Fue la inundación de un cementerio pehuenche en 2004 el origen del conflicto. Cuando la entonces española Endesa construía las mega centrales hidroeléctricas Ralco y Pangue –ahora propiedad de la italiana Enel– no identificó el sitio cuando llenaba la represa, y el mismo Estado de Chile le ordenó que debía hacer una restitución conversada con las tres mil personas que vivían en esa localidad de la Región del Biobío.
Cuando el italiano James Lee Stancampiano asumió en enero del año pasado como gerente general de Enel Generación, uno de los primeros viajes que organizó fue a la zona del Alto Bío Bío, donde entremedio de la cordillera y árboles milenarios se ubican las icónicas centrales.
Recién ahora, casi 18 años después, se están concretando las medidas de reparación: una escuela, un hito memorial y un nuevo cementerio.
“Son años de conversaciones para que cada comunidad se ponga de acuerdo entre ellas, y al interior de las mismas. No es llegar y tomar la decisión, todo se conversa, desde la ubicación, la forma, hasta el material que va a tener el memorial, por ejemplo”, explica el ejecutivo de origen italiano, que llegó en 2012 a Chile, primero a hacerse cargo de la división de energías renovables de Enel, para luego asumir en Generación.
Entre medio, la empresa ha concretado ayudas a la comunidad para desarrollo agrícola, turístico y de artesanos, así como transporte para los vecinos más afectados. Es en esa área donde inesperadamente surgió el conflicto que tuvo 64 días el acceso a la central Pangue bloqueado y donde Stancampiano fue clave en pedir por todos los medios que desalojaran, lo que finalmente ocurrió la madrugada de este martes cuando se sacó pacíficamente a cuatro manifestantes que estaban apostados en el lugar.
Fue el jefe de la planta quien recibió de Carabineros la central y Stancampiano monitoreó la situación desde su casa, en Santiago.
Falta rendiciones
La pelea partió el 24 de enero, cuando un grupo liderado por la presidenta de la comunidad Aukín WallMapu, María Curriao, bloqueó los acceso a la central, exigiendo que se cumplan los compromisos que había asumido la empresa con sus representados y mejorara los beneficios a la comunidad.
La versión de la firma es distinta. “María Curriao ha recibido fondos que el grupo Enel destina al desarrollo de sectores agrícolas, turísticos, entre otros, pero se necesitaba la rendición de gastos. Cuando se transfirieron cerca de $300 millones en 2017, varias comunidades se quejaron de haber recibido parcialmente los fondos, en torno a 10% o 15%. Y la misma comunidad había mandatado a María Curriao para que los recibiera porque era la presidenta de la agrupación. Esto se basa en una relación de confianza de largo plazo”, explica.
Entonces empezaron a indagar en 2018 y pidieron rendiciones. “Ella se negó a presentar esos documentos y fue invitada a la mesa de diálogo, pero nunca más participó; y parte de las comunidades la denunciaron penalmente en octubre de 2018 y constituyeron otra agrupación. Nosotros como Enel también demandamos civilmente a Curriao en octubre de 2021. Creemos que ella perdió visibilidad y representación sobre su comunidad, está casi aislada”, apunta Stancampiano.
Más seguridad en las centrales
El ejecutivo deja en claro varias veces que esto no es un problema con todos los vecinos: “El problema era con una persona, no con la comunidad”. De hecho, según recogió el medio local La Tribuna, fueron habitantes de otros sectores quienes pidieron desalojar la central.
“Nosotros explicamos y formamos a las comunidades en cómo se tienen que rendir los fondos; este es el único caso donde no tuvimos rendiciones. Como lección aprendida está evitar las transferencias de montos grandes y preferir montos más reducidos contra rendiciones”, apunta.
Stancampiano cuenta que él, personalmente, desde el primer día envió cartas al coordinador eléctrico y a la SEC, con copia al ministro de Energía del gobierno anterior, Juan Carlos Jobet, pero nunca tuvo un respaldo del Ejecutivo.
