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Alto contraste
Recientemente, la Comisión de Evaluación Ambiental de Biobío aprobó por unanimidad la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto de tierras raras en Penco. Sin embargo, algunas agrupaciones de la sociedad civil cuestionan el proyecto, como si la institucionalidad ambiental no hubiera dicho nada. Miremos los hechos.
El proyecto extraería elementos que son insumo indispensable para la transición energética, en motores de vehículos eléctricos, turbinas eólicas y equipos electrónicos de alta precisión. Hoy, China concentra más del 90% del procesamiento mundial de esos minerales, un riesgo importante de dependencia estratégica para gobiernos e industrias. La oportunidad irrepetible de Chile es convertirse en una de las pocas fuentes mundiales de tierras raras fuera de China, con un yacimiento superficial que -a diferencia de la minería tradicional de tierras raras- no requiere explosivos, chancado, molienda, ni relaves.
El proyecto se ubica en una región que arrastra hace años la contracción de su industria forestal y siderúrgica, con Huachipato como símbolo más doloroso. Biobío necesita diversificar su matriz productiva y esta clase de inversión genera empleo calificado, encadenamientos productivos locales y, eventualmente, una industria chilena de minerales críticos hasta ahora inexistente. La inversión implicaría US$ 130 millones y originaría aproximadamente 2.200 empleos directos e indirectos durante nueve años, con importante contratación local. Entonces, rechazar esta oportunidad sobre la base de aprensiones que la propia autoridad técnica ya evaluó y descartó tiene un costo real.
“El recurso hídrico en la minería chilena suele provocar preocupación ciudadana, desconfianza que debería desaparecer ante un diseño de ingeniería que la autoridad ambiental y organismos sectorales analizaron y aprobaron”.
La oposición al proyecto se basa principalmente sobre el uso del agua, riesgos de deslizamientos y filtraciones hacia napas subterráneas, y presencia de elementos radiactivos naturales en las arcillas; todo esto se evaluó y resolvió. El proyecto operará con agua 100% reciclada para el proceso extractivo. El manejo histórico del recurso hídrico en la minería chilena suele provocar preocupación ciudadana, desconfianza que debería desaparecer ante un diseño de ingeniería que la autoridad ambiental y los organismos sectoriales analizaron y aprobaron. Sobre riesgos geológicos y las filtraciones: Penco es una zona de alta pluviometría, pero la DGA, el Sernageomin y la Coeva examinaron esa variable antes de calificar favorablemente el proyecto, concluyendo que las medidas de mitigación son suficientes. Sobre la radiactividad natural, la CCHEN identificó la presencia de elementos de uranio y torio, algo común en yacimientos mundiales de tierras raras. Se incorporaron exigencias específicas de control de radiación y protección de los trabajadores como condición del respaldo al proyecto. Es exactamente el mecanismo que corresponde que es identificar el riesgo, exigir su mitigación técnica, y condicionar la aprobación a su cumplimiento.
El proceso de evaluación fue exigente y minucioso, duró más de dos años y en él se dio respuesta satisfactoria a doscientas observaciones técnicas de quince organismos públicos. No es, pues, un proyecto que “pasó sin control” o que es ambientalmente irresponsable. Es el ejemplo contrario, la institucionalidad ambiental funcionando como corresponde, con toda su exigencia.
Chile tiene pocas oportunidades como ésta de posicionarse en una cadena de suministro estratégica global. Dejarla pasar por argumentos que la evaluación técnica descartó es un costoso error.
