A fines de agosto, el 2° Juzgado de Letras de Osorno declaró nula la división corporativa que el Instituto Profesional (IP) Los Lagos realizó en junio de 2020 y a través de la cual quedó sin patrimonio para el pago de deudas a sus acreedores, cuyo monto hoy se estima en más de $ 2.400 millones.
En el fallo, el tribunal ordenó restituir a la entidad, que originalmentre dependía de la Universidad de Los Lagos, dos inmuebles ubicados en la ciudad de Osorno, único patrimonio de la institución, avaluados en más de $ 1.600 millones y que en 2020, luego de una Junta Extraordinaria de Accionistas, fueron transferidos mediante una venta, a una nueva sociedad: Capacitación, Asesorías y Servicios Universidad de Los Lagos S.A.
Sin embargo, el 10 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió un recurso de la defensa, llevando la sentencia a una segunda instancia de evaluación.
El fallo de primera instancia
Para el liquidador concursal, José Ramón Aboitiz, el traspaso de activos “fue un contrato simulado, que realmente no fue una venta, se transfirieron (...) las dos casonas que tenía el instituto, sin pagar nada, a una sociedad creada en ese minuto”.
En noviembre de 2020, cinco meses después del traspaso, la nueva sociedad dueña de los inmuebles vendió las acciones del IP y del Centro de Formación Técnica (CFT) Los Lagos por $ 130 millones a la Corporación Kiñe Fuxa Ruka Kimün, vinculada al Caso Convenios.
En el fallo de primera instancia, la operación había sido calificada por el juez de Osorno, Guillermo Olate, como un “abuso del derecho”. Según consta en el acta de la audiencia, “la división debe tener una lógica empresarial válida. Si el único propósito de la operación es aislar las deudas en una sociedad vacía de activos para que los acreedores no puedan cobrar, se está ante un abuso del derecho o al menos los hechos se posicionan en una turbiedad de la coincidencia entre lo declarado y lo realmente pretendido con los actos divisorios”.
En el mismo documento, el Tribunal de Osorno estimó que “asignar todos los pasivos a una sociedad sin activos que los respalden, constituye una infracción directa a este principio, lo que evidencia una intención deliberada de dejar a esa sociedad insolvente”.
IP Los Lagos dejó de funcionar como institución de educación superior en 2023 y ese mismo año la Superintendencia de Educación solicitó al Ministerio de Educación revocar su reconocimiento oficial debido a irregularidades detectadas en su operación, un importante déficit económico, morosidades cuantiosas y falta de proyecciones financieras.
Sueldos impagos
De acuerdo a los registros del liquidador, la deuda supera a la fecha los $ 2.400 millones, con acreedores como la Tesorería General de la República que registra poco más de 33% ($ 832 millones), además de los 135 trabajadores, entre docentes y administrativos que quedaron sin empleo, sin sueldos y con cotizaciones previsionales impagas.
El plan del liquidador contemplaba subastar las dos casonas para realizar pagos preferentes. “En las liquidaciones concursales hay un tema que está súper normado (...) el principal acreedor son los finiquitos laborales (...) y sueldos impagos”.
Paralelamente al proceso que conduce Aboitiz, los trabajadores afectados presentaron una demanda laboral que aún está en trámite. La acción judicial es patrocinada por el abogado Braulio Sanhueza, quien detalló que a través de ella, se busca establecer “entre otras materias, la existencia de un único empleador y la responsabilidad solidaria” de cuatro entidades: Capacitación, Asesorías y Servicios Universidad Los Lagos S.A., Universidad de Los Lagos, IP Los Lagos S.A. y CFT (Centro de Formación Técnica) Los Lagos Ltda.
La acción colectiva persigue el pago de unos $ 500 millones en remuneraciones “sin perjuicio de las cotizaciones previsionales y de salud cuyo pago también debe determinarse respecto de cada trabajador y de las demás prestaciones que correspondan en las causas acumuladas”, comentó Sanhueza.
Para esta causa, cuya siguiente audiencia está fijada para noviembre, la definición del Tribunal de Osorno “es importante porque coincide con uno de los ejes de la demanda laboral: determinar si la reorganización societaria y los cambios de controlador tuvieron como efecto separar activos de las obligaciones laborales y si, pese a las formas societarias, existió continuidad y dirección laboral común.”
En ese contexto, Sanhueza explicó que “si los bienes vuelven a la esfera patrimonial desde la cual pueden responder frente a los acreedores, aumenta materialmente la posibilidad de satisfacción de créditos. Pero la responsabilidad solidaria de las demandadas en nuestro juicio debe ser declarada por el juez laboral”.
Caso Convenios
Otra de las aristas de la causa está vinculada al Caso Convenios, pues la Corporación Kiñe Fuxa Ruka Kimün, que finalmente adquiere el IP Los Lagos, habría invertido parte de los $ 1.200 millones transferidos por el Gobierno Regional de Los Lagos a fines diferentes de lo establecido, que era ayudar a pequeños y medianos agricultores de la región a regularizar los títulos de propiedad de sus terrenos.
Los movimientos son parte de la investigación que la justicia lleva a cabo y que mantiene al presidente y representante legal de Kimün, Jaime Hunicahue, como imputado por el desvío de fondos fiscales, y llevó a Diego Ancalao a cumplir un año y seis meses de prisión preventiva por delitos de lavado de activos, estafas y apropiación indebida de fondos provenientes de órganos del Estado.
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