Los cuerpos aparecieron colgados de un puente, cabeza abajo. Los dos hombres habían sido declarados desaparecidos un mes antes. Era el 14 de febrero de 2022. La imagen de los cuerpos inertes colgando de un puente peatonal en la ciudad de Durán, cerca de Guayaquil, principal puerto del país, nos despertó. Entendimos que Ecuador había dejado de ser el que era. Que al día siguiente la cabeza de un hombre apareciera en la entrada del puerto sólo nos confirmó esta idea.
Sí, en Ecuador, o al menos en sus dos principales ciudades, Quito y Guayaquil, siempre hubo delincuencia. “Pero no así”. En los 80s y 90s, cuando nuestros países vecinos eran sacudidos por las bombas y matanzas de Sendero Luminoso en Perú y las FARC y ELN en Colombia, en Ecuador nos gustaba jactarnos de ser “una isla de paz”. Nos asaltaban, pero no nos mataban; y no había terrorismo.
“Estamos encerrados, ya no por la pandemia, sino porque no se puede ir a ningún lado. No sabes quién está a tu lado y si es que hay alguno que quiera matarlo. Porque aquí los sicarios no sólo matan al objetivo, sino que van y matan a todos los que estén presentes. Entonces, mejor no salir”.
Así me explicaba mi madre por qué ya no se reunían con amigos y habían vuelto a vivir en casi-cuarentena desde mediados de 2022. No miente. El mes pasado, cuatro niños de entre seis meses y siete años fueron asesinados en un acto de sicariato contra sus padres, quienes resultaron heridos.
Ecuador está ahora en guerra. Pero, a la distancia, no puedo dejar de pensar que la semilla estuvo siempre ahí. En la pobreza, la marginalidad, en generaciones de jóvenes sin educación y sin futuro.
Creciendo en Guayaquil, a mí me asaltaron en buses, a mano armada y con cuchillo. Ya adulta, me asaltaron a punta de pistola en la puerta de mi casa en Quito, después de haberme seguido desde el aeropuerto y en complicidad con el taxista. Y desde mucho antes de salir del país, ya había dejado de tomar taxis por temor a los “secuestros exprés”.
“Me llamas cuando llegues” es una frase que tengo grabada a fuego, y que decíamos a voz alta para que el conductor del teletaxi (precursor del Uber) supiera que alguien esperaba a esa persona dentro de un espacio de tiempo determinado.
No tomar taxis en la calle era sólo una de las medidas que se tomaban, además de ir siempre alerta, no usar joyas, y no ir a ciertos barrios, abandonados al poder de las pandillas desde hace años.
Pero las pandillas crecieron. La llegada de criminales más “profesionales”, prácticas importadas desde los grupos armados colombianos y venezolanos, y el dinero del narcotráfico trajeron también armas más poderosas, más violencia y una sangrienta pelea por el poder.
Las alertas estuvieron ahí desde mucho antes. Las primeras bombas explotaron el 7 de enero de 2018. Pero las ignoramos. Unas 28 personas fueron heridas en el ataque a un cuartel de policía. Capturaron los titulares por unos días y luego seguimos con nuestras vidas.
Después de todo, el ataque había sido en San Lorenzo, en Esmeraldas. Una provincia en la frontera con Colombia, donde “todos sabíamos” que había drogas, bandas criminales y, tráfico de miembros y disidentes de las FARC.
Quienes viven en Ecuador o quienes tienen familiares viviendo en ese país estaban distraídos con una nueva crisis política y un inminente referéndum constitucional.
“Es el primer atentado terrorista en el país”, declaró el entonces presidente Lenin Moreno. Pero estaba en campaña por un nuevo referéndum y en medio de una crisis política por acusaciones de corrupción de su vicepresidente, Jorge Glas.
Tampoco entendimos la gravedad del atentado, ni del secuestro y asesinato de un equipo de periodista de diario El Comercio ocurrido en marzo 2018. El grupo detrás del secuestro, una agrupación disidente de las FARC, demandó que no se metan a “su territorio”.
No lo oímos. La gente en las calles de Ecuador no podía oír. Estaba ocupada esquivando las motos que comenzaron a popular las calzadas con asaltantes, pagando las extorsiones o “vacunas” que criminales comenzaron a exigir a negocios grandes y chicos bajo amenaza de muerte o quemarlo todo. Eso, y los actos de sicariato que comenzaban a multiplicarse.
Ya no se estaba tratando sólo de los “ladrones buena gente” conocidos por todos en el barrio de turno; o incluso el dealer local de droga, como el que vivía al frente de la casa de unos familiares en un suburbio de Guayaquil. Todos sabían cuál era su negocio, y lo que se repartía en las fiestas que hacían cada viernes, siempre con la venia de policías que pasaban cobrando su “tajada”.
Para cuando se produjeron las matanzas en las cárceles ya era muy tarde. La muerte de José Luis Zambrano, alias “Carrasquiña”, en diciembre 2020 desató una lucha por el poder entre los diferentes grupos que funcionaban hasta entonces bajo el mando del líder de “Los Choneros”.
