energía, que analizar si debemos o no modificar una ley.
