-¿Se arrepiente de haber hecho negocios con la Municipalidad de Santiago?
-No me voy a referir a si me arrepiento, pero esto me ha traído costos personales y familiares, pues se ha puesto en duda nuestro comportamiento comercial, que siempre ha sido de buena fe. Sí voy a decir que esta operación y otros negocios que han pasado con entidades estatales, lo que terminan por generar es mucha desconfianza en hacer cualquier operación con el Estado. Hoy día los privados no quieren negocios con el Estado, porque cuando se involucra la política se entrampa todo, y una operación completamente regular como esta termina envuelta en una guerra política.
Felipe Sánchez Pérez está en su oficina, en el centro estético que tiene su familia en Las Condes, viste un suéter negro. Mientras entrega su versión sobre el conflicto entre la Municipalidad de Santiago y la entidad que le pertenece, Clínica Sierra Bella, reflexiona: “Esto habla de inexperiencia de parte de ellos”.
El caso Sierra Bella fue destapado en febrero por DF MAS cuando se conoció que el concejo municipal aprobó pagar $ 8.200 millones por un inmueble médico propiedad de la Sociedad San Valentino, propiedad de Sánchez, y que había comprado hace un año en $ 2.080 millones a la Sociedad Médica y Maternidad Sierra Bella, un grupo de médicos que estaba en quiebra y que tenían a su abogado demandado por estafa.
“Comprar barato y vender bien no es delito, y menos en este caso que tiene una justificación”, dice en esta, su primera entrevista desde que explotó el caso.
Decidió hablar porque la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, aseguró que no seguiría con la compra, luego de que la Contraloría cuestionara la forma en que llegaron al precio a pagar el 13 de abril.
“Esta es la primera vez que hago una transacción con el Estado, y tuve una pésima experiencia. Yo me dedico al negocio clínico e inmobiliario, vengo de una familia que nos hemos dedicado a la compra y venta de propiedades, más de 50 transacciones. Ingresé en 2014 al negocio de salud, cuando tomamos la representación de los primeros test de VIH rápido que llegaron a Chile. En 2018 abrimos un primer centro médico de cirugía plástica, donde operamos a 400 pacientes el primer año, en 2019 instalamos una clínica grande con hospitalización en Hernando de Magallanes que funciona hasta hoy”, cuenta.
Por ese negocio han sido acusados de negligencia y hasta han tenido sumarios sanitarios. Sánchez responde así: “Hemos hecho 6 mil cirugías. En el rubro médico, tener algunas denuncias por negligencias o complicaciones médicas, es algo muy natural. Todos las tienen, la Clínica Las Condes, la Alemana, todas. Las personas que quieren encontrar en esto teorías que invalidan a nuestra empresa, se equivocan. Esto sólo ratifica nuestra experiencia en la actividad, no fuimos un operador inmobiliario más que se hizo una pasada, como han dicho”.
También descarta haberle hecho un favor a la Municipalidad por ser alguien de izquierda. “No tengo militancia política, no tengo ninguna vinculación con el Partido Comunista. Todo lo contrario, mi familia no tiene militancia, vengo de una familia de ex uniformados”.
Y recalca lo que dirá durante esta hora de conversación. “Esto fue un muy buen negocio para la Municipalidad, eso es algo que ellos debieron haber defendido. Ellos son los responsables de no defender su operación”. Esta semana, además, anunciaron acciones legales para forzar el cumplimiento del contrato.
“Vendimos un activo de salud, no un inmueble como el que compramos”
-¿Cuándo y por qué deciden comprar el inmueble a la Sociedad Médica y Maternidad Sierra Bella al grupo de médicos que eran dueños?
-Nosotros nos acercamos a Sierra Bella, veníamos con platas de arrastre del negocio inmobiliario, y queríamos invertir en el negocio de salud. En septiembre-octubre de 2019 firmamos el primer memorándum de entendimiento. El precio que ellos estaban pidiendo era muy alto, porque estaban vendiendo una unidad económica, la clínica estaba funcionando, y ellos querían vender el inmueble más los derechos y patentes de operación como centro de salud. Nosotros no teníamos interés de estar en Santiago centro, yo defino comprar a un precio de oportunidad o mejor no comprar. Luego viene el estallido social, y después con la pandemia ellos paralizan la clínica, además estaban con un apuro económico importante porque habían sido estafados por su exabogado.
