De las 780.000 solicitudes de retirada de direcciones de internet evaluadas durante un año por Google, el 58,7% de las mismas se han mantenido en los motores de búsqueda.
La Justicia europea falló a favor del llamado "derecho al olvido" el 13 de mayo de 2014, y desde el 29 de ese mismo mes, Google facilita al que quiera un formulario de petición de retirada de enlaces, cuya evaluación es considerada, caso por caso, para ver si se acoge a dicho supuesto legal, que exige requisitos muy concretos.
De las 780.000 solicitudes de retirada de direcciones de internet evaluadas durante este tiempo por Google, el 58,7% de las mismas se han mantenido finalmente en los motores de búsqueda, porque la tecnológica ha considerado que las reclamaciones no se acogían a los supuestos incluidos en la sentencia, mientras que el 41% restante sí ha sido borrado.
La sentencia afecta a los países europeos y España se encuentra en cuarta posición en la lista de Estados con más peticiones de borrado de URL gestionadas por Google durante este tiempo, con 65.544 solicitudes, de las que la tecnológica ha retirado el 36,5%, mientras que ha mantenido el resto.
Por delante están Francia, Alemania y Reino Unido; en el caso de la primera, de las alrededor de 145.000 direcciones de internet procesadas tras reclamarse su borrado de los motores de búsqueda de Google, el 52% ha sido rechazado para su eliminación y el resto ha tenido la aprobación de la tecnológica para ser retirado.
En Alemania, Google ha aceptado el 49% de las 142.500 reclamaciones tramitadas y el 51% se ha rechazado, y en Reino Unido ha sido borrado sólo el 37,6% de las alrededor de 105.000 solicitudes de borrado de enlaces gestionadas.
El quinto país en la lista tras España es Italia, con el 27,6% de URL tramitadas para su evaluación finalmente borradas de un total de casi 55.000 gestionadas.
Entre las solicitudes retiradas hay todo tipo de casos, por ejemplo la de un activista político que fue apuñalado en una protesta y pedía a Google la retirada del enlace a un artículo relacionado con el suceso o la de un profesor condenado por un delito menor hace más de diez años.
Entre las no borradas están las de un exclérigo que solicitó la retirada de dos enlaces a artículos sobre la investigación de acusaciones de abusos sexuales o la de un funcionario de alto rango que solicitó la retirada de artículos recientes sobre una condena penal de hace dos décadas.
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