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Alto contrasteEl modelo que Chile debiera escalar
Mientras Chile atraviesa la mitad de su invierno con lluvias abundantes, varios países del hemisferio norte enfrentan los peores incendios forestales de su historia reciente. Es una sinopsis preocupante de lo que el país podría enfrentar en su propia temporada estival.
El clima está cambiando a un ritmo al que el mundo no ha logrado adaptarse. España acumula 152.678 hectáreas quemadas este año, seis veces las 24.133 arrasadas en el mismo período de 2025, según el Ministerio para la Transición Ecológica, con 32 grandes incendios frente a siete en 2025. Francia enfrenta su peor temporada desde que existen registros, con 116.085 hectáreas quemadas y entre 30 y 40 focos activos diarios.
Para Chile, esto no es una postal lejana. El Gran Incendio de Valparaíso de febrero de 2024 dejó 131 muertos y afectó cerca de 15.500 viviendas, la catástrofe más mortal en el país desde el terremoto de 2010. No fue un hecho aislado, en 2022 más de 500 casas fueron destruidas en Viña del Mar y en 2014 un incendio en Valparaíso dejó 15 muertos. Se calculó entonces un costo superior a los US$1.000 millones y un perjuicio fiscal cercano a los US$500 millones.
El país tiene la base para no repetir los errores del pasado, evitando pérdidas humanas, daños materiales y un costo fiscal que conoce de memoria.
El telón de fondo climático es preocupante. Pese a las últimas lluvias, la zona central acumula más de una década de megasequía, con un déficit de precipitaciones de 25% a 30%. A esto se suma un fenómeno de El Niño que, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), tiene 99% de probabilidad de mantenerse activo hasta fin de año, con efectos que suelen manifestarse con un año de rezago, aunque el riesgo para el verano que se aproxima ya se considera elevado.
La evaluación institucional no es alentadora. Antes de 2024, solo 2% de las comunas contaba con un plan de emergencia aprobado por Senapred, y Viña del Mar no tenía el suyo cuando se produjo la catástrofe. La Contraloría estableció que Conaf no había probado sus sistemas de alerta antes de esa temporada, y que la reconstrucción posterior registró irregularidades por más de $1.800 millones, hoy bajo investigación de la Fiscalía.
Existe, sin embargo, un modelo de cooperación público-privada que muestra resultados. La Red de Prevención Comunitaria, nacida en Arauco en 2017 e integrada a la estrategia de Senapred, opera en 8 regiones, 94 comunas y casi 500 comunidades, con más de 6 mil vecinos. El 53% de las comunidades donde está presente no ha registrado incendios en su zona de influencia. En abril, Conaf y la Corporación Chilena de la Madera reforzaron esa coordinación en La Araucanía, comprometiéndose a replicar el Sistema de Comando de Incidentes junto a Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y Bomberos de cara a la temporada que se aproxima.
El límite de ese modelo es geográfico, hoy cubre las zonas donde operan las forestales que lo financian y no las comunas de mayor riesgo urbano, como Valparaíso y Viña del Mar. Escalarlo exige cofinanciamiento público explícito y una integración más formal con Senapred. España y Francia están mostrando, en tiempo real, el costo de no anticiparse a catástrofes que casi con seguridad volverán a golpear en los próximos veranos. Chile tiene la base para no repetir los errores del pasado, evitando pérdidas humanas, daños materiales y un costo fiscal que ya conoce de memoria.
