El 2 de agosto de 2022, cuando a la casa de Nicolás Imschenetzky Ebensperger y de otros altos ejecutivos de la industria de casinos de juego llegaron efectivos del OS9 de Carabineros, fue Juan Francisco Muñoz, en ese entonces director ejecutivo de Marina del Sol -con quien la firma rompería meses después, con una querella y acciones laborales en la justicia-, quien llamó con urgencia a Javier Velozo, el abogado que estaba trabajando con la compañía de casinos en materias de libre competencia desde inicios de ese año.
Fogueado en estos temas,
Velozo -quien se desempeñó por años en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, TDLC, del que llegó a ser ministro titular-
instruyó de inmediato concurrir -vía web- a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), para asegurar tomar el primer ticket con miras a activar una delación compensada, con el llamado “indicador de postulación”, el primer trámite necesario. Lo consiguieron.
Luego vendría una investigación interna liderada por Velozo en Marina del Sol, que derivaría en la delación compensada presentada por la compañía, y en
la acusación por colusión que hizo la FNE el pasado jueves 3 de octubre en contra de tres casinos y cinco altos representantes de estas compañías, por coordinarse en los procesos de licitaciones de casinos de juego llevados a cabo durante 2020 y 2021, de modo de que cada quien fuera por sus propias plazas y no competir por más.
Como delatora, la firma -y también Imschenetzky Ebensperger- deberán participar del juicio y colaborar con la FNE. De hecho él deberá designar su propio abogado, en un caso en que el empresario sabe que está en el ojo del huracán, cuestionado por sus pares, pero al mismo tiempo sereno de que, a su entender, dijo la verdad, dicen varios cercanos al empresario.
El sábado 5 de octubre participó de una distendida reunión con cercanos en torno a una malaya a las brasas, y este lunes en la tarde participó de una reunión del consejo de Valmar, la sociedad que integra los varios negocios de esta familia de origen ruso, manteniendo todas sus actividades profesionales normales, si bien ya dejó las posiciones directivas en el grupo de casinos. Además, se apresta a conmemorar este mes los 55 años de Valmar. Acostumbran celebrar cada aniversario en una obra en curso y con un asado con los trabajadores.
De Rusia a Chile… por azar
Los abuelos de Nicolás Imschenetzky Ebensperger, Wladimir Imschenetzky Gan y Katherina Popov, nacieron en Rusia y Ucrania, respectivamente, en la primera década de 1900.
Los estragos de la Segunda Guerra Mundial los llevaron a buscar nuevos horizontes y llegaron a Chile por azar. Wladimir llegó atrasado a tomar el tren, lo que resultó providencial pues ese convoy tuvo un accidente y murieron sus ocupantes. Luego, al llegar a un puerto alemán donde se iba a embarcar, preguntó por el boleto más próximo que se vendía a un país lejano. Ese era Chile.
Viajaron en 1945 ya con una hija nacida, María Imschenetzky Popov, familia que se agrandó en 1949 cuando nació Nicolás Imschenetzky Popov, el padre de Nicolás Imschenetzky Ebensperger.
Como Wladimir tenía estudios de topografía y geodesia, su camino fue la industria de la construcción, desempeñándose en varias plantas industriales que se construyeron en Chile entre 1960 y 1970 desde Ovalle hacia el sur de Chile, estableciéndose en Concepción a principios de los 70, por lo que los hijos del matrimonio estudiaron en la Universidad de Concepción.
María Imschenetzky Popov fue, de hecho, una reconocida bioquímica que se desempeñó como académica en la Facultad de Ciencias Biológicas, como especialista en Biología Molecular de la Universidad de Concepción, donde fue profesora emérita.
Y Nicolás Imschenetzky Popov se recibió de ingeniero civil mecánico y comenzó a trabajar con su padre en su constructora, que se llamaba igual que él, Wladimir Imschenetzky, hasta que en 1974 la empresa fue rebautizada como Valmar, en honor a los padres de Wladimir: Valentín y María.
