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Alto contrasteEfectos regresivos de la agenda laboral
Durante el actual Gobierno, el Índice Real de Remuneraciones ha acumulado un alza de 6%, de acuerdo con las estadísticas de INE. ¿Es una buena noticia? Para los asalariados que permanecen en el mercado formal, sin duda, lo es. Sin embargo, la contrapartida en el mismo período ha sido un aumento de la tasa de desempleo desde 7,8% a 8,8%, junto con la constatación de que aún no se recupera la tasa de ocupación prepandemia.
Ante este escenario, el Gobierno ha argumentado que lo anterior sería consecuencia de una mayor proporción de jóvenes que están estudiando, sumado a trabajadores adultos que habrían optado por salir del mercado laboral al ser beneficiados por la Pensión Garantizada Universal (PGU). Sin embargo, el aumento en las matrículas de pregrado en los últimos dos años explicaría solo la mitad de la caída en la ocupación de jóvenes. Y respecto a los adultos mayores, el argumento oficial es cuestionable. Esto, porque aunque se observa una caída en la tasa de empleo en los mayores de 65 años, que podría deberse a la PGU, también baja la tasa de ocupación y aumenta el desempleo en el segmento entre 55 y 64 años, lo que no tiene relación con la PGU. La mayor desocupación e inactividad en este segmento etario apuntan a que, efectivamente, se ha dificultado el ingreso al mercado laboral para este grupo, que además tiene menor escolaridad.
Esto no es sorprendente si consideramos que el Índice de Costos Laborales ha aumentado 28% nominal durante la actual administración. Tal correlación no es abstracta, sino que se relaciona con la agenda de reformas laborales impulsada en los últimos cuatro años: aumento del salario mínimo, reducción de la jornada de trabajo, Ley Karin y el próximo aumento de la cotización previsional. Si bien estas iniciativas han beneficiado a un grupo de trabajadores, ello ha sido a costa de un mayor desempleo e inactividad en otros grupos, particularmente entre los de menor calificación y, por ende, más vulnerables. Difícilmente una política laboral con resultados regresivos puede considerarse exitosa, pese al voluntarismo con que el Presidente la defendió en su Cuenta Pública.
Ante este escenario, es preocupante la insistencia del Ejecutivo por avanzar en un proyecto de ley sobre negociación ramal, que en hechos provocaría daños directos a las empresas de menor tamaño -las principales empleadoras de los trabajadores menos calificados- que terminarían enfrentando a un cartel sindical que presionaría por condiciones laborales viables solamente para empresas grandes.
La agenda promovida por la CUT, a la que ha atendido el Gobierno, refleja una visión sindical centrada en trabajadores del sector público y grandes empresas, pero el mundo del trabajo en Chile es mucho más amplio y heterogéneo. Persistir en reformas que responden a ese enfoque, sin considerar sus efectos sobre los segmentos más vulnerables implica consolidar un sesgo regresivo en la política laboral. Una agenda verdaderamente inclusiva debería ampliar oportunidades de inserción, no restringirlas. Ignorar esa complejidad es condenar a amplios sectores a la marginación y a la informalidad.
