VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contrasteUna estrategia nacional para la desalación
Tras ocho años de tramitación, fue aprobada la ley sobre uso de agua de mar para desalación, despejando con ello la incertidumbre regulatoria sobre una industria con proyectos de inversión que superan los US$ 24 mil millones. Aunque Chile cuenta con más de 150 años de experiencia en destilación de agua de mar y arrastra la sequía más prolongada de su historia, hasta ahora no disponía de un marco legal que regulara el estatus y el uso del agua de mar, en un escenario en que el cambio climático hace de la escasez hídrica uno de los mayores riesgos globales.
La nueva normativa establece un marco jurídico específico para el desarrollo de la desalinización, a través de concesiones marítimas, servidumbres para la conducción de agua y exigencias ambientales que hasta ahora carecían de sistematicidad. Asimismo, introduce la obligación de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para plantas industriales y habilita al Ministerio del Medio Ambiente para normar emisiones de salmueras. Y ello se suma una Estrategia Nacional de Desalinización que, bajo la coordinación del MOP, se espera sea un eje central para articular la planificación hídrica, territorial y ambiental. Chile enfrenta desde hace más de una década un deterioro progresivo de su disponibilidad hídrica, por lo que al despejarse la incertidumbre regulatoria se abre la posibilidad de que proyectos intensivos en capital puedan pasar de la fase de diseño a la de ejecución. En la actualidad, están en fase de desarrollo o construcción más de 50 iniciativas de desalación y reutilización de aguas residuales, con una inversión total que bordea los US$ 24.500 millones, de acuerdo con un catastro de la CBC y Acades. Se trata de proyectos que se concentran en los sectores minero, industrial y sanitario.
Tras la promulgación de la ley, es clave que la implementación regulatoria no inhiba la inversión que se busca promover.
La implementación de la ley abre, sin embargo, una etapa exigente. Requiere la dictación de reglamentos, coordinación efectiva entre ministerios y el fortalecimiento de las capacidades de fiscalización. Y el diseño institucional enfrenta además un riesgo conocido: la acumulación de exigencias regulatorias puede traducirse en plazos que inhiban la inversión. Hoy, el desarrollo de una planta desaladora puede tomar cerca de 139 meses en completar su tramitación, por lo que la implementación efectiva de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales será determinante para reducir esos tiempos y otorgar certeza operativa.
Por otro lado, junto con la ejecución de la normativa surge el desafío de extender el uso de agua de mar hacia el consumo humano, la agricultura y otras actividades para las que se requiere resolver brechas de infraestructura, en particular en transporte y distribución. La experiencia internacional muestra que la viabilidad de estos sistemas depende de redes integradas que permitan economías de escala y reduzcan costos, condición aún incipiente en el país. La promulgación de la ley es un primer paso para la construcción de una política hídrica, que impulse una nueva oferta, donde la capacidad de ejecución regulatoria y de articulación público-privada será determinante para que la desalación transite desde proyectos aislados hacia una solución de escala nacional.
