El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) fue uno de los protagonistas en la discusión económica de esta semana. El organismo entregó un nuevo informe de evaluación de la situación fiscal, analizando las proyecciones que entregó el Ejecutivo en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del segundo trimestre, hace algo más de un mes.
El diagnóstico de la entidad no ha cambiado: persisten riesgos importantes para el cumplimiento de la meta de déficit estructural tanto este año como los siguientes; existen presiones de gasto hacia adelante que dificultarán dicho objetivo; Hacienda tiene que explicitar aún más la segunda etapa de su plan de recorte de gasto; y que los ingresos adicionales por el histórico precio del cobre tienen que tratarse como transitorios y, por tanto, no dar espacio a mayor gasto público.
En esta entrevista, la presidenta del CFA, Paula Benavides, profundiza en las alertas que levantaron.
- ¿Este nuevo informe levanta nuevas alertas o, más bien, refuerza el tono de estrés fiscales que ustedes han advertido?
- El informe, en primer lugar, realiza una valoración de los esfuerzos de consolidación que está realizando el Ejecutivo dado el contexto de estrés fiscal sobre el que hemos venido alertando.
En segundo lugar, releva determinados riesgos fiscales respecto de los ingresos y los ajustes de gasto que deben monitorearse con atención y abordarlos con mirada precautoria, ya que los riesgos en materia fiscal son asimétricos.
Y en tercer lugar, destaca que tenemos que seguir realizando esfuerzos de consolidación fiscal porque aún no logramos un escenario de equilibrio. Esto, en opinión del Consejo, es apremiante, considerando las presiones de gasto que se esperan para el mediano y largo plazo considerando las dinámicas del envejecimiento de la población y los riesgos asociados al cambio climático, entre otros.
- ¿Son valorados, pero insuficientes esos esfuerzos del Ejecutivo?
- El gobierno anticipa un déficit estructural de 2,6% este año, que está en línea con el decreto de política fiscal. Hemos valorado ese esfuerzo de consolidación, pero hemos advertido que la segunda etapa del ajuste fiscal, que es necesaria para alcanzar esa meta, está presentada de manera agregada y su diseño estaría en desarrollo, lo que dificulta hacer un seguimiento.
Y también hemos destacado la importancia de contar con medidas que permitan abordar eventuales presiones de gasto que pueden surgir en el segundo semestre, porque nos parece muy importante que se resguarde el cumplimiento de la meta y la credibilidad de la regla fiscal.
- ¿De qué magnitud debiera ser el recorte de gasto o aumento de ingresos para que el Fisco cumpla su meta fiscal?
- Dipres proyecta un déficit estructural de 2,6% del PIB este año, frente al 2,8 del IFP del primer trimestre, lo que implica que se alcanzaría la meta anunciada en el decreto de política fiscal.
Pero esto supone que se ejecuten medidas de contención del gasto -que no se han detallado- por US$ 674 millones y que se verifique una mejora en los ingresos estructurales de US$ 211 millones.
Entonces, nuestro mensaje ha sido que esas medidas -que están pendientes de materializarse- se implementen y que, además, se absorban las eventuales presiones de gasto que pueden surgir para resguardar el cumplimiento de la meta.
- ¿No es un escenario cuesta arriba?
- No hemos planteado un juicio de valor respecto al cumplimiento de la meta. Valoramos las medidas que se están adoptando y hemos planteado los riesgos que vemos y las condiciones que se requieren para cumplirlas.
- ¿Pero no ve un riesgo de incumplimiento de la meta fiscal, como ha ocurrido en los tres años previos?
- En este informe hemos puesto énfasis en que hay algunos riesgos por el lado de los ingresos, particularmente ante la incertidumbre en el contexto internacional y la persistencia de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.
En la actividad económica también existen riesgos por el lado de los ingresos. Y por el lado de los gastos también está la posibilidad de implementar oportunamente los ajustes que se requieran. Y en este sentido, nuestro llamado es a que estos riesgos se monitoreen y se adopten las medidas necesarias.
- ¿Pero cree que es alto el riesgo de no cumplir la meta este año?
- Como Consejo, no hemos hecho una valoración específica de la probabilidad de cumplimiento, sino que hemos alertado los riesgos y condiciones para que esta sea cumplida.
- Uno percibe un tono distinto respecto a los incumplimientos de años previos.
- En años anteriores lo que habíamos visto eran escenarios donde se observaban desviaciones en las proyecciones de ingresos muy significativas. Recordemos, por ejemplo, que en el 2024 los ingresos terminaron siendo casi 6% menos que los proyectados. En el 2025, cerca de 8% menos, y tuvimos desvíos importantes de las metas e incumplimientos.
