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Alto contrasteSeguro de Invalidez y Sobrevivencia: otro caso para investigar, sancionar y corregir
ALEJANDRO ALZÉRRECA Presidente Asociación Aseguradoras de Chile
El escándalo de los más de 25 mil funcionarios públicos que habrían viajado al extranjero mientras estaban con licencia médica es la constatación de un fraude deliberado: personas que abusaron de un beneficio legítimo perjudicando a quienes de verdad lo necesitan.
También refleja lo que ocurre cuando políticas públicas se diseñan sin evidencia, sin cuidar los incentivos y sin preguntarse quién termina pagando la cuenta.
“En 2023, el número de invalideces superó las 18.000, 80% sobre lo observado anualmente hasta 2017. Esta tendencia no se explica solo por razones médicas o demográficas, sino que coincide con períodos de alto desempleo. Todo indica que, en muchos casos, el SIS es usado como una salida anticipada del mercado laboral”.
Muchos análisis y estudios se han hecho que concluyen que el sistema de licencia médica tiene problemas de gestión, de fiscalización y de diseño. Un subsidio que reemplaza el 100% de la renta del afectado sin límite es un incentivo al fraude. Lo ocurrido no es un caso aislado, sino parte de una falla más profunda.
Otro ejemplo es el del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), un instrumento creado para proteger a los trabajadores en casos de invalidez o fallecimiento, que hoy muestra desviaciones preocupantes.
Las cifras refelejan que los siniestros de invalidez promedio de los últimos cinco años, aumentaron 47% si comparamos el quinquenio 2009- 2014 con 2019- 2024, pasando de 9.767 promedio anual a 14.206.
En 2023, el número de invalideces superaron los 18.000, una cifra 80% superior a lo que observábamos anualmente hasta 2017, donde estaban en torno a 10.000 anuales.
Esta tendencia no se explica solo por razones médicas -si fuese el caso, tendríamos una crisis sanitaria o de accidentabilidad- o demográficas, sino que coincide con períodos de alto desempleo. Todo indica que, en muchos casos, el SIS se estaría utilizando como una salida anticipada del mercado laboral.
Tal como ocurre con las licencias médicas, aquí también hay personas que se benefician indebidamente de un mecanismo, desplazando recursos que deberían estar disponibles para quienes realmente lo necesitan. ¿Y quién paga por ese desvío? Los que cumplen mes a mes con el pago de sus cotizaciones.
Desde la Asociación de Aseguradores de Chile hemos propuesto una alternativa concreta: homologar el SIS al modelo del seguro de accidentes del trabajo.
Que las pensiones de invalidez común se paguen con cargo al SIS solo hasta la edad legal de jubilación, al igual que ocurre con las pensiones por accidentes del trabajo, pagando también, en forma adicional, las cotizaciones del pensionado con cargo al seguro. Al llegar a la edad legal, la persona ingresaría al sistema de vejez con su fondo acumulado y con todas las cotizaciones pagadas, sin lagunas, que es uno de los problemas de nuestro mercado laboral.
Este rediseño permitiría no solo corregir incentivos perversos en el diseño del beneficio, sino liberar recursos, al reducir el costo del seguro, en directo y único beneficio de fortalecer el sistema, incrementando los fondos de las cuentas individuales, financiando mayor solidaridad o creando nuevos beneficios, como un Seguro de Dependencia para personas con necesidades funcionales severas.
En los próximos días, el Gobierno ingresará el proyecto de ley de reforma al SIS. Nuestro llamado es a encontrar el mecanismo idóneo que permita cumplir con los objetivos, manteniendo la sostenibilidad financiera y los beneficios para quienes realmente lo necesitan.
El caso de las licencias médicas no solo dejó en evidencia una falla de control, sino lo que ocurre cuando un grupo de personas desvirtúa un beneficio legítimo con fines personales.
Con el SIS estamos viendo algo similar: un sistema que fue creado para proteger, pero que está siendo utilizado —por algunos— de forma abusiva, generando un costo que terminan pagando todos los demás.
Es hora de investigar y sancionar a quienes se han aprovechado del sistema y corregir el diseño mediante el proyecto de ley que ingresará el Gobierno.
