Entre 3 mil y 3.500 trabajadores contratistas forestales han abandonado la provincia de Arauco y la Región de La Araucanía. Se van al norte, a la minería, y aunque los sueldos de un operador de maquinaría son similares, prefieren dejar los caminos verdes del sur por el desierto.
“Valoran más llegar vivos a sus casas después del trabajo”, dice René Muñoz, de la Asociación de Contratistas Forestales. “Y ante eso, a pesar de que se han subido los sueldos, no tenemos cómo competir”, recalca.
Esta semana ha sido oscura para el mundo forestal y el conflicto entre el Estado, las empresas y un grupo de comunidades mapuche en el sur del país. El viernes, en su comunidad en Tirúa se realizó el funeral de Segundo Catril (66 años), “el cuarto trabajador forestal muerto este año”, dice Muñoz, quien falleció luego que un grupo de desconocidos atacaron el bus donde iba Catril junto a otros 30 trabajadores.
Catril era parte de un acuerdo con la filial Mininco de CMPC, la forestal de la familia Matte, para replantar con bosque nativo sectores aledaños al Lago Lleu Lleu, en la provincia de Arauco. Allí, en el fundo Choque, donde la empresa de Santo Reinao Millahual usa el predio de la forestal para replantarlo con nativos y mientras Catril y sus compañeros se dirigían a plantar árboles ancestrales para recuperar los suelos erosionados, falleció.
En el mismo bus y sentado junto a su padre, viajaba su hijo Héctor, quien el martes conversó con ejecutivos de CMPC y el delegado presidencial de La Araucanía, Raúl Allard.
El acuerdo con la papelera
Llegar a ese programa de reforestación costó años. El mismo presidente de la Papelera, Luis Felipe Gazitúa, y el gerente de asuntos públicos, Guillermo Turner, tuvieron que pasar varias horas de conversaciones con las comunidades aledañas al Lago -que además tiene un significado ritual para ellos- para poder llegar a un acuerdo: una parte de los predios comprados por la forestal iban a ser para tareas productivas, y el resto para actividades turísticas y de conservación manejados exclusivamente por comunidades mapuche.
Eso no habría gustado a ciertos grupos de comunidades mapuche, quienes ya hace varios meses amenazaron con hechos de violencia directamente a la empresa de Santo Reinao. “Carabineros sabía, la Fiscalía sabía, el Gobierno sabía que aquí iba a haber un atentado. Y no había ni un solo carabinero o militar resguardando los caminos”, cuenta una persona al tanto.
En Santiago, en la casa matriz de CMPC, la noticia del asesinato a Catril cayó como un balde de agua fría. Los ejecutivos y el directorio empezaron a pensar qué acciones tomar, se contactaron con sus contrapartes en la zona para monitorear todo y aunque no viajó Gazitúa, sí se desplegó un equipo de control de daños en la zona.
El miércoles Gazitúa lanzó un comunicado con duros términos. “Lo que vive la provincia de Arauco desde hace mucho tiempo es una tragedia, no es una pena. Segundo Catril y sus compañeros de trabajo circulaban por una ruta como las muchas que hay en Chile. Una vía pavimentada que uno supone tiene que estar bajo normas de seguridad”, dijo.
“El Estado de Chile desde hace mucho tiempo tiene una deuda gigantesca con la seguridad de los que vivimos en este país. El Estado tiene todas las herramientas para ejercer la seguridad. Esta es una tragedia más producto de la inacción o del actuar negligente del Estado”, agregó.
El mismo Gazitúa ha reiterado en otras ocasiones que ellos están dispuestos a sentarse a todas las mesas de trabajo y a vender terrenos si es necesario. Pero al mismo tiempo, ha pedido poner las cosas en perspectiva.
“Nosotros estamos dispuestos a hablar de todos los temas, incluidos los temas de tierra, pero esa no es la prioridad hoy día en Chile. La prioridad es la seguridad de las personas”, apuntó en su mensaje del miércoles.