“No sabemos por qué no los desalojaron. Si en otros casos de tomas de centrales y activos estratégicos, se hacía de inmediato”, afirma.
Con el nuevo gobierno, en tanto, fueron declaraciones del nuevo ministro, Claudio Huepe –quien señaló que el sistema no corría peligro y que la central se maneja de forma remota–, lo que lo forzó a responder vía carta a El Mercurio el lunes 28 de marzo.
Allí, en firmes términos, le retrucó al secretario de Estado y le dijo que sí había problemas de orden público al no poder entrar a la central, cuyos accesos estaban tomados por un grupo de 10 personas. También le recordó que la misma SEC señaló que esto representaba un peligro para la estabilidad del sistema eléctrico.
“Yo también soy director de Acera y esta semana tuvimos un encuentro protocolar con el ministro, pero no era para hablar de este tema en particular. En los próximos días tenemos una reunión agendada para ver qué no funcionó bien en la información. El aterrizaje probablemente no ayudó; cuando uno llega recién, tiene un grupo de prioridades bien complejo, pero sí hubo una respuesta a nivel regional, donde se entendió la gravedad cuando escucharon la amenaza a la delegada presidencial (Daniela Dresdner)”, explica.
Y es que cuando desalojaron al grupo de la central, la misma Curriao dijo que no reconocía la autoridad de Dresdner, y amenazó a Enel: “Es el comienzo de una lucha como debe ser”.
“Esto la retrata perfectamente; nos encontramos de frente a una persona que utiliza la violencia, y no negociamos con quien lo haga”, dice Stancampiano, quien asegura que en Enel habían aceptado desde que asumió este gobierno sumarse al diálogo para destrabar el conflicto, lo que no habría sido aceptado por Curriao.
Hoy, cuenta, están implementando medidas de seguridad para proteger de una manera más firme todas las centrales del país, con nuevos circuitos de cámaras internos y externos, doble turno de seguridad y mantener los portones cerrados de las instalaciones.
También están preparando un reporte de lo que pasó dentro de la toma. “Hemos descubierto que ha habido robos”, adelanta. “Los detalles los vamos a entregar en un reporte para argumentar por qué el desalojo era tan urgente”, explica.
“Creemos que sí puede marcar un precedente esta toma en otros conflictos. Hemos visto mucha empatía por parte del sector, la preocupación no era solo nuestra”, añade.
“Más diálogo, paciencia y tiempo”
James Lee dice que no le gusta dar consejos, pero que sí puede contar lo que han hecho en medio de un proceso de diálogo con comunidades mapuche que ha iniciado el gobierno en zonas de conflicto en el sur.
Para las empresas, explica, “hay que tener un acercamiento temprano, en una fase de desarrollo y no solo en la construcción. La descarbonización, por ejemplo, debe tener una bajada en los territorios, hay que desarrollar mesas de diálogo a nivel regional y provincial, porque la mirada es distinta que desde Santiago. Sí hay que entender que en algún lugar deben crearse muchas nuevas centrales, eólicas y solares. Si no lo hacemos, vamos a seguir con los combustibles fósiles y con las áreas de sacrificio. Se tiene que consensuar un plan de desarrollo”, dice.
Y, por ejemplo, sobre el frustrado viaje de la ministra del Interior, Izkia Siches, a Temucuicui, Stancampiano plantea: “Hay varios conflictos en este momento en el mundo. Y el diálogo es la solución, tiene que ser la solución. Esto significa más paciencia, más tiempo. Y en algunos casos no se puede solo con el debate, así que hay que buscar el equilibrio sano entre un diálogo constante y el respeto al Estado de derecho”.