-¿Cuánto era el monto inicial que ellos pedían?
-Era alto, prefiero no dar un monto. Las clínicas de este tamaño valen 50% el edificio, y 50% del intangible.
-¿Y cómo llegan a pagar solo $ 2 mil millones?
-En 2020 no llegamos a ningún precio final. Ellos querían vender esto como un inmueble de salud, y yo no estaba dispuesto a tomar ningún riesgo y se congeló la negociación. Entremedio se empeoró la situación económica de ellos, tuvieron ventas fallidas con otros interesados y nosotros retomamos conversaciones en 2021. Y justo ahí empezó la discusión constitucional. Y cuando llegamos a precio, que era excepcionalmente bajo, se había aprobado el fin del lucro en la salud en la Comisión de Salud de la Convención. Al precio que llegamos era muy muy bajo, prácticamente rozamos la tasación fiscal que es de $ 1.980 millones y nosotros pagamos $ 2.000 millones.
-Pero entonces compraron el edificio como un inmueble cualquiera, no una clínica, ¿para qué?
-Nosotros soportamos un riesgo tremendo. Firmamos promesa en febrero de 2022, yo pago en abril, con plena discusión del tema salud en la Convención. Me quedaba con una clínica relativamente antigua que no puedes convertir en nada más porque es un bien específico, habiendo una discusión del fin a la salud privada y además en Santiago centro. Me quedaba con un terreno.
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-¿Hubo intención de perjudicar a los ex dueños de la Clínica aprovechándose del momento financiero de ellos y la discusión constitucional para poner ese precio?
-No, jamás, en ningún caso. Esa negociación duró desde 2019 a 2022, y hubo otros intentos de ellos de vender, que no prosperaron, una clínica es un bien difícil de vender. Nosotros hicimos una apuesta, porque ese edificio si se aprobaba como estaba en ese momento la Convención constitucional, no nos servía de nada.
-¿Cómo pagaron los $2.000 millones, quedó algo pendiente o vinculado al éxito de la reventa?
-En ningún caso. Ese dinero fue pagado al contado el día 22 de abril de 2022. No hay créditos pendientes de pago. Lo que compramos por ese precio fue sólo un inmueble, un terreno. De hecho, hicimos escritura separada donde nos entregaron los derechos y todos los intangibles, las patentes, los permisos, resoluciones sanitarias, y eso lo hicimos porque si la Convención aprobaba el fin al lucro, perdía el objeto de clínica. Esa escritura no ha sido objeto de ningún tipo de análisis, por eso hubo otro precio, pero fue casi simbólico, muy bajo, porque era una expectativa. Nosotros a la Municipalidad le vendemos como un todo, el edificio más los derechos. Es distinto lo que se compró en $ 2.200 millones, que es una escritura de un terreno, a lo que se vendió en $ 8 mil millones, que es una clínica. Vendimos un activo de salud, no un inmueble como el que compramos.
“La alcaldesa tenía apuro para tener esto para sus vecinos”
-Luego se despejó el tema constitucional, ¿qué iban a hacer con el edificio Sierra Bella?
-Durante todo 2022 hicimos proyectos con arquitectos, constructores, entrevistamos posibles gerentes, porque despejado lo de la Constitución, nuestro objetivo era operar nosotros mismos esta clínica y enfocada en el sector Fonasa, era un proyecto bien ambicioso.
-Si era un proyecto tan armado y ambicioso, ¿por qué escuchan la oferta de la Municipalidad?