Menos del 10%
En la última reunión con la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, donde participó Guillermo Turner y varios otros ejecutivos de forestales, la secretaria de Estado entregó una cifra decidora: de las 300 mil hectáreas que hay hoy en disputa entre privados y comunidades mapuche, 24 mil son forestales. Es decir, menos del 10% de las tierras en conflicto, ha recalcado la secretaria de Estado en entrevistas en las últimas semanas.
De hecho, las forestales y contratistas han aumentado por su cuenta las medidas de seguridad. Mientras las empresas han incrementado la cantidad de guardias privados y cámaras de vigilancia en sus faenas, los contratistas forestales han debido invertir millonarias sumas en comprar drones, cámaras de vigilancia e instalar GPS en todas sus maquinarias.
“El problema es que cuando uno denuncia, le dice al carabinero ‘mire, ahí va la camioneta que me acaban de robar’, no hacen nada”, denuncia René Muñoz, de la Asociación de Contratistas Forestales.
Las cifras, hasta el 25 de mayo para la Asociación van así: entre 2014 y 2022 han sufrido 1.307 ataques a maquinarias, pérdidas que se valorizan en $ 151.052 millones.
En el último tiempo, además, han visto aumentar el nivel de violencia. “Antes solo nos quemaban las maquinarías, lo que es recuperable. Pero ahora están atentando contra los trabajadores, muchos de ellos parte de las mismas comunidades mapuche”, explica Muñoz.
“Aquí la solución tiene que ir por dos vías, en paralelo y al mismo tiempo: una política de diálogo, mayor financiamiento de infraestructura para las comunidades, una comisión de verdad inclusive y entrega de tierras. Pero lo policial, el resguardo de la seguridad de toda la gente, no se puede dejar de lado, y ese monopolio lo tiene el Estado. Ninguna de las dos vías es más importante que la otra”.
Un ejecutivo forestal cuenta que todas las empresas de la zona han debido aumentar los sueldos, ofrecer apoyo psicológico a los trabajadores y sus familias para enfrentar la serie de atentados contra faenas. Pero así y todo, cada día cuesta más encontrar empleados.
Eso también ha repercutido en que muchos proyectos de agua potable, de electrificación y caminos rurales estén paralizados hoy por hoy. Quienes han estado en la zona cuentan que tratar de pasar de Arauco al sur, resulta en exceso peligroso, por lo que el tránsito ha disminuido notoriamente.
Pero además se ha producido un éxodo masivo no solo de trabajadores. Agricultores, empresarios, pymes, han emigrado del lugar. La gente en la zona sur del país tiene miedo de vivir en la zona sur del país.
Sebastián Salinas, CEO de Balloon Latam: “Hay una ausencia de Estado”
Sebastián Salinas, lleva años trabajando en la zona de Arauco y La Araucanía. A través de la consultora social Balloon Latam, ha podido conversar y trabajar en proyectos que unan voluntades con las comunidades, como pavimentaciones en alianza con el Ministerio de Obras Públicas.
Esta es su visión: “Uno ve una ausencia de Estado y eso provoca que otros tomen ese espacio. En Ercilla, en Tirúa, en Lumaco, Victoria, en todas partes, la gente quiere tener mejores condiciones de vida. Y hay que buscar las cosas que convocan: el agua, la conectividad, los caminos, la energía es algo que reúne a la comunidad. Ahí es donde hay que trabajar”, dice.
“Un proyecto de Agua Potable Rural (APR) nunca ha sido atacado, porque para tener un APR es la comunidad la que trabaja para tenerlo, es algo que sienten propio”.
Y agrega: “Muchas familias están divididas porque tienen integrantes que trabajan en forestales. El problema es que no hay más oportunidades en la zona: o eres trabajador forestal o trabajas en el municipio. No hay reales opciones, y eso es grave”.
Además, hay una trampa de la pobreza rural. “Mucha gente quiere emprender, tener su propio negocio. El problema es que si no tienen agua potable, no les dan el permiso sanitario y tributario, si no les dan ese permiso, no pueden abrir una cuenta corriente, contratar gente y formalizar sus actividades, entonces esa trampa es una y otra vez”.
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