Hasta ahora lo que hemos visto es que existen algunos riesgos y que es necesario que se monitoreen para cumplir la meta.
Ley de reconstrucción y menor crecimiento
- En el informe advierten sobre el impacto de que no se cumplan las estimaciones de ingresos de la ley de reconstrucción. ¿Siente que esas alertas fueron consideradas en la tramitación del proyecto en el Congreso? Expusieron en ambas cámaras y fueron muy enfáticos sobre el tema.
- Primero, quisiera relevar que, junto con valorar el foco en crecimiento, el CFA en la tramitación legislativa recomendó que el proyecto en sí mismo avanzara hacia una neutralidad fiscal en el corto y mediano plazo, asegurando un calce entre los menores ingresos y medidas compensatorias dentro del proyecto de ley y con un enfoque prudencial frente a la incertidumbre.
Luego, en la tramitación, el Ejecutivo decidió limitar considerablemente la magnitud del crédito al empleo, lo que -en nuestra opinión- constituye un esfuerzo por avanzar hacia esa mayor neutralidad fiscal.
Dicho eso, hay algunos riesgos que identificamos, como un efecto deficitario que -aunque menor- aún persiste hasta 2031, y la incertidumbre en la temporalidad y magnitud de los impactos en el crecimiento de esa iniciativa y su traspaso a ingresos fiscales.
Y en este informe, planteamos la importancia de contar con un escenario fiscal actualizado que incluya los efectos estimados de este proyecto y que, a la vez, resguarde la consistencia metodológica entre las estimaciones de los informes financieros y aquellas del IFP.
Además, modelamos un escenario para la deuda con un supuesto de menor impacto sobre el crecimiento, utilizando un parámetro a partir de la heterogeneidad que existía en los parámetros de la Comisión Marfán. Esa elasticidad de la comisión Marfán de 0,65 la modelamos en 0,33. Y en ese escenario, la deuda aumentaría hasta alrededor de 70% del PIB en 2050 si es que no se ajustan los gastos.
- Suena como un escenario catastrófico.
- Por eso recomendamos un monitoreo continuo y que ante señales de menor recaudación se evalúen medidas complementarias. Ahora, esto es un escenario en que no se ajustan los gastos y existen menos ingreso por efecto del menor crecimiento.
- Ustedes también plantearon que hay diferencias metodológicas entre el informe financiero del proyecto de reconstrucción y el IFP. ¿A qué se refieren?
- El Informe de Finanzas Públicas tiene un escenario base y un escenario alternativo. Y ese escenario alternativo que analizamos como Consejo incorporaba los efectos del proyecto de reconstrucción. Y el Consejo analizó que no era posible identificar con claridad las diferencias de ingresos entre el escenario alternativo con proyecto de reconstrucción y el escenario base.
- ¿Eso en qué se traduce?
- Por ejemplo, para el 2030 los ingresos efectivos del escenario alternativo eran superiores a los del escenario base en US$ 1.600 millones, mientras que el informe financiero estimaba un impacto que era negativo. Entonces, Dipres explicó al Consejo que esta diferencia respondía a criterios metodológicos que no estaban explicitados, dado que el informe financiero utilizaba el parámetro de elasticidad de la Comisión Marfán, mientras que en el IFP se utilizaban modelos econométricos propios de la Dipres.
Como Consejo recomendamos que estas diferencias metodológicas se explicitaran para que las proyecciones pudiesen ser verificadas por terceros y, además, que se resguardara la consistencia entre el informe financiero y el IFP, y que este escenario alternativo fuese actualizado como información complementaria, incorporando además la información más reciente de la iniciativa.
Cerca del límite de la deuda
- El Consejo advierte que en las actuales circunstancias se alcanzaría y superaría el techo de la deuda de 45% del PIB en 2029. ¿Es algo inevitable?
- Superar el nivel prudente de deuda de 45% del PIB no es un hecho consumado. Dependerá de los ajustes que se vayan adoptando, pero si no se adoptan medidas adicionales, es altamente probable que ocurra y se supere ese umbral.
- ¿El peor inicio de año en materia económica no le pone una presión adicional a las metas fiscales?
- La caída de la actividad económica del primer semestre naturalmente tuvo impacto en los ingresos fiscales, por ejemplo, afectando los ingresos tributarios del resto de contribuyentes, que al primer semestre mostraron una caída real de 1,4% consistente con este menor desempeño de la actividad no minera.
En efecto, en el último IFP estos ingresos fueron revisados a la baja en cerca de US$ 500 millones. Además, en los últimos meses hemos visto expectativas de crecimiento económico que se han ido reduciendo bajo 1,5%. Esta cifra es menor que la que está proyectada por Hacienda en su último IFP (1,8%). Por lo tanto, son temas que hay que seguir monitoreando.