Ingeniería y Construcción Valmar Ltda -cuyos socios eran el abuelo y el papá de Nicolás Imschenetzky Ebensperger, en partes iguales- fue el origen de la empresa familiar que existe hasta hoy, que en todos estos años ha construido más de 100 mil viviendas. Construyó para el Serviu y también exploró el desarrollo inmobiliario privado, con complejos como Lomas de San Andrés, Lomas de San Sebastián, Las Salinas, entre varios, en la región del Biobío. Y también ha participado en la construcción de conjuntos habitacionales para trabajadores de empresas de la zona, como la Siderúrgica Huachipato, Enacar y Lota Schwager, entre otras.
Nicolás Imschenetzky Ebensperger estudió ingeniería civil industrial en Concepción, carrera de la que se tituló en el 2000, para luego sumarse a los negocios con su padre, adicionando más proyectos, como Brisas del Sol, en Talcahuano. Ese trabajo lo ha combinado siempre con su gran pasión por los caballos. De hecho, Imschenetzky Ebensperger fue campeón nacional de equitación en segunda categoría dos veces, y luego en primera categoría en 2014, y ha representado a Chile en dos mundiales ecuestres y en dos juegos panamericanos.
Con tantos negocios inmobiliarios, en 2005 y con el debut de la ley que dio origen a los casinos que se conocieron como la “nueva industria” -distintos de los municipales que hasta entonces eran los únicos existentes-, el paso natural de Valmar fue postular a los casinos de juego, como una nueva área de negocios, lo que hoy es Marina del Sol (MDS).
Primero postularon sin socios y una vez que se adjudicaron la plaza de Talcahuano salieron a buscar partners. Los hallaron en el grupo canadiense Clairvest, con quienes llegaron a administrar los cuatro casinos que tienen hoy: Talcahuano -que abrió en 2008-, Calama, Chillán y Osorno.
Socios de salida
Es en la sociedad Inversiones Marina del Sol, la matriz del grupo Marina, donde cohabitan los dos socios: Clairvest Chile, con el 50%, e Inversiones Lomas de San Andrés, con el 46,2%, que es una sociedad controlada por Nicolás Imschenetzky Popov, o sea, el padre. Otro 3,8% está en manos de Inversiones Valmar.
Como delatora en la causa, la acusación de colusión que la FNE activó no fue una sorpresa para Marina del Sol. Pero sí lo fue el hecho de que el persecutor pidiera entre las sanciones el término a los permisos de operación de los casinos que obtuvieron las firmas denunciadas, solicitud que envuelve a todas las requeridas, incluidas por tanto tres plazas de MDS que el grupo se adjudicó en las licitaciones aludidas de 2020 y 2021 en las que, a ojos de la FNE, operó el acuerdo.
O sea, si bien la compañía e Imschenetzky Ebensperger y otros ejecutivos de esta firma estarán eximidos de las eventuales multas y de la persecución penal -si en el futuro el TDLC y la Corte Suprema dan por acreditados los ilícitos-, de todas formas sí arriesgan la eventual pérdida de aquellas tres plazas que renovaron, cuyos permisos vencen según el siguiente cronograma: Talcahuano, el 14 de noviembre de 2038; Osorno, el 14 de enero de 2039; y Calama, el 15 de mayo de 2039 (en Chillán obtuvo el permiso de operación en 2019, por 15 años, por lo que no entró en los procesos de renovación).
Y este escenario se da en el contexto en que justo Clairvest está de salida de la propiedad, luego de que las relaciones se resquebrajaran y se perdieran las confianzas entre socios, en medio de todos los últimos eventos, la indagatoria por colusión y la atribulada salida del hoy ex ejecutivo Francisco Muñoz. Los socios acordaron la compraventa dándose como fecha el 15 de noviembre próximo para cumplir las condiciones y el cierre del negocio, en medio de lo cual están suspendidos los juicios arbitrales que se levantaron de lado y lado.