Zambrano o “JL” trabajaba con el Cartel de Sinaloa. Su muerte abrió el camino para que al menos cuatro bandas, con el auspicio del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, intentaran disputar el control de rutas y puertos de salida de la droga.
Guayaquil ya no sólo es el principal puerto del Ecuador, también es el principal punto de salida de la cocaína que se producen en Colombia y Perú hacia Estados Unidos y Europa. Camuflados al interior de latas de atún, cajas de cartón o hasta dentro de bananas, los envíos se han multiplicado al mismo ritmo que los asesinatos en esta ciudad.
En 2017, Ecuador incautó unas 80 toneladas de cocaína. Entre 2021 y 2023, la cifra ha alcanzado a un ritmo de 200 toneladas por año. Reciente incautaciones en Europa valorizan cada tonelada entre US$ 100 millones y US$ 230 millones. Es un negocio multimillonario. Más aún si se considera que las incautaciones alcanzarían sólo un porcentaje menor de la droga que alcanza a llegar a destino.
Esa es la fuente de financiamiento y de disputa que abarca al menos 12 de las 24 provincias ecuatorianas y que muestra su peor cara en Guayaquil, y en Esmeraldas, cerca de la frontera con Colombia.
“Los grupos internos de Ecuador, que durante mucho tiempo habían servido principalmente como operadores logísticos para traficantes extranjeros como los carteles colombianos y mexicanos, han venido desempeñando en los últimos años un papel cada vez más importante en las operaciones internacionales con cocaína, lo que habría intensificado la lucha entre los grupos criminales”, se lee en el Reporte Global de Cocaína 2023 de las Naciones Unidas.
Los enfrentamientos tomaron forma de motines en las cárceles de Guayaquil, Cuenca y Latacunga controladas por los jefes de diferentes grupos. Durante 2021, los ataques en las penitenciarías dejaron más de 400 muertos.
21 por día
“Ahí que se maten entre ellos” se escuchaba entonces. Pero la guerra se expandió fuera de los penales.
“Ecuador es el país con el deterioro más rápido que se haya visto en materia de seguridad”, afirma Chris Darby, quien siguió por años el crecimiento del crimen organizado como editor de InsightCrime y ahora como director World of Crime. La tasa de homicidios se ha disparado de 8 por 100.000 habitantes a fines de 2017 a 25,32 en 2022, y 45 por 100.000 en 2023 (en Chile fue de 6,2 por 100.000). En Guayaquil es incluso más alta: casi 68 por 100.000 habitantes. “La Perla del Pacífico”, como se conocía a esta ciudad, ahora es una de las más peligrosas del mundo.
¿Cómo se vive en un país donde ocurren 21 homicidios diarios en promedio, casi uno por hora?
“Perdone, Miss, me voy a tener que desconectar porque acaban de matar a alguien fuera de mi casa”. María Luisa González, hace una pausa en su clase de Derecho a estudiantes universitarios, y sólo asiente con la cabeza en silencio. Antes, la televisión le había mostrado a jóvenes en motocicleta incendiando autos y locales comerciales a diestra y siniestra en Guayaquil y otras ciudades.
“Ya no sabes si te puedes asustar más… Crees que lo has visto todo, y luego te pasan cosas como esta, como que alguien te diga que acaban de matar a alguien ahí, mientras tú dabas una clase”, me escribe González, a quien conocí en el colegio.
Las clases son nuevamente virtuales. Guayaquil está bajo encierro. Es miércoles 10 de enero, primer día oficial del “conflicto armado interno”.
Así bautizó el gobierno de Daniel Noboa a la guerra que ha declarado contra 22 grupos armados identificados, y que ahora son acusados de cometer actos terroristas. El Decreto 111, ordenando la militarización del país y el uso de la fuerza letal contra los criminales, llegó después de 24 horas de horror.
La fuga de los líderes de las dos bandas más reconocidas: Los Choneros y Los Lobos; secuestro de guías penitenciarios, ataques y amenazas con bombas, y el ataque de un grupo armado a un canal de televisión en plena transmisión en vivo.
Si el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto 2023 y había sacudido a los ecuatorianos en lo más profundo de sus entrañas. Lo vivido el 10 de enero fue como sal en una herida abierta desde entonces.
Ver adolescentes disparando en televisión en vivo genera no sólo temor, también desesperanza. No es secreto que los grupos armados están reclutando a los más jóvenes. La legislación ecuatoriana ofrece penas blandas a los menores de edad y libertad a partir de los 18 años.
Ya en septiembre 2022, el diario británico The Telegraph siguió los pasos de la mafia albanesa que controla el narcotráfico en Londres hasta un suburbio de Guayaquil. Ahí, todas las tardes, una escuela de sicarios forma niños a partir de los 10 años, con la promesa de llevarse a los más “talentosos” a trabajar a Europa.