-Todo fue a través de una funcionaria de un Centro de Salud familiar (Cesfam) muy cercano y con dimensiones muy similares a Sierra Bella. Se le ha criticado a la alcaldesa que ella diga que compró una clínica, y es cierto que ella compró una clínica, pero la compró para la reposición de un Cesfam. Hoy día construir un Cesfam desde cero está sobre los $ 10 mil millones y ella iba a pagar menos, y en vez de demorarse cinco años, lo iba a poder hacer en seis meses. Cuando nos tocan la puerta los últimos días de septiembre y primeros días de octubre de 2022, nos piden un precio y nosotros no teníamos precio, porque habíamos comprado en una situación excepcional que había cambiado completamente, nuestro valor de compra no era un parámetro.
-Pero como un experimentado comprador y vendedor de propiedades, ¿no tenía un mínimo para sentarse a conversar?
-Siempre supe que esto costaba mucho más, y más en el nuevo escenario. El rechazo de la Constitución restableció el potencial del edificio y no era lo mismo que yo pagué en abril, cuando fue una apuesta gigante.
-Revelaron que en una reunión del 20 de diciembre la misma alcaldesa hizo cálculos para negociar el precio, ¿no les llamó la atención negociar con una autoridad política y no con una contraparte técnica o legal?
-La verdad es que no. Fuimos citados por ella, quien es ingeniera comercial y tiene la preparación para, como ella lo ha dicho, evaluar todos los elementos para ponderar esta compra. Tenía las tasaciones, sabía lo que le costaba construir desde cero, y ella tenía apuro para tener esto para sus vecinos, fue ella quien puso el precio en base a sus antecedentes. En el mundo privado uno calcula la devolución de la inversión con los años en que se pueda facturar, en el mundo público, hay un valor social y es cuantificable por la rapidez de las soluciones.
- El ex director jurídico negó en TV la existencia de la reunión de negociación.
- Él mintió directamente, porque dice que no recuerda. Esa fue la única reunión con ella presente donde se habló de precio y se negoció, porque yo fui el único autorizado para llevar a cabo una negociación.
¿Vale o no vale?
- La reunión para poner precio fue el 20 de diciembre, pero la alcaldesa el 5 de diciembre subió a sus redes sociales el anuncio de la posible compra de la clínica, ¿lo comunicó sin tener siquiera un precio?
- Nos pareció super irresponsable dado que en ese momento no había ninguna negociación. Ella llevó a concejales y a funcionarios, me imagino que tenía mucha convicción sobre el beneficio de la operación.
- ¿Pero eso presionó a aceptar el precio que establecieran?
- Fue un poco incómodo, sinceramente. Les hicimos ver que nos parecía apresurado cuando todavía las conversaciones eran preliminares. No es usual que eso pase, y eso demuestra las señales de la inexperiencia de ellos.
- Que las tres tasaciones que pidió la Municipalidad arrojaran precios tan similares, ¿es usual?
-Lo desconozco, no soy tasador. Pero no podemos hacernos cargo de tasadores que son de ellos, pagados por ellos. Hicimos una valoración propia y dio un valor mayor, cercano a los $ 8.700 millones. Nosotros incluso ahora en marzo, por la polémica, pedimos a académicos de una unidad de la Universidad de Concepción que nos hiciera un estudio sobre la valorización y que pusiera un precio mínimo al activo. Y arribaron a un precio mínimo 10% más alto de lo que vendimos.
-Pablo Casanueva fue quien firmó el contrato en representación de ustedes y la Municipalidad, ¿quien es él y qué rol cumple?
-Yo soy abogado, tengo distintos otros abogados y nunca ni yo ni nadie de mi familia habíamos hecho un negocio con el Estado. Cuando se acerca la Municipalidad, que tiene procesos propios muy particulares, a Pablo que es mi cuñado, y mi amigo, le pido su colaboración.
-Pero él trabaja como abogado en la Municipalidad de Huechuraba, ¿eso no le hizo ruido?
-Al revés, más que ruido, él ha trabajado siempre en municipalidades, y sabe de eso. Tiene un contrato que le permite hacer actividades fuera de su horario, todo lo hizo pidiéndose vacaciones, y con su jefatura informada. Él no negoció precios ni condiciones, sólo hizo cuestiones operativas legales, como revisar y firmar la escritura.