Y por otro lado, en el sector minero tuvimos caídas en la actividad, a pesar del alza histórica que ha tenido el precio del cobre, ya que la producción se ha reducido en los últimos años. Con todo, los ingresos fiscales de la minería van a ser más altos este año. Por ejemplo, la tributación de la gran minería privada creció el primer semestre 38% producto de estos elevados precios del cobre y también de la mayor recaudación por el royalty minero y ha sido la principal fuente de dinamismo de los ingresos. Por lo tanto, la evolución de la actividad económica en los próximos meses va a ser un factor importante de monitorear.
- El Consejo en su informe enfrió un poco el entusiasmo por los precios históricos del cobre.
- Más bien, hemos señalado que este aumento en los ingresos mineros puede tener un elevado componente, una parte, que sea transitorio y que esa parte no debiera traducirse en aumentos permanentes del gasto público. Y ahí nuestro llamado ha sido a mantener la senda de consolidación fiscal y evitar comprometer nuevos gastos permanentes en base a ingresos que pueden tener una persistencia que es incierta.
- ¿Hay un punto de inflexión en materia fiscal en junio, como dijo el ministro Quiroz?
- Las cifras de junio fueron positivas. Los ingresos crecieron más de 12% real, impulsados por la minería, y los gastos no crecieron, combinando un aumento de 2% en gasto corriente y una caída importante en el gasto de capital, de cerca de 13%. De esa forma, en el primer semestre los ingresos crecieron 5,5% real, cifra que es inferior al 6% que está proyectado para este año. Por lo tanto, para alcanzarlo vamos a requerir un crecimiento en la segunda mitad del año de 6,5%, que va a depender de la actividad económica, entre otras cosas.
Por otro lado, en el IFP del segundo trimestre los ingresos efectivos también se revisaron al alza, pero principalmente por cobre y litio, y esto fue en parte compensado por un mayor ajuste cíclico. De esta manera, el déficit efectivo proyectado se redujo de 2,4 a 2 puntos del PIB, mientras que el déficit estructural se redujo menos, de 2,8 a 2,6 puntos del PIB, principalmente por la segunda etapa del ajuste de gasto que aún debe materializarse.
Más que hablar de un punto de inflexión, vemos unas buenas cifras en junio. Valoramos los esfuerzos que se están realizando, pero hemos planteado que hay medidas que deberán concretarse y que todavía hay riesgos que tienen que monitorearse en el escenario macroeconómico.
El debate que abrió Hermann González
- El exconsejero Hermann González mostró públicamente sus diferencias con la manera en que el Consejo comunicó su conclusión respecto de las discrepancias en la proyección de deuda y déficit que denunció el gobierno entre los IFP de fines del 2025. ¿Le sorprendió?
- Efectivamente esa fue una situación inusual para el Consejo, ya que no se habían producido diferencias de opinión pública entre sus integrantes. Por lo mismo, quisiera partir por lo que es central: desde la creación del Consejo en el 2019, todos los informes del CFA han sido aprobados por la unanimidad de sus consejeros y este caso no fue la excepción.
Las observaciones que planteó el consejero en un acta son posteriores a esa aprobación unánime y se refirieron principalmente a una apreciación distinta sobre los énfasis en la difusión de sus contenidos, proceso que recién se iniciaba.
Asimismo, también se reflejó en esa acta la visión mayoritaria del Consejo, que dio cuenta de que la comunicación se había apegado a los contenidos del informe, así como a los procedimientos habituales de trabajo. Por lo tanto, lo esencial es que los informes del CFA han sido aprobados por unanimidad y ese es un gran activo del Consejo que debemos cuidar.
- Pero usted reconoce que es una situación inusual.
- Es natural que se quieran expresar visiones en las actas, que reflejan el trabajo interno con transparencia y que pueden surgir en un órgano colegiado. Las apreciaciones que se realizaron fueron sobre énfasis en la comunicación y ese intercambio de visiones es parte natural de un proceso deliberativo y contribuye -en definitiva- a fortalecer las decisiones de un órgano colegiado.
- ¿Deja alguna enseñanza lo ocurrido?
- Fue algo inusual, pero es algo que puede ocurrir en los organismos colegiados. Quizás lo que pone de relieve es la importancia de los procedimientos, que en el Consejo buscamos siempre cumplir y resguardar.
El exconsejero tiene una larga trayectoria en el Consejo y ha realizado aportes muy sustantivos a la institucionalidad desde un gran conocimiento que tiene, además de todas las materias fiscales, de lo cual todo el Consejo está muy agradecido. 
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