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Alto contrasteEl costo de la delincuencia
La delincuencia en Chile ya no es solo una amenaza para la integridad física o la convivencia social: es también una carga estructural sobre la economía, que le está costando al país una pérdida anual equivalente a 2,6% del Producto, de acuerdo con un reciente estudio de Clapes UC. Se trata de una barrera significativa para el progreso económico, que alcanza con fuerza a las familias, a las pequeñas empresas, al empleo, al bienestar ciudadano y a la inversión extranjera.
Entre 2016 y 2022, el alza en la tasa de homicidios se ha traducido en una pérdida económica anual superior a los US$ 8.200 millones, según el informe. La cifra supera el 2,1% del PIB registrado hasta 2022, equivalente a unos US$ 6.500 millones.
En ese escenario, la delincuencia podría representar en 2025 un costo de 9,83% del Presupuesto fiscal, lo que equivale a casi el doble del financiamiento destinado al Ministerio de Vivienda. Y aunque el país mantuvo la tasa de homicidios más baja de la región durante el período analizado, los datos también reflejan que el impacto económico del crimen es mayor en naciones con niveles moderados de violencia. Sobre la base de datos internacionales, esto se traduce en que el aumento de un homicidio por cada 100 mil habitantes en países como Chile reduce el PIB per cápita y total en 1,57% anual.
Los efectos de la delincuencia, una de las mayores preocupaciones ciudadanas, no solo imponen costos directos en prevención, atención de víctimas y persecución penal, sino que operan como un impuesto invisible que recae en decisiones empresariales y de inversión y castigan, particularmente, a quienes viven en las zonas más vulnerables, donde desaparecen servicios básicos como farmacias, bancos, supermercados o cajeros automáticos.
Desde 2015, Chile ha vivido un fuerte aumento en la delincuencia, marcado por la aparición de bandas criminales internacionales, como el Tren de Aragua. Esta ola delictiva ha disparado la sensación de inseguridad: la Encuesta Bicentenario de 2024 reveló que el 72% de los chilenos considera muy alta la violencia en el país, mientras que la ENUSC 2023 mostró que más del 87% percibe un aumento de la delincuencia en el último año.
En su última Cuenta Pública, el Presidente reconoció limitaciones en crecimiento, empleo y demandas sociales, pero las propuestas en seguridad carecieron de mecanismos operativos claros. La urgencia resulta ahora ineludible para la próxima administración: hacer del combate al crimen debe ser una prioridad política innegociable para evitar un deterioro irreversible de la cohesión social y el desarrollo económico.