Fue un adolescente, Christian D., de 16 años, quien habría matado al fiscal Édgar Escobar en Guayaquil. Una de las primeras víctimas del poder judicial en esta guerra reciente. Otro adolescente fue quien disparó contra el candidato Villavicencio. Johan Castillo López, alias Ito, de 18 años, viajó desde Cali para cumplir con el “hit” contra el político, seguramente contratado por una banda molesta por la promesa de Villavicencio de desarticular a los grupos armados.
Como un cáncer
El periodista, a quien llegué a conocer durante mi corta carrera laboral en Ecuador, murió antes de disputar la presidencia. Pero su asesinato motivó para que los ecuatorianos votaran a favor de Daniel Noboa, o más bien, contra la candidata de Rafael Correa.
Fue durante la década del gobierno de Correa, que en Ecuador se reemplazaron a casi la totalidad de los jueces, se abrieron las fronteras sin controles, y se relajaron las penas contra el narcotráfico. Además de una corrupción rampante.
“Las instituciones que pueden luchar contra el crimen organizado en Ecuador no están en un estado que permite esta lucha. La policía está corrompida, no tiene personal ni recursos. Tiene un equipo muy viejo…Cada vez que hay un motín, un asesinato dentro de las cárceles se anuncia que se van a reformas, pero aún pasa. Sin cuatro, cinco cárceles. Es difícil controlarlas, pero no es imposible. Ahí vemos que la corrupción que apoya el crimen organizado está muy anclada en el país”, afirma Dalby.
Tiene razón. En diciembre, la fiscal general Diana Salazar ordenó el arresto de 31 personas, en la mayor redada anticorrupción que se haya realizado vinculada a los grupos armados. La muerte de Leandro Norero, conocido como “El Patrón”, en octubre del año pasado, en una cárcel en Latacunga, permitió acceso a su teléfono móvil y con ello a los mensajes que daban cuenta de la amplia red de “empleados” que incluía a jueces, abogados, policías, militares, políticos y hasta un renombrado periodista (que defiende su contacto como el narco como fuente).
El caso se bautizó como “Metástasis” y se destapó en diciembre pasado, poco antes de que Fabio Colón Pico “El Salvaje”, líder de Los Lobos, y José Macías Villamar “Fito”, líder de Los Choneros, las dos principales bandas rivales, se escaparan de los penales donde estaban recluidos.
No hay certeza ni de cuánto ni cómo salieron de los penales. Pero desde su desaparición, que siguió a la promesa de “mano dura” del Gobierno y la investigación del Caso Metástasis, Ecuador, especialmente Guayaquil, Esmeraldas y Quito se han visto sumidas en el terror.
“La ciudad está desolada. Todo cerrado. No se escuchan amenazas de bombas o cosas como la de TC Televisión. Lo que se mantiene hoy es la delincuencia común, asesinatos en las esquinas, robos y asaltos. Claro… común para nosotros que hemos levantado nuestro límite aceptable de actos violentos”, reflexiona Andrea Rodríguez, quien trabaja en el sistema financiero en Guayaquil.
Dos frases clave
Desde que explotó la guerra en Ecuador, he escuchado al menos a tres políticos chilenos asegurar que la situación en el país no es para nada parecida. Es cierto que Chile está más lejos de los centros de producción de la coca, y también es cierto que sus instituciones son más fuertes.
Pero no puede dejar de pensar en dos frases. La primera la escuché en 2006, cuando trabajaba en un reportaje acompañando a agentes de la Policía de Investigaciones en La Legua, en Santiago. Hablando con pobladores uno me reconoció: “Aquí ellos (la Policía no manda), no pueden entrar, lo tienen prohibido”.
“Esto ya lo he escuchado antes. En Guayaquil”, contaba a mis entonces nuevos amigos en Chile.
CIPER identificó en 2021 un aumento acelerado de las “zonas ocupadas”, controladas por el narco en la Región Metropolitana, de 80 en 2009 a 174.
La segunda frase es: “Me mataron a mi hijo que tenía una carrera internacional”. Puede que la memoria me falle. Pero es la frase que Rosario Osses dijo en televisión, después de que su segundo hijo, Sergio Guzmán Osses, fue asesinado en ajuste de cuentas entre bandas rivales de La Legua Emergencia, en 2010. Su hermano fue asesinado meses antes. La carrera de Sergio era la de “lanza internacional” con operaciones en España.
Esa frase para mí resume uno de los mayores peligros y que es reconocido ahora como uno de los problemas más graves tras la crisis en Ecuador: la aceptación social de la criminalidad. Niños y jóvenes que crecen en un entorno en que el tráfico y consumo de droga son la norma y la violencia la profesión que ofrece acceso a dinero y respeto entre sus pares.
La división política nos llevó en Ecuador a ignorar estas frases. A no darle la gravedad suficiente a los primeros cuerpos que aparecieron acribillados o decapitados. Nos ha costado el asesinato a un candidato presidencial, miles de muertos y un atentado en un canal de televisión en vivo el darnos cuenta de que no es “sólo percepción” el aumento de la criminalidad, que no debe normalizarse el sicariato o la extorsión como algo que controlan unos pocos. Algún día esos pocos se pelean por el poder, y las balas nos alcanzan a todos.
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