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Alto contrasteSeguridad: logros, tensiones y desafíos del discurso presidencial
En su Cuenta Pública 2025, el Presidente Gabriel Boric destacó la seguridad ciudadana como uno de los ejes centrales de su mensaje. En ese contexto, detalló avances legislativos, mejoras en dotación policial, inversiones en infraestructura y una supuesta reversión de la tendencia al alza en delitos violentos. Sin embargo, tratándose de una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, el tono del discurso transmitió por momentos una confianza que no se condice con el nivel de alarma que vive gran parte de la población.
Uno de los datos más llamativos fue la afirmación de que “se logró romper la curva de homicidios”. Al observar los datos, la frase es correcta: según el Informe de Homicidios de la Subsecretaría de Prevención del Delito —elaborado junto a la Fiscalía y otras instituciones—, Chile alcanzó un peak histórico de homicidios en 2022, con 1.330 casos. En 2023 se registraron 1.249 homicidios, y en 2024, 1.207. Se trata de una baja del 22,8% en dos años. No obstante, ese peak se produjo durante el primer año de la actual administración, lo que pone en perspectiva los avances: si bien ha habido una mejora, también hubo un deterioro inicial significativo.
Por otra parte, el Presidente destacó la aprobación de más de sesenta leyes en materia de seguridad, lo que representa un esfuerzo legislativo importante. Sin embargo, una parte significativa de esos proyectos fueron presentados durante el Gobierno anterior y en su momento enfrentaron oposición precisamente de los partidos que integran la actual administración. Entre ellos, normas sobre crimen organizado, fortalecimiento de policías o persecución patrimonial. Este cambio de postura no invalida las leyes aprobadas, pero sí tensiona el relato de continuidad y compromiso sostenido con la agenda de seguridad.
El discurso puso, asimismo, énfasis en el marco normativo como eje del progreso, pero el principal desafío podría no estar en la cantidad de leyes, sino en su implementación efectiva. Varias herramientas legales existentes siguen mostrando niveles bajos de ejecución, coordinación institucional o impacto práctico. Esto sugiere que, además de aprobar nuevas normas, se requiere una capacidad operativa más robusta y sostenida en el tiempo.
Aunque el Gobierno ha tomado medidas relevantes en seguridad y ha obtenido ciertos avances, arrastra una herencia reciente de inconsistencias políticas y enfrenta a una ciudadanía que percibe un deterioro importante en la seguridad pública de los últimos años y que exige resultados más palpables. El tono triunfalista del mensaje y la insistencia en logros que, por verificables que sean, palidecen ante la gravedad del fenómeno, pueden interpretarse más como una defensa, que como una respuesta proporcional al drama que las cifras representan para la población. Es de esperar que la consolidación de una política de Estado en esta materia dependa a futuro menos del relato y más de su continuidad práctica.