La violencia
El Grupo Enel en Chile tiene un portafolio para levantar 2.400 MW en proyectos solares, eólicos y una geotérmica en el período 2022-2024 por unos US$ 1.850 millones. Eso, a pesar de todos los cambios que se están dando en el país, sigue intacto, dice el ejecutivo.
“Estamos absolutamente comprometidos con ejecutar el plan. El gobierno actual, desde un punto de vista de posicionamiento estratégico sobre el sector eléctrico, está súper alineado con nuestra visión. Es un gobierno ecologista, que quiere empujar las energías renovables y acelerar la descarbonización”, explica, y agrega que ellos fueron de los primeros en cerrar centrales a carbón. Primero fue Bocamina I en Coronel, luego Tarapacá y ahora Bocamina II, que se clausura en mayo.
“El gobierno tiene que preocuparse del timing. Hay que flexibilizar el proceso administrativo de permisos, tener a más personas dedicadas a revisarlos y hacerlos más ágiles porque son proyectos urgentes, por la estrechez del sistema eléctrico”, apunta.
Como llegó hace 10 años a Chile, con un hijo de tres meses y una segunda que nació en el país, Stancampiano reflexiona sobre lo que está pasando actualmente: “He visto una mayor percepción de violencia, que preocupa a cualquier papá o responsable de empresas. Esperamos que con el proceso de la constituyente se vaya por un camino de mayor equidad y equilibrio entre todas las clases sociales”, afirma.
“Chile tiene muy poca deuda. Y como han hecho muchos otros países, podría tener una política más agresiva en las resoluciones de temas como la educación y la salud”, concluye.
La respuesta de María Curriao: “Vamos a seguir pidiendo un diálogo”
“A nadie se agredió”, dice de entrada María Curriao, la presidenta de la comunidad que lideró el conflicto contra Enel.
La dirigenta explica que “nunca estuvimos dentro de la central, menos haciendo desastres. Estábamos en el camino público, y los portones tenían libre acceso. Este desalojo fue porque nadie fue a ver, nunca amenazamos de muerte a nadie, nosotros hablamos con los guardias y les dijimos que íbamos a estar ahí afuera. Y así fue”.
Sobre los supuestos robos que acusa Enel, Curriao responde que es mentira. “Cuando se hizo el desalojo, habló el capitán a cargo del operativo al mediodía siguiente, y señaló que la empresa recibió conforme, que no faltaba nada y que estaba todo en perfectas condiciones”.
Sobre la acusación de no rendir gastos, la representante de este grupo de la comunidad lo explica así: “Efectivamente se llegó a un acuerdo por $24 millones por familia. Me dejaron como encargada de estos recursos, pero Enel tenía que contratar a un profesional que asesorara con lo que tenían que comprar las personas y me ayudara con la rendición de cuentas.
Eso no ocurrió. Los recursos se entregaron todos, yo no me quedé con ningún peso, pero a la fecha hay familias que no hicieron las rendiciones y hoy se hacen las víctimas de que no han recibido ningún peso. Yo sí hice entrega de las rendiciones de muchas personas y después no trabajé más en eso, porque no me estaban pagando. Mi contrato con la empresa fue por un año para hacer eso, pero después de que se venció el contrato no tenía por qué andar trabajando por amor al arte”, dice.
Hoy quieren una mesa de mediación liderada por el Ministerio de Energía porque, acusa, hay una serie de incumplimientos a la Resolución de Calificación Ambiental y a los acuerdos a los que se llegó en 2016 y 2017 con la empresa.
“La mesa estaba llevándose a cabo con el Consejo de Monumentos, Conadi, el Servicio de Evaluación Ambiental, nosotros y ellos. Después de la pandemia no se hizo más; a mí no me han invitado a una mesa de diálogo ahora. Le estamos pidiendo una reunión al gerente de Enel o al presidente de Enel Generación para que conozca nuestra versión. Vamos a continuar esta lucha, vamos a seguir pidiendo un diálogo. El diálogo no se le puede negar a nadie”, concluye.
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