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Alto contrasteCrédito tributario al empleo
El crédito tributario al empleo propuesto por el gobierno en el plan de reconstrucción ha abierto un intenso debate sobre su costo fiscal y su capacidad para impactar en el empleo, en una discusión en la que se ha tendido a perder de vista su ubicación dentro del diseño general de la iniciativa. No se trata de una política aislada, sino que forma parte de un conjunto más amplio de medidas orientadas a reactivar el crecimiento y, a partir de ello el empleo, marco en el que debiera situarse la discusión legislativa, en un contexto en el que existe coincidencia en que en que el mercado laboral enfrenta debilidades persistentes, que requieren abordarse con urgencia.
De acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, la iniciativa busca otorgar un crédito mensual permanente, equivalente al 15% de las remuneraciones de trabajadores con sueldos entre UTM 12 y UTM 7,8, que beneficiaría a cerca de 270 mil contribuyentes. Se estima que 86% de ellos son PYME y que alcanzaría a más de 4 millones de trabajadores. El beneficio operaría, así, como una inyección de liquidez mensual. Por otro lado, su costo fiscal ha sido estimado en cerca de US$ 1.400 millones, uno de los más altos entre las medidas incluidas en el plan de reactivación, lo que ha centrado gran parte del debate. Diversos expertos han hecho hincapié, además, en un bajo retorno en términos de costo beneficio, ya que está enfocado en retener trabajadores, más que en crear empleo.
El debate se ha centrado en el costo, dejando en segundo plano su rol dentro de la estrategia de crecimiento.
Sin embargo, en un contexto en que el país acumula 38 meses consecutivos con tasas de desempleo sobre 8%, con cerca de 860 mil personas desocupadas, una informalidad que supera los 2,5 millones de personas y donde las Mipyme, un sector intensivo en mano de obra, registró una destrucción de cerca de 155 mil puestos de trabajo en 12 meses, en el último trimestre a febrero, la preservación de empleos formales no parece ser un objetivo menor. Aun así, la recuperación del empleo no puede provenir de un solo instrumento. Y en ese marco, el plan de reconstrucción descansa en una secuencia más amplia, que involucra una nueva arquitectura tributaria, incentivos a la inversión, reducción de la permisología y mayor certeza regulatoria para recomponer las condiciones que impulsen el crecimiento. Sin inversión no hay expansión sostenida de la actividad, sin crecimiento la creación de empleo tiende a estancarse y sin empleo formal, tampoco se consolidan mejoras en ingresos ni en recaudación. Desde esa perspectiva, el crédito tributario al empleo puede entenderse como una herramienta complementaria, orientada a sostener el empleo formal, mientras otras medidas buscan activar el ciclo económico.
No obstante, ello no exime al instrumento de exigencias. Si el beneficio se concentra en trabajadores ya contratados, su impacto marginal será acotado. Si alcanza a empresas sin riesgo efectivo de ajuste laboral, su costo fiscal será difícil de justificar. Y si se presenta como herramienta de formalización, deberá demostrar capacidad para modificar conductas reales. De ahí que la discusión legislativa deba enfocarse en aspectos como su focalización, gradualidad, mecanismos de evaluación y medición de resultados en términos de empleo retenido, formalizado o creado. Tal como dijo el ministro del Trabajo a DF, el Congreso es el espacio para discutir el instrumento óptimo, lo que no debiera ocurrir es que se transforme en una discusión polarizada que desplace el análisis técnico de su efectividad.