-¿Por qué no hicieron una promesa de compraventa y pasaron directo al contrato?
-Eso no es normal, de hecho le sugerimos a la Municipalidad hacer una promesa de compraventa, y ellos declinaron, no lo encontraron necesario. Tenían apuro en que la operación se firmara y avanzáramos rápido.
-Pero ese apuro, a usted como vendedor, lo podía dejar en una posición vulnerable o cuestionable...
-No. Tal como el contralor consignó en su dictamen, el proceso pasó por todas las etapas regulares, lo vieron seis departamentos diferentes de la Municipalidad, lo aprobaron comisiones, el Consejo con votos de la derecha incluso. Fuera de la rapidez de la operación, Contraloría no tiene ningún reproche del proceso.
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-La alcaldesa dijo que por el dictamen de Contraloría iban a dejar sin efecto el contrato, ¿cómo leyó usted el dictamen?
-El dictamen no tiene esa lectura. Lo que le dice a la alcaldesa es que sus tasaciones están mal fundadas, no están bien construidas, por lo tanto, no encuentra una justificación con esos elementos para el precio de compra. La alcaldesa debería haber escuchado a Teodosio Cayo, presidente de la Asociación de Tasadores, y haber pedido nuevas valoraciones. Y en el párrafo de más abajo dice que ‘independiente de los reproches a las valoraciones, este es sólo un elemento que un ente edilicio debe tener para una decisión como esta’. En ningún momento el contralor calificó el valor, lo que hace es señalar que las tasaciones eran incompletas. El contralor no le dice que no compre, le da plazos para que subsane. Es ella la que decide no continuar con un contrato firmado.
-Cuando se hizo público el caso, la alcaldesa defendió la compra, ¿usted se coordinó con ella para defender el proyecto?
-Casi no hubo comunicación. Desde que se hizo la compra, tuvimos un par de comunicaciones para la rectificación y correcciones a la escritura que el conservador había reparado. Ahí llega el dictamen de Contraloría que frena el proceso.
-Ustedes también cambiaron de actitud, pasaron de buscar una salida amistosa para cerrar el contrato, a anunciar un cumplimiento forzoso del contrato...
-Antes del dictamen enviamos varios correos a la Municipalidad, le pedimos una reunión por ley de lobby a la alcaldesa, pero no nos respondieron. Desde nuestro punto de vista, cuando se genera la polémica, lo correcto es citar a tus tasadores para que complementen, pedir otras valoraciones. Había que hacerse cargo de esa polémica sobre el valor, pero nunca más nos contestaron. Ellos no se comunicaron en todo este tiempo, y recién el 17 de abril la jefa de gabinete pide una reunión y nuestros abogados decidieron que era poco pertinente dado lo judicializado del caso y que nos enteramos por la prensa de que la alcaldesa había decidido incumplir el contrato.
-¿Hay una solución en esto, algún punto intermedio entre ustedes y la Municipalidad?
-Aquí hay una discusión súper semántica. Ella dice que no va a prosperar ni seguir con la compra. La compra fue el 20 de enero de 2023, no se puede desligar de eso, la clínica es de la Municipalidad. Falta una solemnidad, que es la inscripción en el Conservador, pero el acto de la compraventa ya fue celebrado.
-Pero si insisten en esto, y ustedes hacen forzoso el cumplimiento, eso puede tardar años, ¿está dispuesto a ese desgaste financiero del activo?
-Es parte de las acciones judiciales que estamos evaluando. Lo que la Municipalidad está sugiriendo hacer es incumplir un contrato, y eso tiene costos. No sólo el costo de la operación, sino que otros perjuicios, gastos y pérdidas, que tendrá que asumir quién decide incumplir un contrato. Nosotros hemos hecho todo para cumplir con nuestro contrato.
-¿Incumple la Municipalidad o la alcaldesa con patrimonio propio, contra quién van las acciones?
-Ella está actuando en representación de la Municipalidad. Si eso significa una responsabilidad personal, ese asunto no es nuestro, ella en el negocio que nos vincula actúa como la alcaldesa de Santiago.
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