La compraventa -asesorada por el estudio Cariola por Valmar y por el estudio Torys por Clairvest- ya está aprobada por la FNE, en curso de materialización, y si bien bajo reserva, de uno y otro lado le restan dramatismo al proceso e indican que están abordadas todas las contingencias en el deal con cláusulas de ajuste, personas ligadas a la compañía de casinos hacen ver que la potencial pérdida de los casinos es un ingrediente y que tendría un efecto en la valorización.
“Lo más probable es que haya un ajuste”, dicen entendidos, pues Valmar como comprador está asumiendo el riesgo, si bien va a controvertir el pedido de la FNE de terminarles sus permisos (ver recuadro). De la otra vereda, el caso apura el interés del grupo canadiense de salir de la compañía.
Emerge una mujer
Fue en medio de todo este escenario que Nicolás Imschenetzky Ebensperger hace ya un año que fue dejando los directorios de las sociedades que integran el grupo de casinos, manteniéndose aguas arriba en la compañía familiar, Valmar, la sociedad limitada donde opera una suerte de consejo ejecutivo en el que están también su padre Nicolás Imschenetzky Popov; Mario Rojas, un histórico abogado asesor del grupo, con fuerte actividad en Concepción; Ricardo Torres Aravena y Sergio Jara.
En Inversiones Marina del Sol -matriz del Grupo Marina-, Imschenetzky Ebensperger se mantuvo como director hasta mayo de 2023, pues en la última junta ordinaria de accionistas se eligió una nueva mesa que encabeza Paula Rojas Puga en la presidencia -hija del abogado Mario Rojas-, quien tras estudiar en la Universidad de Concepción y luego especializarse en la PUC y en Chicago, trabaja en el bufete con su padre.
El tercer integrante en la mesa de Inversiones Marina del Sol por estos socios es Ricardo Torres Aravena, mientras los otros tres están elegidos con votos de los canadienses: Michael Adam Wagman, Sebastien Dhonte y el abogado Michael Grasty. Eso, seguramente, hasta que Clairvest salga de la compañía.
La pelea por el término de los permisos
Al entender de la FNE el pedido de poner término a los permisos de operación de los casinos obtenidos por las firmas denunciadas en las cuestionadas licitaciones, es posible en virtud de la norma que permite al TDLC “modificar o poner términos a los actos, contratos, convenios, sistemas o acuerdos” que sean contrarios a la ley. En esta lógica, el permiso otorgado a un casino que se obtuvo por medio de la colusión es el “acto” que el persecutor pide que se deje sin efecto.
Pero desde la vereda de MDS y en una posición que también comparten los otros casinos acusados -el único punto en común que hoy tienen-, la FNE excedió las facultades existentes, porque entienden que esa atribución explícita no está en la ley que regula la libre competencia y que aquella norma no está diseñada para que el TDLC le ordene a un tercero -el Estado-, dejar sin efecto un permiso.
Las sanciones, bajo esta mirada, sólo se imponen al que realizó la conducta, y no se extienden medidas a otro actor. Al interior de MDS se da por hecho que van a combatir tal pedido de la FNE ante el TDLC, aunque también tienen como opción el Tribunal Constitucional (TC).
Abogados que conocen del tema libre competencia indican que, ante una adjudicación de permisos de operación mal habida -como la que se denuncia en este caso-, hay otras vías para resarcir al Estado, que sería el perjudicado si se ratifica el caso en una sentencia.
Una, es una acción de nulidad de derecho público en los tribunales civiles, en la que se pida la nulidad de los permisos, acción que podría activar el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y/o la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). Otra vía es que el mismo CDE pida una indemnización, cuando tras quedar a firme una sentencia, se discutan los perjuicios en el mismo tribunal.
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