Y al fin llegó el momento. En las próximas semanas, sí o sí en enero, el Comité de Ministros revisará el proyecto minero portuario Dominga, de la familia Délano Méndez, que involucra US$ 2.500 millones de inversión, se emplaza en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo, y tiene diez años de azarosa tramitación ambiental, aunque la historia de este yacimiento cuprífero- ferroso sea aún más antigua.
De hecho, ya fue rechazado una vez por el Comité de Ministros, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, pero esta decisión fue posteriormente anulada por el Tribunal Ambiental, lo que fue ratificado en la Corte Suprema.
Ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental en 2013 por el geólogo y descubridor Iván Garrido, el proyecto para levantar Minera Dominga es sinónimo de polémica. Para empezar, porque entre sus accionistas estuvo, en su momento, la familia Piñera Morel, que vendió en 2010 a los Délano Méndez. Desde entonces el representante de la empresa es Pedro Ducci, casado con Verónica Délano Méndez e hija de Carlos Alberto “Choclo” Délano.
Pedro Ducci, su esposa Verónica y su yerno Carlos Délano Méndez son los más activos en Dominga, y están cruzando los dedos para que el proyecto pase esta difícil instancia política.
Como dice un conocedor del proceso, están “esperanzados pero cautelosos”, porque “nos va bien en los organismos técnicos, en la COEVA (Comisión de Evaluación Ambiental) de Coquimbo, en el SEA, en el Tribunal Ambiental, pero no en los políticos como el Comité de Ministros, que siempre terminan pasándose cuentas de otras cosas”, rememora un cercano al proceso.
Cómo vamos ahora
En lo formal, Minera Dominga tiene una Resolución de Calificación (RCA) favorable del 24 de agosto de 2021. Sin embargo, de cara a la definición del Comité de Ministros se solicitaron nuevos informes de distintas reparticiones públicas y algunas fueron muy críticas, como la Subsecretaría de Medio Ambiente, la Dirección General de Aguas, la CONAF y en menor medida el SAG.
El oficio enviado por el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, a la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, el 28 de diciembre de 2022, es uno de los más críticos para Dominga. Ahí se sostiene que “el titular no aporta antecedentes para evaluar los impactos contemplados en el literal b) del artículo 11, de la ley 19.300, en relación con las estimaciones de las emisiones atmosféricas que generaría el proyecto, ya que se identificaron deficiencias en la estimación de emisiones”.
Además, hace ver que la línea de base fue realizada “hace 10 años atrás”.
Un punto más crítico es lo relacionado a la fauna local. El oficio enviado por el subsecretario Maximiliano Proaño dice que “no incorpora de manera satisfactoria su área de influencia en torno a las rutas de navegación”. Añade que “esto afecta a el hábitat de especies como el pingüino de Humboldt; chungungo; pato yungo y cetáceos, al no ser considerados en el área de influencia actividades o comportamientos propios de estas especies. Por ello, no es posible descartar que el proyecto generaría impactos significativos en el ecosistema protegido por la reserva Nacional Pingüino de Hümbold”.
Por su parte, el Servicio Agrícola y Ganadero hizo ver “recién en la Adenda N°3 se amplió el área de influencia en donde se traslapan los proyectos Dominga y Puerto Cruz Grande (otra inversión que se hace en la zona). Para la nueva área de influencia definida en el titular no se evalúa el efecto sinérgico y acumulativo en el componente fauna marina para los impactos ruido y contaminación lumínica.
Este servicio indica que en caso de accidentes el titular, o sea Dominga, debe “hacerse cargo”, de rescatar los ejemplares y llevarlos a un centro especializado para que le apliquen un tratamiento para su recuperación, lo cual debe ser en el breve plazo, y debe considerar los costos de traslado y recuperación de los ejemplares afectados.
Para el caso de la fauna tanto terrestre como marina, se debe contar con un centro especializado en rehabilitar y rescatar los ejemplares afectados, situación que no existe en la IV región. “Por lo tanto, para abordar una masiva llegada de animales contaminados con hidrocarburos, la medida de ‘coordinación’ o ‘dar aviso a...’ no es suficiente para mitigar el impacto a la fauna afectada, y cualquier manipulación sin tener la habilidad y expertise no es recomendable”, estima el SAG.
Este servicio también hizo observaciones sobre la introducción de especies exóticas invasoras en la reserva Nacional Pingüino de Humbold. “El titular reconoce que el proyecto se localiza próximo a áreas protegidas susceptibles de ser afectadas, en el sentido de que existe el riesgo de afectación a los objetivos de protección de estas áreas con la introducción de estas especies exóticas invasoras”, por lo que pide un manejo adecuado de ellas.
Sin embargo, Dominga tiene aliados. El alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos, es uno de ellos. “Hicimos una consulta ciudadana en la comuna este año y más del 90% de la gente apoya el proyecto, que traerá empleo y desarrollo”, explica. La empresa se ha comprometido a un “Royalty social” de entre US$ 2 a US$ 4 millones anuales en proyectos sociales, es decir, de hasta US$ 100 millones en 25 años.
Futuro judicial
Sea cual fuere la decisión del Comité de Ministros, el futuro de Dominga tiene sabor judicial. Porque los dueños del proyecto posiblemente recurran al Tribunal Ambiental de Antofagasta si el resultado es adverso y hasta ahora esa instancia les ha dado la razón, incluso en una rocambolesca jugada cuando admitieron en octubre pasado a trámite un recurso para anular la RCA de la ONG Sphenisco, ligada a la excandidada a constituyente Nancy Duman Brito, y en noviembre echó pie atrás a esa decisión y declaró inadmisible el mismo recurso que antes había aceptado tramitar.
Lo cierto es que, para gran parte de los incumbentes, el sistema ambiental no da certezas. “Estamos frente a un sistema de evaluación ambiental y judicial que no ha sido capaz de entregar certezas ni a las comunidades que se verían afectadas por diversos proyectos ni a las empresas que se han tratado de instalar en esta zona.
El área marina protegida archipiélago Humboldt fue propuesta hace 14 años, con el apoyo de numerosos estudios científicos, y las comunidades que residen en la zona, por lo que los conflictos que se han dado desde entonces pudieron haber sido resueltos si se hubieran tomado decisiones claras y oportunas acordes con la importancia única de este territorio”, dice Liesbeth van der Meer, directora de Oceana.
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